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Contra el acoso, tolerancia cero. Salvo en España

La tolerancia al acoso escolar es a la vez causa y reflejo de la existente en la sociedad

El ámbito académico es particularmente proclive al acoso, ya que los tutores y superiores académicos tienen un poder desproporcionado y muy duradero sobre sus subordinados

Las normativas y mecanismos existentes están más centrados en el control de daños a la institución que las desarrolla, que en prevenir el acoso y en garantizar una investigación transparente y con consecuencias cuando se produce

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Acoso, por Werens

Acoso, por Werens

Esta semana ha sido en el Instituto Ciudad de Jaén. Pero antes fue en Gijón, en Ciudad Real, en Fuenterrabía... El goteo de casos de alumnos que se suicidan o  tienen que abandonar su centro por el acoso de sus compañeros es solo la punta del iceberg que revela la increíble tolerancia al acoso escolar que hay en España.

En el tratamiento del acoso escolar falla casi todo. Fallan los mecanismos de corrección, centrados en ese enfoque punitivo que preside las políticas españolas, que olvida completamente que la prioridad debe ser proteger y apoyar a la víctima – y reeducar al maltratador (que, no lo olvidemos, es también el resultado de un contexto educativo y social del que lo más cómodo es abstraerse).

Fallan también los mecanismos de detección. La práctica totalidad de los casos de acoso que conocemos (algunos en primera persona) no fueron detectados a tiempo por los centros (en algunos casos, a pesar de estar avisados de que el alumno afectado había cambiado su comportamiento y mostraba síntomas preocupantes), que tampoco aportaron el apoyo adecuado a las víctimas – ni siquiera cuando se produjo la correspondiente denuncia en comisaría.

Y falla, sobre todo, la prevención. Los mensajes contra el acoso y las instrucciones sobre cómo abordarlo, ubicuos en los centros escolares de los países que se toman el problema realmente en serio, brillan en España por su ausencia. Ausencia que es solo el síntoma del problema subyacente: la inexistencia de una política de empoderamiento de los estudiantes y docentes, que les enseñe que la actitud firme de todos ellos tiene que ser el primer y principal dique de contención contra cualquier conato de acoso.

Una parte del problema es, obviamente, cuestión de recursos. Pero otra gran parte lo es de actitud. De hecho, las prioridades en la distribución de recursos no reflejan sino los valores y actitudes subyacentes. Valores y actitudes a los que no son ajenos las familias de los acosadores, que demasiado a menudo niegan el problema y se cierran en banda a participar en su solución. No es de extrañar. Primero, porque esos valores y actitudes del entorno familiar contribuyen con frecuencia a crear las condiciones para que aparezca un alumno maltratador. Y segundo, porque los padres no perciben que ese tipo de comportamientos vayan a comportar consecuencias graves para su hijo, ni durante su formación ni al acabar ésta.

Porque la realidad es que la tolerancia al acoso escolar es a la vez causa y reflejo de la existente en la sociedad. Los síntomas abundan. El prolongado  acoso laboral a la capitán Cantero por atreverse a denunciar un caso de acoso sexual en el ejército es tan solo un botón de muestra de cómo la tolerancia al acoso se extiende por todo el sistema, desde los  mecanismos de denuncia hasta la respuesta de los superiores, incluyendo al ministro altos cargos responsables. Similar es el caso del teniente Segura, al que denunciar determinados casos de corrupción dentro del ejército ha costado una larga cadena de acoso. El de Silvia Agrós, a quien ni los procedimientos internos ni la tutela judicial parecen haber protegido de forma efectiva del acoso de sus superiores. O el de la secretaria del embajador Federico Trillo, actualmente en los tribunales.

El ámbito académico no es ajeno a esta realidad. De hecho, es tremendamente proclive al acoso, ya que la importancia de la productividad obtenida durante los primeros años de trabajo y de las referencias proporcionadas por los superiores académicos tras este periodo otorga a estos últimos un poder desproporcionado y muy prolongado en el tiempo. Ante ello, muchos países tienen normativas estrictas, mecanismos institucionales y campañas proactivas de control del acoso. No es el caso de España. La ausencia de normativas y mecanismos claros, transparentes y eficientes de protección a las víctimas de acoso es característica de la Universidad y OPIs y, al igual que el laxo tratamiento del nepotismo y del fraude científico, ha sido mencionada expresamente en artículos publicados en revistas científicas de primera línea como EMBO (“ In Spain, for example, most research institutions have no codes of scientific integrity and no policies to handle misconduct”).

