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Sobre legislar a golpe de encuestas y otros eufemismos

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Mientras la nueva pena de prisión permanente revisable avanza en su tramitación parlamentaria para instalarse como una novedad en nuestro derecho penal, los encuestadores de Metroscopia preguntan a los votantes su opinión sobre la medida. Según publicaba El País la respuesta mayoritaria, de un 67%, se presenta como favorable sumando el sí rotundo (20%) y el sí, siempre que sea, eso sí, revisable (47%). Sin embargo y, por fortuna, la oposición se ha manifestado casi unánimemente en contra, e incluso ha anunciado la interposición del recurso de inconstitucionalidad.

Resulta evidente que la palabra clave, la palabra “trampa” de la medida, es el término REVISABLE, que permite limpiar conciencias y hacer que la gente no piense lo que en realidad es: condenar a una persona a la cadena perpetua. Es decir, que por un hecho cometido en el pasado, hace más de 20 o 30 años, pasará el resto de su vida en prisión, sin esperanza de cambio ni redención.

Una perspectiva que, tal y como los juristas han reiterado, choca frontalmente con nuestra Constitución que condiciona y orienta las penas de prisión a un fin: la reinserción. Pero ¿qué importa este principio fundamental frente a una sociedad dirigida por titulares que buscan el impacto, donde las noticias del miedo juegan un papel determinante día tras día en los informativos (junto al tiempo y el fútbol), y el contenido de las leyes es intuido por el nombre con el que son bautizadas más allá de su contenido real?

¿Hubiera tenido el mismo éxito la pregunta si se hubiera formulado sobre la cadena perpetua? El término es tan abrupto que ha desaparecido de las legislaciones, siendo sustituido por eufemismos tales como “prisión perpetua” o “por tiempo indeterminado”, ya que al menos no se encadena a la gente a un muro. Algo se ha avanzado.

Así, mientras los juristas y defensores de los derechos humanos se desgañitan cuestionando una medida populista y probablemente inconstitucional, la sociedad víctima de la fábrica de miedo ve cada vez con mejores ojos medidas que quizás sepa injustas y extremas, pero que le permiten dormir más tranquila.

Afortunadamente la mayoría de los representantes públicos se han mantenido en la razón, la justicia y el sentido común cuestionando su inclusión en el código penal. Esperemos por ello que la vigencia de esta medida, que pronto formará parte del marco jurídico español, dure el menor tiempo posible- como mucho hasta las próximas elecciones generales- y de ese modo no se le aplique a nadie.

En cuanto a la reforma de la regulación penal de los delitos de terrorismo, ha contado con la firma del PPSOE, ansiosos ambos por escenificar un acuerdo, y  de nuevo según publica El País, la encuesta de Metroscopia informa de que cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad, a la que se le ha preguntado sobre el título del acuerdo (Un Pacto Antiterrorista) y poco o nada sobre su contenido normativo.

Quizás fueron esas mismas encuestas las que han llevado a un Partido Socialista a la deriva a firmar el pacto que permitirá perseguir como terroristas a todos aquellos que protestemos, investiguemos o pensemos, sin darse cuenta de la contradicción en la que estaba incurriendo al incluir la prisión permanente revisable que había cuestionado.

Por el bien del Estado de Derecho sería conveniente que dejaran de legislar a golpe de encuesta o titular, llamaran a las cosas por su nombre y dejaran los eufemismos para la literatura.

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