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Europa va a la guerra (informativa)

En la UE se preparan iniciativas supuestamente destinadas a garantizar la libertad de los medios, que, en realidad, cuentan con el objetivo de socavar cualquier conato de información crítica.

La aparición de medios como TeleSur, HispanTV o RT ha roto el oligopolio de los grandes medios estadounidenses y europeos, pero ya ha comenzado la reacción que pretende acallarlos.

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En 2006 se dinamitaron, con gran cobertura informativa, las antenas de Radio Liberty en la playa de Pals, consideradas una reliquia de la guerra fría que había cumplido con su misión. “En maldita hora”, debieron pensar en la cumbre de la UE celebrada el pasado 19 y 20 de marzo. El décimo punto del día, filtrado un día antes a la prensa, anunciaba que se encargaría a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, la tarea de preparar para junio “un plan de acción […] en apoyo a la libertad de los medios”. Este “apoyo a la libertad de los medios” no será en Europa (¿no permitió la UE en 2013 el cierre de ERT, la radiotelevisión pública griega?), ni tampoco en Oriente Próximo o África, sino en Rusia, y de hecho, únicamente allí, porque a los líderes europeos les preocupa lo que denominan “propaganda rusa”. En 1992 la Unión Europea de Radiodifusión (UER) –una entidad que no depende de la UE, pero formada por la mayoría de televisiones públicas de sus Estados miembros– ya creó Euronews (que también retransmite en ruso) justo después de la Guerra del Golfo para presentar la información “desde un punto de vista europeo”, entonces como respuesta al éxito de la CNN.

Según el portal EurActiv, un diplomático confesó su escepticismo. “¿Puede una estrategia así desarrollarse con los medios libres europeos? No estoy seguro”, se preguntaba, apuntando él mismo, quizá sin saberlo, a un horizonte que en realidad muchos en Bruselas anhelan desde hace tiempo: el de una UE más antidemocrática. “No entiendo por qué estamos poniendo esto en el punto del día”, dijo otro, “si fuese ruso estaría absolutamente encantado, porque estamos proporcionándoles pruebas de su éxito”. El 12 de mayo, el Comité de Exteriores del Parlamento Europeo aprobó con 53 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones el “plan de contingencia mediante soft power” que incluye “una asistencia financiera más ambiciosa a la sociedad civil de Rusia”.

Letonia ya ha propuesto crear una cadena de televisión en lengua rusa con fondos comunitarios. A finales de abril ordenó, sin ninguna trascendencia informativa, el cierre de las emisiones de RTR Planeta, en lengua rusa, cuyo programa sustituirá otra cadena con “información amiga”. Según Der Spiegel, los contenidos los proporcionará la televisión alemana Deutsche Welle.

La medida anunciada resulta tanto más sorprendente teniendo en cuenta que, según el último sondeo del Centro Levada (independiente) en Rusia, el 60% de los encuestados se mostró a favor de “incrementar los vínculos económicos, políticos y culturales” con los países occidentales (3% más que en noviembre de 2014), mientras que sólo un 29% se decantaba por “cortar todos los vínculos” con ellos. Según Levada, un 63% de los encuestados cree que “Rusia está realmente amenazada por varios enemigos externos e internos” pero sólo un 23% opina que “las historias sobre enemigos son un anzuelo para espantar al país y hacer que obedezca al gobierno”.

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, escribió Evelyn Beatrice Hall. Esta frase –erróneamente atribuida a Voltaire, de quien Hall escribió una biografía– acostumbra a tomarse como principio fundamental de la libertad de expresión, de la que la libertad de información forma parte. Pero eso era antes. El primer medio en comprobarlo no fue, de hecho, ruso, sino iraní. En enero de 2013, los operadores de satélite Eutelsat y Argiva interrumpieron, a petición del Gobierno español, la emisión de HispanTV por considerarla vinculada al entonces responsable de la radiodifusión iraní, Ezatola Zarghami, sancionado por la UE en 2012 por “haber cometido violaciones contra los derechos humanos”. El cese de emisiones no sólo afectó a los espectadores de HispanTV en España, sino también a los de Latinoamérica, que recibían la señal a través de Hispasat.

El 2 de marzo The Guardian informaba que Ofcom, la entidad reguladora de medios en Reino Unido, había iniciado una investigación a la cadena de televisión rusa RT a raíz de las quejas de un espectador después de un debate televisado sobre Ucrania. Un portavoz declaró que Ofcom “ha iniciado una investigación sobre si este programa sobre la situación en Ucrania, que incluía comentarios antioccidentales, fue debidamente imparcial”. Ya el año pasado, el director del ente radiotelevisivo ruso Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov, fue incluido entre los sancionados por EEUU y la UE tras la adhesión de Crimea a Rusia.

