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Castilla-La Mancha exige a Rajoy que pague la parte estatal de atención a la dependencia

El Observatorio de la Dependencia denuncia que el Gobierno aporta el 18 % del sistema

Alicia Avilés Pozo

Debate general sobre políticas de dependencia en las Cortes de Castilla-La Mancha, que ha servido al Gobierno regional para hacer balance en este sentido. Primero, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a solicitar al Gobierno de España que cumpla con garantía sus obligaciones en materia de financiación del Sistema de la Dependencia “para que los ciudadanos de esta región puedan beneficiarse de los derechos a valoración y atención cuando así lo requieran”.

Ha recordado en este sentido de cada 100 euros gastados en Dependencia, 63 euros los aportan las Comunidades Autónomas, 19 euros los usuarios y 18 euros la Administración Central, por lo que la actitud del Ejecutivo central plantea a las fuerzas políticas la “necesidad de un gran pacto de Estado, que redefina un efectivo dispositivo de derechos sociales para las personas dependientes, un dispositivo que cuente con una financiación suficiente”.

La consejera ha recordado que el Gobierno de García-Page puso en marcha en 2015 un plan de mejora que, 15 meses después, ha hecho que el Sistema de Atención a la Dependencia “avance en positivo”, al contar en septiembre de 2016 con 40.548 beneficiarios, frente a los 34.688 de julio de 2015, un 16,89% más.

Respecto a las lista de espera, Aurelia Sánchez ha señalado que en 15 meses se han tramitado 12.547 resoluciones de Plan Individual de Atención (PIA) de los 26.919 expedientes encontrados en el “limbo de la dependencia” a la llegada de este Gobierno. Esto ha representado una reducción del 51,87% de esa lista, si bien en ese periodo se han incorporado 7.487 nuevos expedientes. Respecto a las solicitudes pendientes de valoración, en septiembre de 2016 eran 3.505, de las 6.143 existentes en julio de 2015, con lo que se han reducido en un 57% en ese periodo.

Compatibilidad de ayudas

En este sentido, la consejera ha destacado que las 40.548 personas beneficiarias de dependencia en la región reciben 50.780 prestaciones, gracias a que ahora son compatibles y puede recibirse más de una por beneficiario, con lo que la ratio de prestaciones por persona en Castilla-La Mancha es de 1,25, superior a la media nacional, que es de 1,24. En general, ha sido muy crítica con la actitud del anterior Gobierno del PP en la región que revisó “de oficio” la situación de 5.000 expedientes de personas ya valoradas, “que vieron cómo de la noche a la mañana, sin criterio ajustado a derecho, el grado de dependencia que tenían reconocido era revisado a la baja o su prestación económica disminuida, bajo su desconcierto y desazón”.

La primera réplica se la ha dado el portavoz de Podemos, José García Molina, quien ha reprochado a la consejera haber elegido mal “el tema y el momento” ya que en dependencia “no tienen demasiados motivos para sacar pecho”. Dicho esto, ha detallado algunos datos aportados por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, cuyo presidente, José Luis Gómez-Ocaña, ha estado presente en la sesión plenaria.

Concretamente, ha afirmado que un total de 23.385 personas se encuentran en el denominado “limbo” de la dependencia“, es decir, con derecho reconocido y que no reciben ninguna prestación. También ha denunciado que sigue habiendo 3.500 expedientes ”en el cajón“ con lo que solo se han reducido 2.000 solicitudes, cuando, según ha apuntado, el presidente, Emiliano García-Page, se comprometió a resolverlas todas. Y en cuanto a más datos, García Molina se ha referido a la disminución de 199 ayudas a prestaciones para cuidadores familiares, lo que significa ”cuatro prestaciones menos al día“ en la presente legislatura, cuando estas ayudas están aumentando a nivel nacional.

Medidas de “coste cero”

Finalmente, ha recordado que diferentes colectivos le han hecho llegar medidas a “coste cero” que no se han implementado, ni se ha resuelto la situación de las 16.000 personas a los que se les revisó y anuló una prestación que ya tenían concedida, “diciéndoles que acudan a los tribunales”; y ha preguntado por qué no se ha derogado el decreto de Dependencia presentado por el PP, cuyo procedimiento fue anulado por los tribunales.  

También ha sido muy crítica con la consejera la diputada del PP Cortes Valentín, que ha tachado de “nefasta” la gestión en dependencia, acusándola de presumir de “datos bochornosos”. “No entendemos que hagan esto cuando están jugando con los ciudadanos más débiles de Castilla-La Mancha, y no todo vale para conseguir un sillón”. “¿Cómo pueden  presumir de tener a 24.000 personas esperando la prestación?”, se ha preguntando. En concreto, al presidente García-Page le ha acusado de “mentir” porque durante el debate de investidura se comprometió a resolver esta cuestión en un año, y “se ha tenido que tragar sus propias mentiras”.

La consejera ha intervenido finalmente para defender los datos ofrecidos en cuanto a “su rigor” puesto que están publicados en el IMSERSO, por lo que ha afirmado que las cifras dadas por PP y Podemos son “pasadas de mes”. Respecto a las prestaciones por cuidados familiares, ha detallado que se han aprobado 549 ayudas y que estas disminuyen no porque la Junta las haya quitado ni haya dejado de ofrecerlas, sino porque se han producido varias circunstancias como fallecimientos, traslados y cambios de prestaciones, y también ha aumentado el resto de prestaciones y de profesionales auxiliares de ayuda a domicilio.

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