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Canal 9 pagará 30 millones en salarios por no ir a trabajar

El cierre de la televisión obliga pagar las nóminas de 1.500 trabajadores que tendrán permisos retribuidos hasta la clausura de la televisión

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Concentración de trabajadores en Valencia contra el cierre de RTVV

El cierre de Canal 9 costará un ojo de la cara, al menos, y sólo en 2014, 200 millones de euros. Además, la Generalitat, que está al borde de la quiebra, abonará unos 30 millones de euros en salarios a profesionales que, contra su voluntad, no estarán trabajando en una televisión pública, sino en su casa esperando el cierre definitivo de la cadena.

El gasto en salarios del Canal 9 previo al ERE tumbado por el TSJ es un misterio, entre otras cosas, porque la Generalitat aún no ha difundido, contra la práctica habitual, las cuentas de RTVV en 2012.  Aunque el Consell, que tampoco ha presentado los números que justifican el cierre, habla de 1.600 trabajadores, éstos manejan una cifra inferior (alrededor de 1.400) después de que algunos empleados abandonaran la empresa, se jubilaran o aceptaran su despido.

Así las cosas, se supone que la masa salarial de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) se mueve entre los 58 millones y los casi 74, el techo que se tocó bajo el gobierno de Francisco Camps, cuando Canal 9 llegó a tener la friolera de 1.770 trabajadores. Todos los trabajadores, hasta la eventual aprobación del ERE de extinción que impulsa la Generalitat, cobrarán su salario íntegro.

Los plazos del ERE

¿Cuándo se hará efectivo el ERE de RTVV? Este otro misterio sin aclarar por el Consell, que no quiere precipitarse para evitar otro varapalo judicial. El primero tardó siete meses en ejecutarse. Y el que ahora se prepara, tampoco parece que sea cuestión de semanas, aunque la televisión bien podría dejar de emitir a finales de noviembre.

En primer lugar, se debe aprobar la ley que permitirá liquidar la cadena. Luego, se debe contratar al despacho de abogados que gestionará el ERE, ya ni que los servicios jurídicos de la casa ni los de Generalitat pueden asumir un trabajo de esa magnitud y complejidad. Y, después, se debe negociar, al menos durante un mes, con los trabajadores, tal como establece la normativa.

Finalmente, el ERE debe ser aprobado por el consejo de administración de la cadena, el órgano donde reside la autoridad. El proceso, si alguna de las denuncias en curso no lo tumba o paraliza, puede durar alrededor de medio año. Asumiendo esta hipótesis, optimista, los contribuyentes van a gastar unos 30 millones de euros en pagar a quién no trabajará.

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