El acoso académico no está restringido a los profesores o investigadores mediocres. Todo lo contrario. En muchos casos, involucran a algunos de los más productivos. El motivo es triple. Por un lado, en ausencia de una cultura laboral sana en la que el líder o tutor se guíe por el interés formativo del tutorado, el acoso es un mecanismo muy efectivo para mantener esa combinación de exigencia extrema y fidelidad sin fisuras que garantiza la productividad de esos grupos. Por otro, el prestigio y productividad que proporciona haber pertenecido a un grupo “excelente” representa un enorme incentivo para aguantar el acoso durante el tiempo que haga falta. Finalmente, la enorme influencia que tienen los líderes de tales grupos pone en una situación de extremo riesgo a cualquier víctima que se atreva a denunciar, o a quienes decidan a apoyarla o declararse a su favor.

El acoso laboral en el entorno académico está, por ello, muy extendido – aunque casi nunca se habla de él.  Un estudio reciente de la antropóloga Kathryn Clancy mostró, por ejemplo, que “el 64% [de los 650 investigadores de 30 países] encuestados habían experimentado personalmente algún tipo de acoso basado en género mientras hacían trabajo de campo”. Si el acoso basado en género es común, también lo es el puramente académico: tanto que, tras exponer varios ejemplos en un artículo titulado “ La regla de la mafia” (“Mob rule”), John Gravois concluye que “en las disputas departamentales, los profesores pueden actuar como verdaderos animales”. Y algunos casos llegan a ser tan extremos que culminan, como los que abren este artículo, con el suicidio de los acosados – como el de Justine Sergenta, neuropsicóloga de la Universidad de McGill que se suicidó junto a su marido tras una intensa campaña de acusaciones mediante cartas anónimas a la prensa; o el de Stefan Grimm, víctima de las  agresivas políticas de atracción de fondos y  producción de publicaciones científicas del Imperial College de Londres.

En España, las  cifras de acoso laboral son mayores en el sector público que en el privado, y superiores en la Universidad que en el resto del sector público – llegando a afectar al 51% del profesorado y a causar daños físicos o psíquicos graves al 30% de los afectados. Es además probable que, como ocurre en el ámbito privado, la crisis haya hecho aumentar la incidencia e impunidad del acoso.

Es difícil transmitir al lector la severidad de muchos de estos casos de acoso y la complicidad del entorno de quien los sufre. Directores de departamento que niegan a ciertos investigadores jóvenes las condiciones necesarias para trabajar. Directores de tesis que abroncan a gritos a sus doctorandos, en público, hasta dejarlos al borde de las lágrimas. Jefes de grupo que amenazan a los miembros de su equipo no solo con despedirlos, sino con “conseguir que nadie en el mundo los contrate” – a menudo, por haberse atrevido a solicitar un proyecto o publicar un artículo sin incluirles a ellos. O, rozando lo grotesco, investigadores que expulsan a sus doctorandos por asuntos estrictamente personales (como haberse casado con otro miembro del equipo), y luego amenazan a quien no se avenga a “expulsar a esa persona del mundo de la investigación”.

No faltan, claro está, ejemplos del lado contrario. Becarios o contratados que incluyen datos manipulados o falsos en manuscritos de artículos o tesis, o que llegan a falsificar la firma del tutor en las renovaciones de la beca o en la propia entrega de la tesis. Responsables académicos que se ven obligados a solicitar la presencia de un observador en todas las reuniones con el investigador tutorado para evitar potenciales acusaciones de acoso – orquestadas, a menudo, por otros investigadores de su entorno. Pero también en esos casos, la existencia de mecanismos de supervisión a los que apelar en casos de conflicto podría aportar la necesaria garantía para tutor y tutorado.

Por desgracia, las normativas y protocolos desarrollados por los centros, agencias y universidades están más centrados en el control de daños (esto es, en evitar juicios y filtraciones a prensa) que en proporcionar un marco claro de relaciones que incluya una investigación eficiente, transparente, garantista y con consecuencias. La mayoría tratan el problema de forma meramente procedural (ahogándolo en largos plazos burocráticos) y hasta secreta (bajo la excusa de que la publicidad puede hacer “enquistar el problema”).

Lo descrito no es de extrañar, porque los académicos no somos sino un reflejo de nuestra sociedad. Esperemos que la regeneración democrática que parece iniciarse alcance también a nuestra academia, y se introduzcan los mecanismos de prevención y control del acoso que tanto necesitamos.

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