El Estado evita el recurso al TC admitiendo las peticiones de Andalucía en la Ley de Parques Nacionales
La Justicia no tendrá que decidir esta vez la oposición, que persiste, de la Junta de Andalucía a la Ley de Parques Nacionales ya que no interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Según ha informado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, el Estado aceptó en la noche del jueves las consideraciones andaluzas respecto a 23 preceptos de la nueva norma que la Administracón había puesto en cuestión. Un documento suscrito por las dos partes evita la judicialización del asunto ya que se han atendido y aceptado las cuestiones planteadas por la Junta, según se desprende de la información aportada por el consejero.
El encuentro bilateral y el consecuente acuerdo “satisface las exigencias y corrige la agresión a las competencias” del Gobierno andaluz que incluye la nueva ley. Fiscal, a quien le sigue pareciendo “negativa” la norma gubernamental, se ha mostrado satsfecho porque, además, se trata de “un paso muy importante no solo para Andalucía sino para el resto de comunidades autónomas”. “Lo acordado será de obligado cumplimiento no solo en relación con los parques nacionales de Andalucía sino con todos los de la red nacional”, ha dicho. El documento no modifica la ley pero “hace una interpretación correcta de los preceptos que agredían a las comunidades autónomas en general”, ha explicado Fiscal.
A juicio de Fiscal, “la ley vigente aprobada en 2007 era suficiente para una correcta gestión de los parques nacionales --en Andalucía Doñana y Sierra Nevada-- y creemos que la actual ley viene a empeorar esta gestión”. El consejero ha recordado que el pasado martes el Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería la interposición del recurso. “La firma de este documento cuenta con la máxima seriedad y garantía jurídica”, ha comentado tras evitarse el recurso finalmente.
El consejero ha recordado que son 23 los preceptos con los que la Junta está en desacuerdo. Entre ellos, “la interpretación del artículo once en el que se determina el procedimiento para modificar los límites de los parques nacionales”, y explica que ahora para hacer esto “es preceptivo un informe favorable de la comunidad autónoma”.
Además, y en cuanto a la imagen exterior, el consejero señala que la actual ley “se la atribuye en exclusiva el Estado y ahora las comunidades autónomas siguen teniendo competencias directas en esta materia”. En cuanto a subvenciones, “se recoge que la administración competente para la gestión de estas subvenciones es la comunidad”, un extremo que “tampoco se interpretaba de esta manera en el texto de la ley”.
“No se confronta por capricho”
Del mismo modo, Fiscal explica que en caso de catástrofe medioambiental “se ha incluido que cualquier decisión que se tome sobre los parques nacionales tiene que contar con el consenso de la comunidad en la que esté en parque”, toda vez que, y sobre los órganos de participación, apunta que “se mantiene el consejo de participación en el cual de alguna manera se incluye el patronato”.
El consejero se ha referido también a la disposición adicional undécima en cuanto al régimen de protección en la que “existe la posibilidad de que el Estado en determinadas circunstancias pase a gestionar directamente el parque nacional. En la ley aparecía un abanico amplio de posibilidades, pero finalmente se ha corregido y se reduce a asuntos de defensa nacional”.
Fiscal ha querido dejar claro que Andalucía “no confronta con el Gobierno central por capricho”, y que lo hace cuando “hay asuntos que lesionan los intereses de los andaluces, como en esta caso, en el que se ha podido llegar a un acuerdo”. “Estamos muy satisfechos”, concluye el consejero, quien ha estado acompañado en la rueda de prensa por el viceconsejero, José Luis Hernández Garijo, y el director general de Gestión de Medio Natural y Espacios Protegidos, Javier Madrid.
