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Sobre este blog

Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

Glifosato: Una ceguera colectiva ante riesgos evidentes

Wolfgang Kaleck

  • Desde el inicio de este blog mi idea ha sido incluir contribuciones de colegas a quienes debo mucha inspiración y motivación. El blog de hoy fue escrito por Christian Schliemann, quien trabaja en el programa de “Economía y Derechos Humanos” en el European Center for Constitutional and Human Rights en Berlín, e intenta lograr la responsabilidad de las empresas por daños causados por los pesticidas

En las últimas semanas hemos vistos con estupor que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria calificó como inocuo un pesticida, el glifosato, que es objeto de gran controversia en todo el mundo. Los funcionarios europeos basaron su decisión en lo señalado por la autoridad equivalente en Alemania, la cual afirmó que el glifosato es probablemente no-cancerígeno, con lo cual no habría razón para no extender su autorización de uso. Sin embargo, esta es una decisión temeraria, pues la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer -dependiente de la Organización Mundial de la Salud- determinó en marzo del 2015 que dicho agente “probablemente es cancerígeno”. De hecho, los riesgos a la salud provocados por el glifosato son impactantes y conocidos en todo el mundo: Argentina reporta altas tasas de cáncer en las regiones agrícolas donde es rociado por vía aérea y Sri Lanka -al igual que El Salvador- lo prohibió por su vinculación con enfermedades renales crónicas. La lista suma y sigue.

Tras la aprobación de este pesticida en Europa está el “Escuadrón Glifosato”, compuesto por los principales miembros de esta industria, desde Syngenta a Dow y Monsanto. Todas son “empresas superventas” en el más genuino sentido de la palabra y todas venden productos que contienen glifosato. Detrás de la autorización de uso existen ganancias millonarias y un elaborado lobby por parte de estas industrias. Así, hasta el momento todo son malas noticias. Además, estas compañías operan en todo el mundo, mientras que las autoridades europeas lo hacen a nivel local, de modo que el proceso de autorización resulta ser un traje hecho a la medida de las empresas: estas eligen el país donde serán evaluadas sus solicitudes. El proceso se basa principalmente en los estudios presentados por las propias empresas o en reportes que ellas hacen de otros estudios independientes. En el fondo, es casi un “servicio a la autoridad”. Otro problema es que solo se evalúa el componente activo pero no el producto final, siendo este último el que contiene una mezcla quizás más peligrosa pues incluye otras sustancias. El proceso completo revela una ceguera colectiva y organizada frente a todos los aspectos de la agricultura industrial.

Ahora se preguntarán: ¿qué tiene que ver esto con los derechos humanos? Pues mucho. La  discusión científica se relaciona con el derecho a la salud, a la vida y a vivir en un medio ambiente sano. El principio preventivo de la normativa de los derechos humanos ofrece una solución: en cuanto exista riesgo de daño irreversible a las personas o al medio ambiente, la falta de certeza científica completa no es excusa para dejar de tomar las medidas de protección adecuadas. Por eso, un tribunal en Kerala (India) decidió prohibir provisionalmente el uso del pesticida Endosulfan en una destacable sentencia del año 2002. La sentencia señalaba que, en presencia de dos opciones, ambas deben ser sopesadas y debe elegirse la menos lesiva. En sus consideraciones los jueces explicaron que el suministro de pesticidas no se vería realmente amenazado por la prohibición de tan solo un producto. Además, argumentaron que las pérdidas económicas enfrentadas por la empresa eran preferibles al potencial daño a las personas o a la naturaleza. Esta decisión judicial simplemente lo dice todo.

El juicio en India es el resultado del trabajo conjunto de juristas y activistas de la salud y del medioambiente. Y por cierto, el trabajo continuó más allá de Kerala, pues activistas y abogados obtuvieron después resultados positivos litigando ante el Tribunal Supremo Indio; e, internacionalmente, dentro del marco del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes. ¡Un esfuerzo exitoso para lograr una globalización positiva desde las bases!

En Europa, la Comisión Europea aún debe decidir sobre la renovación de la aprobación del glifosato. Por nuestra parte, creemos que el principio preventivo es la respuesta. Los activistas ambientales, de la salud y del derecho deberían adoptar el ejemplo indio y seguir un camino similar en Europa, porque creemos que hay posibilidades de éxito. De hecho, en julio de 2007 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -que no se caracteriza precisamente por su mirada crítica ante los peligros de la agricultura industrial- negó la autorización para el uso del agente Paraquat, citando justamente el principio preventivo, y a pesar de la opinión de las autoridades.

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