La Junta de Andalucía no cubre la asistencia gratuita para el proceso de asilo completo
La Junta de Andalucía no reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita para parte del procedimiento de asilo: las actuaciones de los abogados de oficio ante la administración cuando presentan alegaciones o documentos con posterioridad a la solicitud inicial no están incluidas. El Colegio de Abogados de Málaga ha elaborado un informe en el que argumenta que esas actuaciones están contempladas en el derecho a la asistencia jurídica gratuita y deberían ser asumidas por la administración. Desde la Administración autonómica insisten en que se ajustan a la ley y los baremos aprobados, y en que la Junta de Andalucía está al día con los pagos al turno de oficio.
El colegio malagueño tiene un turno dedicado a temas de derecho de extranjería, que incluye los asuntos de asilo y refugiados. Cubren la asistencia a todos aquellos demandantes de asilo que no disponen de abogado propio o que no han recurrido a la ayuda de las organizaciones de ayuda al refugiado, desbordadas durante las últimas semanas.
Durante los últimos meses, los abogados asignados al turno de extranjería (uno, con carácter rotatorio) han dedicado gran parte de su tiempo a atender a los solicitantes, generalmente en la comisaría provincial. Según el decano de los abogados malagueños, Francisco Javier Lara, el colegio ha tramitado unas 300 solicitudes de asilo desde junio. “El problema es que la Junta no está pagando los asilos que se vienen haciendo”, denuncia Lara. Málaga es punto habitual de recogida de solicitudes.
“Los procedimientos de solicitud y denegaciones de asilo tienen derecho a asistencia jurídica gratuita”, replican fuentes oficiales de la Consejería de Justicia. La Orden que recoge los módulos y las bases sobre las que se calcula la compensación económica de las actuaciones que realizan los abogados de oficio dispone un pago de 150 euros por el siguiente concepto: “Puntos de entrada masiva: máximo 12 personas extranjeras por Letrado o Letrada y día. Este servicio comprenderá la asistencia propiamente dicha y la interposición de los recursos que fueran pertinentes”.
Sin embargo, el pago de la guardia no incluye los trámites posteriores a la solicitud inicial, aclara Noemí Alarcón, vocal de la subcomisión de extranjería del Colegio de Abogados de Málaga: “En esos 150 euros está todo lo que tenga que asistir esa día: expulsión, solicitud de asilo… Pero no me pagan hacer una entrevista de asilo posterior. Yo lo hago probono [gratuitamente]”. La primera asistencia en comisaría está cubierta, pero no se pagan, por ejemplo, la presentación de alegaciones posteriores o la interposición de recursos administrativos. “Lo normal es entrevistarse con el solicitante, y que éste quiera hacer más alegaciones o aportar más documentos”, explica Inmaculada Martínez, abogada de CEAR en Málaga. Los eventuales procedimientos judiciales sí están cubiertos.
El Colegio ha elaborado un informe en el que solicita a la Junta que reconsidere su postura. La petición se justifica con una batería de artículos: el 22 de la Ley de Extranjería, el 16.2 de la Ley del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (“se extenderá a la formalización de la solicitud y a toda la tramitación del procedimiento”), el 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y los artículos 20, 21 y 23 de la Directiva Europea 2013/32. La asistencia jurídica gratuita es una competencia asumida por algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía.
“Esto es lo más básico y es competencia de la Junta. Es significativo porque es factible y puede ser inmediato”
Según Inmaculada Martínez, se han tramitado más de 1.500 solicitudes de asilo en Málaga en el último año, gran parte de ellas de ucranianos. A ellas deberán sumarse las que correspondan según el reparto que establezca la Comisión Europea. La mayoría las gestionan CEAR, Cruz Roja y Accem al margen del turno de oficio, “pero tenemos unos recursos muy limitados. Estamos desbordadas y hemos derivado al Colegio, que hace lo que puede”, explica la abogada de CEAR. “Esto es lo más básico y es competencia de la Junta. Es significativo porque es factible y puede ser inmediato”, opina Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge.
Las dos abogadas opinan que lo ideal sería destinar otro abogado al turno de extranjería o crear un turno específico de asilo en los “puntos calientes” donde se registran más solicitudes, como es el caso de Málaga. La primera asistencia condiciona el proceso posterior y cree que en esas condiciones es difícil mantener la calidad del servicio. “Yo he estado en dos guardias y tuve seis solicitantes de asilo. A eso dedicas toda la mañana, pero puede ocurrir que te llamen desde el aeropuerto por una expulsión”, explica Alarcón.
El pasado 23 de septiembre el Consejero de Justicia, Emilio de Llera, señaló ante el Parlamento andaluz que su departamento aplica todos los “recursos disponibles” y criticó la imprevisión del Gobierno central, competente en materia de asilo. La Junta de Andalucía asegura que no ha recibido el informe del Colegio de Abogados malagueño.
