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Un juzgado suspende el protocolo catalán que evita cortes de luz y agua a familias pobres

Un juez de Barcelona da la razón a Endesa al considerar que el protocolo del Govern desarrolla artículos de la ley suspendidos por el Constitucional

El Govern considera que hay disparidad de criterios y anuncia que seguirá aplicando el protocolo hasta que la justicia "se aclare"

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Llaman a hacer un "apagón" y manifestarse hoy contra la pobreza energética

Concentración en una sede de Gas Natural contra los cortes de suministro EFE

Un juez ha suspendido este jueves cautelarmente  el protocolo para la aplicación de la ley catalana contra la pobreza energética, que impedía que las compañías eléctricas pudieran cortar los suministros de luz y agua ante un impago antes de que los servicios sociales emitieran un informe sobre el riesgo de exclusión de las familias vulnerables. El juzgado considera que el protocolo establece nuevamente unos requisitos que ya fueron anulados por el Tribunal Constitucional respecto al primer decreto de pobreza energética.

Si en octubre fue el Constitucional el que suspendió la mayor parte de los artículos sobre vivienda de la ley catalana para luchar contra la emergencia habitacional y la pobreza energética, este jueves el juzgado contencioso número 2 de Barcelona ha admitido un recurso de Endesa contra el protocolo elaborado por el Govern que desarrollaba la ley. 

El protocolo suspendido obligaba a las suministradoras a mantener el servicio de luz y agua en caso de que la familia afectada contase con un informe de los servicios municipales que acreditasen que se encuentra en riesgo de exclusión social. Según recoge el texto de la ley, en un artículo que no fue objeto de suspensión por el Constitucional, es la compañía suministradora la que debe reclamar este informe al ayuntamiento en caso que tenga previsto efectuar un corte de luz, agua o gas por impago del cliente. 

El juez entiende que la obligación de continuar con el suministro en casos de pobreza no se prevé en la ley. El magistrado cuenta además con un informe elaborado por el Consejo de Estado sobre la 24/2015, que interpreta la ley asegurando que no se puede obligar a las suministradoras a continuar el servicio ante un impago. Hasta ahora el Govern paliaba esta situación pagando los suministros de las familias en riesgo de exclusión, durante un tiempo de forma directa y ahora mediante un fondo a disposición de los ayuntamientos.

Según explica el juez en su auto, "la imposibilidad de que se corte el suministro establecida por el protocolo supone para las empresas la obligación de mantener el servicio sin percibir del usuario las tarifas legalmente previstas". Ante esto, considera que se pueda dar una situación de inseguridad jurídica para las suministradoras, y estima que esto podría comportar que el resto de clientes vean "incrementadas sus facturas para evitar un eventual desequilibrio entre ingresos y costes del sistema".

El Govern asegura que seguirá aplicándolo

La decisión judicial se ha producido, precisamente, el mismo día que el Parlament ha debatido una ley para rescatar los artículos suspendidos de la ley 24/2015, el grueso de ellos en materia de emergencia habitacional, que este jueves ha sido aprobado contado con el apoyo de todos los grupos. También el día después de que PP y PSOE anunciasen un pacto para aprobar un decreto en el mismo sentido que el catalán, con el objetivo de impedir el corte de suministros de familias vulnerables. 

En Catalunya las reacciones no se han hecho esperar. Por parte del Govern, el conseller de Empresa, Jordi Baiget, ha anunciado que el protocolo se continuará aplicando  hasta que la justicia "se aclare" y que recurrirán la decisión judicial, al considerar que hay una "disparidad de criterios". El conseller ha subrayado que el Constitucional no ha suspendido la obligación de las compañías suministradoras de reclamar un informe sobre vulnerabilidad de las familias antes de efectuar el corte, y ha recordado que este protocolo ha evitado hasta ahora 39.000 cortes.

Por su parte, la Mesa del Tercer Sector Social ha reclamado al Govern en un comunicado que desarrolle el reglamento de la ley, y ha cargado contra Endesa por recurrir el protocolo. Además, han subrayado que los artículos sobre pobreza energética de la ley catalana no están ni suspendidos ni recurridos. "El artículo 6 [de la ley 24/2015] obliga a las suministradoras a avisar a los servicios sociales antes de cortar el servicio a cualquier persona o familia en situación vulnerable", ha recordado la entidad.

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