Los ecologistas reclaman que Andalucía “haga bandera” de la “capilla sixtina del bosque mediterráneo”

Ceder la Almoraima a la Junta de Andalucía. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, se encontró el pasado miércoles con una rotunda negativa a su propuesta por parte de Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Lejos de cedérsela, el propio ministro le ofreció comprarla por 300 millones de euros, el precio público que ha establecido el Gobierno para la compra de una finca forestal que ocupa el 10% del Parque Natural, Los Alcornocales, la mayor reserva de alcornoques de Europa, y que se encuentra en manos de una sociedad anónima cuyas acciones pertenecen al Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Aunque Serrano manifestó tras la reunión que la Almoraima merece “una gestión pública y modélica de desarrollo sostenible”, el pronunciamiento de la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, no ha sido tan taxativo: “No vamos a consentir procesos especulativos como los de la finca La Almoraima, la playa de Valdevaqueros en Tarifa o Cabo de Gata, pero ni una cosa ni la otra; tampoco sostener discursos muy bonitos e ideológicos, pero insostenibles en la práctica”.

Las críticas de los ecologistas no se han hecho esperar. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, se muestra muy crítico con la postura adoptada por el Gobierno. “Hay que conservar la Almoraima como patrimonio de todos los ciudadanos, es un una fortuna para todos que la mejor zona de alcornoque de Europa sea patrimonio público. El Estado no podría soñar hoy con obtener algo así”, incide. La finca se expropió a Rumasa, propiedad del empresario José María Ruiz-Mateo, a principios de los años ochenta.

Del Olmo no escatima los elogios al valor ambiental de la Almoraima, a la que denomina “la Capilla Sixtina del bosque mediterráneo tiene categoría para ser parque nacional. Su estado de conservación es absolutamente único, es una finca sin fragmentar, donde los animales pueden moverse libremente, un lugar estratégico entre África y Europa, con endemismos vegetales y animales extraordinarios”.

Ni siquiera económicamente considera que sea una buena opción: “no nos parece que sea un buen negocio para los españoles vender un bosque mediterráneo con más de 14.000 hectáreas, en uno de los sitios más potentes a nivel económico. Lo mejor sería conservarlo y hacerlo rentable económicamente”.

Del Olmo compara este patrimonio natural con el artístico. “Es una pieza clave en la pinacoteca del patrimonio natural. Por muy mal que esté el país, yo no entendería, por ejemplo, que se vendieran Las Meninas o ·l Guernica. Ni la administración se lo plantearía ni la opinión pública lo permitiría. Es un error. En un contexto a medio o largo plazo, 300 millones no es nada”, asegura.

El secretario general de la organización ecologista ve “un gran peligro” que se venda la finca a manos privadas: “Se acabarían relajando las normas y terminaríamos teniendo un problema ambiental a las puertas del parque natural. No debería ser la vocación del Estado especular con un territorio de esta importancia”.

Del Olmo insiste en que “si queda en manos de la gestión privada, hay menos garantías que lo que se haga dentro esté más acorde con lo que la sociedad quiere. A priori no tiene que ser negativo, pero lo normal es que se pierda el control público y el objetivo de conservación y uso social de la finca”.

El responsable máximo de WWF en España asegura que “la gestión de la finca podría ser mucho, mucho mejor que hasta ahora” y emplaza al Gobierno andaluz a “hacer bandera de la conservación de la Almoraima”.

“Aquí no valen medias tintas”

Es más, el ecologista se muestra crítico con las posturas indecisas que hasta ahora está manteniendo el gobierno andaluz. “Aquí no valen medias tintas, a la Almoraima le corresponde una negociación de alto nivel entre la presidencia del gobierno y de la Junta. No es una cuestión de poner dinero sobre la mesa, sino de tomarlo como un objeto de negociación al más alto nivel, como otros asuntos estratégicos. Si la Junta no quiere que se venda la Almoraima, tiene que reivindicarla, negociarla y evitar su venta. Estoy seguro de que se puede encontrar un punto de equilibrio”, incide.

Antonio Muñoz, miembro de Verdemar-Ecologistas en Acción, también se muestra contrario a la venta de la finca: “el Estado debería cederle la gestión a la Junta de Andalucía, porque esto es patrimonio andaluz”. En caso contrario, cree que “los andaluces deberían moverse para comprar la finca. No veo utópico comprarla entre todos y no sería la primera vez que ocurre a nivel europeo. Si nos tenemos que buscar la vida, lo vamos a hacer”.

En cualquier caso, critica tanto la actitud del Gobierno autonómico como local. “El alcalde de Castellar y la Junta de Andalucía deberían comprometerse a gestionar la finca. La Junta no ha dado un paso adelante, porque en el PSOE están divididos. Tampoco estoy de acuerdo en cederle la gestión durante 70 años a una empresa, como ha negociado el alcalde con Cañete. Nos va a costar más siendo privada que pública”, sostiene Muñoz.

Juan Casanova (IU), alcalde del gaditano municipio de Castellar de la Frontera, ocupado en un 80% por la finca de la Almoraima, cree que “no hay que venderla de momento. Lo que hay que hacer es mejorar la gestión pública que se estaba haciendo hasta hora. Era penosa, se ha dejado morir sin importar el déficit acumulado ni buscar alternativas como la transformación del corcho, los productos agrícolas o las energías renovables. Se debe apostar por lo público y diversificar la actividad económica”.

Casanova cree que se trata de una “maniobra especulativa como las que se están llevando en Grecia” y asegura que desde su consistorio se le están poniendo “todas las trabas que podemos al Plan Especial de Ordenación de Uso. El que lo compre ha de saber que sólo va a poder desarrollar lo que dice la ley. El precio va a ser menor que si estuviera aprobado un Plan Especial con campos golf, aeródromo y hotel de lujo”, concluye.

“Tener una finca no es lógico”, asegura la gerente

Por su parte, Isabel Ugalde, gerente de la finca Almoraima S.A. y exparlamentaria del Partido Popular, asegura compartir “el criterio adoptado por el Gobierno. La cesión gratuita ha quedado desechada y no veo que la comunidad autónoma lo pueda comprar”.

Según Ugalde, “tener una finca no es lógico, no es una prioridad del Estado. La Almoraima ha estado en pérdidas y ahora está en fase de corrección. Gobernar es establecer prioridades y el Estado tiene otras como mantener los estándares de salud y educación o pagar la deuda pública”.

La gerente afirma que “la función de un estado moderno es realizar las funciones que el sector privado no puede realizar porque no es rentable. Aquí hay un plan de inversiones, que iría muy bien y al que yo sólo le veo beneficios”, asegura, en referencia al Plan Especial de Ordenación de Uso redactado por su empresa y que incluye un hotel de cinco estrellas, dos campos de golf y un aeródromo.