Esta pregunta podría resumir el debate en el Congreso sobre la propuesta del Parlament de Catalunya de cesión temporal de la facultad de realizar un referéndum consultivo. La respuesta a la pregunta dada por el Congreso muestra el agotamiento del Estado de las autonomías y el Régimen de la transición.
La mayoría que reclamaba cerrar “la deriva soberanista” es clara: 299 NO, 47 SI, 1 abstención. Ni consulta ni negociación, ni terceras vías. Los votos del PP, PSOE y UPyD tienen un común denominador: ni en la Constitución ni en la política española hay democracia suficiente para que las naciones y ciudadanos, en este caso de Catalunya, sean consultados sobre su soberanía nacional.
Los mismos que niegan la consulta al pueblo de Catalunya, en nombre de la “soberanía nacional”, son los que se la vendieron a los mercados y los bancos, modificando el artículo 135 de la Constitución en una semana. ¡El bipartidismo que sustenta un Estado incapaz de resolver democráticamente el conflicto social que se expresó en las calles de Madrid con la Marcha de la Dignidad el pasado 22 de marzo!
Los partidos del Régimen del Reino de España no sólo no atendieron a la explicación de los tres diputados designados por el Parlament de Catalunya, sino que fueron incapaces de “dialogar” sobre las razones por las que, desde 2010, la gran mayoría de la ciudadanía catalana da por agotado el marco autonómico y apoya una Consulta, el llamado Derecho a Decidir y se han manifestado masivamente para ejercerlo.
PP y PSOE quisieron situar el debate estrictamente en el marco parlamentario y un marco jurídico: “nunca se reconocerá que Catalunya es una nación, ni que tenga soberanía nacional”.
El “pacto para seguir pactando” que reclamaba CiU en voz de Duran o la propuesta federal del PSOE son de cartón piedra, son moneda falsa... pues cualquier cambio pasa por un acuerdo que el PP niega de raíz, haciendo imposible lo que PSOE y Duran entienden como un acuerdo, hecho entre las élites económicas y políticas que después fuera sometido a consulta, negando, sin embargo, el derecho a decidir libremente su futuro común con el resto de pueblos de España o la independencia.
El voto favorable vino de los diputados de la Izquierda Plural (IU, ICV, CHA), de ERC, CiU, PNV, AMAIUR, BNG, Compromís, GBai, CC. De aquellos que reclaman que se escuche primero a la gente catalana. No era pues un debate entre españoles y catalanes, sino entre la democracia entendida como la expresión de la voluntad del pueblo y el inmovilismo que considera España como indisoluble y esto se acepta bien voluntariamente o por imposición.
¿Y ahora qué? El Parlament seguirá elaborando la Ley de Consultas y con ella se convocará la consulta, que todo indica que será impugnada en el Tribunal Constitucional. Antes habrá las elecciones europeas, las movilizaciones en los municipios, el 11 de septiembre con una gran manifestación convocada por el ANC, en forma de V, entre la Diagonal y la Gran Vía que volverá a mostrar el grado de movilización popular a favor de ejercer el Derecho a Decidir.
El escenario nos lleva, pues, hacia una ruptura entre la legalidad del Régimen y la legitimidad que expresa la movilización popular y la declaración de Soberanía del Parlament de Catalunya.
La votación en el Congreso de los Diputados, que quería ser un punto y final por PP y PSOE, nos dice que sin ruptura democrática, Catalunya no podrá hacer la Consulta y este reto implica la imprescindible unidad entre federalistas, soberanistas e independentistas, implica incorporar al máximo de sectores y demandas sociales como han hecho recientemente CCOO, UGT o la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.
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