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Según Fabra, Alcón debería dimitir hoy mismo como asesora de Barberá

Según el líder de los populares valencianos, la exconcejal valenciana "no tiene cabida en ningún cargo público o de partido"

El president se ha referido a la posible sanción de la CE por falsear el déficit, "una práctica que se ha llevado por inercia durante mucho tiempo"

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Fabra opina que Alcón debería dejar hoy mismo de ser asesora de Rita Barberá

El president de la Generalitat, Alberto Fabra

El presidente del PP valenciano, Alberto Fabra, ha afirmado este jueves que la exconcejal popular María José Alcón,  suspendida de militancia por unas grabaciones que la implicarían en presuntos casos de corrupción, debería dejar hoy mismo de ser asesora de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El también president de la Generalitat y candidato del PP a este mismo cargo ha indicado en una entrevista con la Cadena Ser que Alcón, que la semana pasada renunció a ir en el puesto 16 de la candidatura del PP al ayuntamiento de Valencia, "no tiene cabida en ningún cargo público o de partido".

María José Alcón aparece en algunas grabaciones realizadas por el exgerente de la empresa de la Diputación Imelsa Marcos Benavent, que son objeto de una investigación por un juzgado de Valencia, en las que se interesa por un dinero proveniente de una presunta comisión (pregunta si le han "traído algo los Reyes Magos").

Ante el hecho de que Alcón siga siendo asesora de Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, Fabra ha reiterado su posición de "ser implacable" e "inflexible" ante los casos de corrupción y ha abogado por un cambio legislativo para que este tipo de comportamientos "sean más difíciles de realizar dentro de la política".

Falsear el déficit "por inercia"

Por otra parte, sobre una hipotética sanción de la Unión Europea a España por  falsificar el déficit de la Comunidad Valenciana en las últimas legislaturas, ha señalado que se trata de "una práctica que se ha llevado por inercia durante mucho tiempo" y que estaba "autorizada y validada" por la Intervención General del Estado.

"Es un problema del Reino de España por una práctica que era habitual y se actualizaba cada tres años. No tenía justificación, pero era una práctica habitual, autorizada y consentida" por el Gobierno, ha sostenido el presidente.

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