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ARAGÓN

Salir del laberinto de la precariedad

“En la situación actual el capital tiene todo el poder y hay que revertir este desequilibrio” - Abraham Lincoln 

El 1 de mayo ha sido un día de orgullo para los trabajadores de todo el mundo durante décadas. Prohibida y reprimida varias veces a lo largo de la Historia, representa la lucha y las conquistas sociales y políticas que han sido fruto de ellas. Les debemos no sólo cuestiones relacionadas con el mundo laboral (las 40 horas, las vacaciones pagadas, salarios dignos, etc.) sino también gran parte de las libertades y la construcción del Estado del Bienestar.

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En las últimas décadas y de forma acelerada desde 2007, hemos visto como todos aquellos derechos y conquistas sociales han ido disminuyendo en un proceso asimétrico pero seguro, guiado por los gobiernos y por organismos supranacionales como lo que hemos denominado Troika (FMI, BCE, UE) o el Banco Mundial, que han respondido a los intereses de las grandes corporaciones internacionales frente a los de la mayoría social.

Las formas de las relaciones laborales han ido variando en un proceso paralelo a los intereses del capital: de una Europa con grandes polos industriales a un desmantelamiento y su consiguiente deslocalización. Hemos asistido progresivamente a una mayor importancia del sector servicios y a la atomización de los trabajadores. En este ciclo hemos visto además la privatización de las grandes empresas públicas asociadas a los sectores estratégicos de la economía (energía, transporte, telecomunicaciones). Existen otros múltiples factores que han influído en las nuevas condiciones laborales, como el gran nivel desempleo o las nuevas formas empresariales. Pero lo que queremos enfatizar aquí es que, frente a las nuevas formas de organización del trabajo han aparecido nuevas formas de organización de los propios trabajadores, muchas veces superando las formas del sindicalismo clásico.

Un ejemplo muy didáctico para explicarnos qué ha ocurrido es la historia de los trabajadores de Movistar-Telefónica. Un empresa pública que fue privatizada por gobiernos del PSOE y el PP, vendida a amigotes de la infancia, donde se aplicaron ERE’s y una subcontratación de servicios a otra empresa. Así como iban bajando escalones en la subcontratación la degradación va en aumento y así como ha ido avanzando la instalación de fibra óptica la contratación de falsos autónomos ha aumentado.

Esta fragmentación de las relaciones laborales y la precarización ha sido fomentada y acompañada por los gobiernos españoles que, reforma tras, reforma ha dado legalidad a formas de explotación más propias del siglo XIX. Ser un falso autónomo implica que trabajas para una empresa, que no te paga vacaciones ni la seguridad social, que tú pones tus herramientas, que un día que no trabajas es un día que no cobras, que mañana te pueden despedir sin preavisos ni indemnizaciones y que ganas 700€ al mes.

Un nivel de precariedad que ha tenido, como decimos, respuesta en forma organizada. Los trabajadores de estas subcontratas se han organizado y han declarado una huelga que lleva más de 20 días en pie frente al gigante de las comunicaciones. No son una lucha corporativa, sino que son la respuesta de una generación de nuevos trabajadores precarios cuyas condiciones laborales representan el futuro que nos ofrece el neoliberalismo. Estas nuevas formas organizativas han conseguido movilizar a trabajadores no asalariados tienen mucho que ver las formas organizativas desarrolladas durante el 15M y en las mareas. Puntos de encuentro entre las luchas y la gente, sus experiencias han servido para adaptarse a una nueva forma de buscar la justicia en el mundo del trabajo.

Uno de los rasgos más lamentables de estas nuevas de precariedad, además, es que ha crecido en las rendijas o abismos que iba dejando el Estado al retroceder de acuerdo con las políticas neoliberales y de austeridad. Médicos y sanitarios precarios salvando vidas luchando en la Marea Blanca; profesores precarios educando y defendiendo sus derechos y los de su alumnado en la Marea Verde; bomberos forestales apagando fuegos, cuidando bosques y denunciando el caciquismo en Sarga; monitores escolares; educadores sociales; trabajadores de Telemadrid; falsos autónomos en una antigua empresa pública como Telefónica/Movistar.

Los gobiernos han permitido, mejor dicho, han colaborado conscientemente, en esta precarización del mundo del trabajo intentando realizar una devaluación interna a costa de bajadas de los salarios. Todo ello atraviesa todas las relaciones sociales, convirtiendo el empobrecimiento en una situación material que afecta a cada vez más capas de la población. Este empobrecimiento es el precio que según los dirigentes debemos pagar para ser competitivos con otros países que tienen mano de obra más barata o lo que es lo mismo, debemos ser más pobres para que las grandes empresas, ganen más dinero.

Un gobierno autonómico no puede frenar sólo, ni siquiera un gobierno estatal, si no tiene detrás una parte importante de la sociedad organizada que exija que se reviertan estas políticas que sirven al interés de una minoría y empujen un programa que sirva para la mayoría social. Pero un gobierno autonómico puede hacer algunas cosas como no contratar empresas donde los y las trabajadoras no tengan unas condiciones dignas, aplicando una serie de cláusulas sociales a la contratación pública de obligado cumplimiento, revisar y reforzar los órganos encargados de la seguridad laboral y limitar la subcontratación encubierta en el sector público.

Si hablamos de lo que un gobierno autonómico puede hacer, digamos que es capaz, además, de darse cuenta de la responsabilidad que tiene con sus ciudadanos. Puede cambiar leyes; puede hacer públicos ciertos servicios externalizados o privatizados. Puede actuar como algo más de lo que dicen los dictados del FMI o de los mercados, ser algo más que un regulador, un juez que, como se suele representar a la Justicia, tiene los ojos tapados pero los oídos bien abiertos para las órdenes de los poderosos. Está en la mano de un gobierno autonómico ejercer de gobierno en favor de la ciudadanía y esto pasa por ofrecer cumplir con la legislación laboral con sus trabajadores, a quienes contrata o subcontrata, a quienes supervisa. Porque un gobierno decente entiende que no hay dignidad posible en su acción si mantiene la precariedad y la falta de derechos allí donde puede evitarla.

Pablo Echenique y Román Sierra son candidatos de Podemos a las Cortes de Aragón.

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