Un juzgado declara ilegal la actuación de la Fiscalía que dejó en la calle a un menor migrante

La justicia ha tumbado otra actuación irregular de un fiscal que dejó en la calle, sin ninguna protección, a un menor de edad en desamparo. Ese menor es Toumani, un maliense de 16 años que llegó solo a España y debería haber sido acogido por los servicios de menores. Pero no fue así. En octubre decía a eldiario.es que no entendía por qué la Fiscalía catalana no creía la edad que ponía en su pasaporte y le había decretado mayor de 18 años. “Dice que el pasaporte no es bueno”, lamentaba el chico. Ahora, un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona ha declarado contraria a la ley la actuación de la Fiscalía. Toumani ha pasado más de siete meses fuera del sistema de protección.

Lo que le ocurrió a Toumani (nombre ficticio), aunque ilegal, no es raro. Los menores migrantes que llegan solos a España deben ser protegidos por las autoridades al igual que cualquier menor en situación de desamparo. Si no tienen documentación que acredite su minoría de edad –algo frecuente–, y por su aspecto no resulta evidente, la Ley de Extranjería establece que el Ministerio Fiscal ordenará la realización de pruebas médicas de determinación de la edad, que consisten en exploraciones y radiografías.

Pero las actuaciones de los fiscales van más allá de lo que marca la ley en muchas ocasiones, como ha vuelto a manifestar esta sentencia. Desde hace años, varias organizaciones sociales denuncian que la Fiscalía ordena practicar las pruebas de edad –por sí mismas criticadas por su carácter invasivo y su amplio margen de error– a menores con documentación, como Toumani.

Ante las continuas denuncias de las ONG, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia en 2014 con dos sentencias: un menor con un pasaporte válido no puede ser ser sometido a las pruebas de edad. “El Supremo en realidad no descubrió nada nuevo, solo reiteró lo que decía la ley pero parece que cuando hay un extranjero de por medio existen muchas más interpretaciones”, critica el abogado experto en Derecho de Extranjería Francisco Solans.

Esas dos sentencias no fueron las únicas: “Ya van diez”, indica Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces. Pese a ello, aunque con menos frecuencia, los fiscales han seguido ordenando pruebas de edad a chavales con pasaporte o partida de nacimiento. Lo ha denunciado también la ONU en febrero.

Además de a Toumani, también le ocurrió a Adika, de 17 años y procedente de Ghana, que contaba su historia desde un cuarto plagado de humedades en el que se cobijaba. Y recientemente le sucedió a M.K., maliense de 16 años, se ha quedado en la calle después de no querer someterse a estas pruebas, ordenadas por la Fiscalía madrileña. “Tenía pasaporte y, por tanto, estaba documentado y no se las tenían que hacer”, sostiene Reyzábal, que ha llevado también su caso a los tribunales.

“No tendrían que haber ordenado las pruebas”

“La sentencia a favor de Toumani vuelve a reiterar lo dictado por el Supremo”, indica su abogado Albert Parés, de la asociación Noves Vies. El texto, al que ha tenido acceso eldiario.es, reza: “La Fiscalía de Menores de Barcelona no tendría que haber ordenado la realización de pruebas adicionales para la determinación de la edad del actor dado que no se trata de una persona indocumentada, sino que él mismo aportó documentación oficial que acreditaba su identidad y su minoría de edad”.

Cuando expulsaron a Toumani a la calle, un portavoz de la Fiscalía Provincial de Barcelona indicó a este medio su razonamiento para no aceptar el pasaporte del chico, expedido en la Embajada de Mali en Madrid: “Es evidente que no hay que creer lo que pone en el pasaporte, a menos que nos obligue un tratado internacional, que no es el caso, sólo obliga con Marruecos, y es dudoso si con Túnez, Argelia y Mauritania”. La justicia ha quitado la razón a la Fiscalía, una vez más. Ahora Toumani ya está en un centro de protección de menores.

Solans considera también que las razones alegadas no se sostienen con la ley en la mano. “Un pasaporte es un documento público y solo es rebatible si se demuestra su falsedad. No puede ser que lo que un fiscal crea quede por encima de un documento público”.

La Fiscalía del Estado, en el punto de mira

Como recuerdan Albert Parés y Lourdes Reyzábal, los casos que ambos han llevado a los tribunales siempre han acabado en éxito para los menores. En el camino, los adolescentes no han tenido un techo, comida, educación, protección ni cuidados a los que tenían derecho. “M.K. hay que recordar que lleva en esta situación dos años. Una vez que lo encontró la policía cuando dormía en la calle, lo llevó a un centro de menores porque no dudó ni un momento de que era un niño por su aspecto físico”, afirma Reyzábal.

La sentencia de Toumani vuelve a insistir, además, en que la Fiscalía no puede decir que un pasaporte no es válido sin “impugnarlo”. “La Fiscalía dice que no se cree los registros civiles de estos países, pero solo ocurre en los casos de estos niños que están solos y son vulnerables”, denuncia la presidenta de la Fundación Raíces. Si la policía quisiera echar a estos chicos del país, tendrían en cuenta el lugar de procedencia de su pasaporte. Si quisieran pedir asilo al superar los 18 años, también lo harían siguiendo los detalles de ese pasaporte. El documento solo supone un problema cuando demuestra la minoría de edad del niño, y como consecuencia el Estado debe protegerlo.

El letrado Albert Parés apunta que, desde hace una semana, ha visto una nueva actitud en la Fiscalía catalana. Tiene dos casos en los que la Fiscalía le ha reunido para hablar del pasaporte de unos menores. En el primer caso, ha aceptado el documento y el joven está protegido. Solans reitera: “Es que ya no hay margen de duda. No es que lo diga muy claro la ley, es que hay infinidad de sentencias que dicen que un menor con pasaporte no está indocumentado”.

Que todavía persistan tantos casos en los que los fiscales actúan en contra de la jurisprudencia del Supremo inquieta al abogado especialista. “La Fiscalía tiene una estructura muy rígida: los fiscales se deben a su jefe. Si el fiscal general del Estado no dice nada ante esta situación, cuando es un problema que no es de ayer, demuestra una dejación de responsabilidad muy evidente”, zanja Francisco Solans.