Desde un punto de vista estrictamente legal, uno puede pensar lo que quiera sobre Zarghami o Kiseliov, pero las medidas tomadas contra ellos son una clara violación del derecho a la libertad de expresión.

¿Qué es lo que molesta, pues, de estos medios de comunicación? No, evidentemente, las repetidamente denunciadas credenciales democráticas de sus países emisores –sólo hay que echar un vistazo a la de algunos de los aliados de EEUU y la UE–, sino que la aparición de RT (2005), Telesur (2005) o HispanTV (2011) ha terminado con el oligopolio comunicativo que mantenían EEUU y, en menor grado, la UE, en el cual el grado de consenso es tan elevado que Noam Chomsky llegó a decir que “cualquier dictador admiraría la uniformidad y la obediencia de los medios de EEUU”. Ahora no sólo sus versiones de los hechos llegan al público, sino que en estas plataformas han encontrado espacio personas a quienes se privaba de acceso a los grandes medios de comunicación, como era el caso de Pablo Iglesias y Fort Apache en HispanTV o es el de Julian Assange, que contó con un programa de entrevistas en RT, llenando así un vacío, el de la información crítica, que el resto de medios de comunicación de masas ha abandonado.

Con esta medida, Bruselas podría terminar abriendo un debate que por ahora no parece dispuesta a aceptar. ¿Cómo puede la UE brindar su “apoyo a la libertad de los medios” en Rusia mientras los periodistas europeos denuncian crecientes presiones económicas? Es más, ¿cómo puede la UE, cuyo secretismo y falta de transparencia son notorios, apoyar la libertad de los medios e impedir a los periodistas acceder a la información sobre el TTIP?

Esta escalada retórica es peligrosa, porque acompaña a la escalada de tensión geopolítica en Europa y potencialmente justifica cualquier agresión armada. Durante los bombardeos de la OTAN a Yugoslavia en 1999, la Alianza Atlántica justificó el ataque contra la sede de la televisión pública serbia (RTS) asegurando que era necesario “para interrumpir y degradar la red de mando, control y comunicaciones” y que la sede de RTS era un “objeto dual” (civil, pero con un uso que también puede ser militar) que “contribuía a la guerra propagandística que orquestaba la campaña contra la población de Kosovo”. Rusia no es evidentemente Yugoslavia, pero el vocabulario que se emplea recuerda en ocasiones peligrosamente a aquel.

Si la UE quiere sinceramente proteger a su población contra una pretendida propagada rusa, venezolana o iraní –en el supuesto que, según parece, solamente quien no acepta la política occidental parece hacer “propaganda”– lo que tendría que hacer es apoyar la educación para contar con una ciudadanía formada y capaz de leer crítica y racionalmente las noticias, y no recortarla, creando precisamente ciudadanos más vulnerables a la manipulación, venga de donde venga. Por otra parte, la “nueva guerra informativa” de la UE revela una concepción paternalista de la sociedad, que entiende tanto a la población rusa como de los Estados miembros de la UE como un receptáculo vacío o una masa amorfa que los poderes fácticos pueden modelar a voluntad.

De materializarse este plan, no sólo contribuirá al mayor deterioro de las relaciones entre Bruselas y Moscú, sino a una polarización de las opiniones que, de hecho, ya está en marcha. Todo análisis y opinión críticos con la política de la UE –y especialmente con la gestión de la crisis– y todo intento por explicar que Rusia es una sociedad compleja, pasarán a considerarse, automáticamente, como “prorrusas”. Ya tuvimos una muestra de ello con la victoria en Grecia de Syriza y el viaje a Moscú de Tsipras. El exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, llegó a afirmar que Greenpeace recibía financiación del Kremlin para protestar contra el 'fracking' y mantener así la dependencia de Europa del gas ruso.

La prensa conservadora alemana acuñó ya el año pasado dos términos para desprestigiar a sus adversarios: Putinversteher y Russlandversteher, traducibles como “quien entiende a Putin” y “quien entiende a Rusia”, como si “entender” significase “aprobar”, “aceptar” o “justificar”. “Nostálgicos de la URSS”, “teóricos de la conspiración”... se trata, en suma, de argumentos ad hominem que buscan psicologizar al contrario para presentar sus posiciones como irracionales y evitar enfrentarse a sus argumentos. Los periodistas que tratan de desafiar este consenso se arriesgan a perder su prestigio, sus contactos o incluso su puesto de trabajo. Los periodistas y analistas de think tanks que lo abonan, en cambio, se ven recompensados y consiguen más proyección mediática, lo que conduce en última instancia a un sesgo informativo, si no a una espiral de empobrecimiento del discurso público: quien más constantemente golpea a Rusia y su gobierno más puntos obtiene, más artículos y libros publicados, más entrevistas concedidas y más dinero.

Bruselas quiere clavar otro clavo en el ataúd de la libertad de expresión en Europa. El pretexto es Rusia. ¿Su argumento? La libertad de expresión.

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