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ARAGÓN

El juez absuelve a CNT de pagar los gastos de la okupación de un inmueble de la Seguridad Social

El magistrado multa con 720 euros al sindicalista que asumió la instalación de un centro social durante nueve meses en un edificio que CNT lleva décadas reclamando al Estado

Los gastos de luz, agua y comunidad que reclamaba la Administración “no se han acreditado al no constar factura o recibo alguno que evidencie la realidad de los mismos”, señala la sentencia

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Locales CNT, Zaragoza.

Los locales okupados por CNT en la calle Andrés Gúrpide de Zaragoza. JUAN MANZANARA / ZARAGOZA

La CNT no tendrá que pagar los gastos de luz, agua y comunidad de los nueve meses que okupó un local de la Seguridad Social en Zaragoza. El magistrado de apoyo del Juzgado Penal número 5 de Zaragoza, Carlos Lasala, ha absuelto a un militante del sindicato, Pablo A. V., de indemnizar a la Administración con los 1.476 euros que esta le reclamaba, y de cuyo desembolso pedía que fuera declarada responsable subsidiaria la organización sindical.

La sentencia, de hecho, pone en duda que esos gastos existieran: “No ha lugar a dicha responsabilidad civil en la medida en que dichos gastos no se han acreditado al no constar factura o recibo alguno que evidencie la realidad de los mismos y por quién fueron satisfechos”, señala el juez.

El magistrado declara a Pablo A. V. culpable de un delito de usurpación de inmueble por haber accedido a los locales que la Seguridad Social posee en la calle Andrés Gúrpide de Zaragoza, “instalándose en el mismo para darle el uso correspondiente a oficinas a favor del sindicato CNT, a sabiendas de la falta de autorización por su titular”.

Recurso ante la Audiencia Provincial

La okupación se produjo el 2 de mayo de 2014 y el desalojo, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza el 17 de junio, tuvo lugar el 12 de febrero de 2015. “Dicho inmueble se encontraba al corriente de gastos de comunidad, vertidos y disponía de servicio de luz y agua”, añade la sentencia.

Tanto la Fiscalía como el abogado del Estado solicitaron para el sindicalista la pena máxima que el Código Penal contempla para las okupaciones de “inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada”, seis meses de multa; en este caso, con una cuota diaria de seis euros (1.080 euros).

El juez, sin embargo, rebaja la condena a cuatro meses (720 euros, canjeables por dos meses de cárcel en caso de impago) al tener en cuenta las “circunstancias concurrentes: el acusado carecía de antecedentes penales, si bien la ocupación se mantuvo durante un plazo prolongado de diez meses”. Y aplica la sanción de seis euros diarios por encontrarse “en un tramo próximo al mínimo, sin que proceda una inferior al no haberse acreditado una situación económica del acusado que justifique una cuota menor”. No obstante, su letrado, Ramón Campos, recurrirá el fallo ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Tres décadas reclamando el patrimonio sindical

El edificio de Andrés Gúrpide, que la Seguridad Social utiliza como almacén tras haber trasladado las oficinas que albergaba, es uno de los dos inmuebles cuya entrega lleva tres décadas reclamando al Estado la CNT como compensación por el patrimonio del que fue despojada la central anarcosindicalista tras la Guerra Civil. El otro es el antiguo geriátrico de San Jorge, de cuya okupación fueron absueltos hace unos meses los once sindicalistas que se sentaron en el banquillo por ella. La petición del primero se encuentra en fase administrativa, y la del segundo, en los tribunales.

El juez, no obstante, rechaza en la sentencia que la existencia de esos procedimientos habilite a los sindicalistas para utilizar los locales de la Administración. “Que exista una reclamación ante la jurisdicción contencioso administrativa –señala- en nada legitima a que el acusado ocupe por su cuenta y riesgo un local de titularidad ajena”.

CNT organizó en los locales de la calle Andrés Gurpide un centro sindical en el que, mientras permaneció okupado, se celebraron numerosas reuniones de trabajo y asambleas de trabajadores de empresas con conflictos laborales.

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