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Montoro blinda en la Agencia Tributaria a inspectores afines al PP con un polémico concurso

"El Gobierno coloca y promociona a seis meses de las elecciones a varios inspectores de Hacienda de dudosa procedencia", según UGT

Un íntimo amigo del ministro, el imputado exvicepresidente valenciano Vicente Rambla o el hermano del actual director de la agencia y varios exaltos cargos de este partido, entre los agraciados

Para CCOO, el procedimiento elegido "intenta revestir de legalidad un concurso que se sustancia por el sistema de libre designación en sus formas"

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras un Consejo de Ministros.

José Miguel Martínez, amigo personal del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; el exvicepresidente valenciano Vicente Rambla, doblemente imputado por el caso Gürtel, o Rogelio Menéndez, hermano del actual director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, son algunos de los nombres próximos al PP que han sido agraciados en un concurso para funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado que ha provocado un notable malestar en amplios sectores de este colectivo, que aglutina a unos 1.800 profesionales.

Con la carrera profesional en punto muerto en la Agencia Tributaria desde 2010 con la excusa de que no hay presupuesto, al concurso, que ha colocado muy cerca de la cúspide de la escala funcionarial a un generoso colectivo de profesionales, aprovechando una remesa de inspectores que se jubilaban, le han llovido críticas de varios de los sindicatos presentes en la Agencia, según confirman múltiples fuentes.

La siempre diplomática organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha reconocido, en su boletín de diciembre, que "la resolución del concurso ha dejado malestar en parte del colectivo", mientras que otros sindicatos con representación en la Agencia Tributaria han sido mucho más críticos. UGT lo ha calificado de "despropósito" y ha asegurado que "el Gobierno coloca y promociona a seis meses de las elecciones a varios inspectores de Hacienda de dudosa procedencia". 

Según CCOO, en la valoración de las candidaturas la Administración se concedía "el derecho de reservarse la potestad de otorgar, o no, a un puesto de trabajo, 3 puntos de forma discrecional, es decir, adoleciendo de cualquier motivación", con un procedimiento que "intenta revestir de legalidad un concurso que se sustancia por el sistema de libre designación en sus formas".

Las bases, según UGT, incluían "criterios de selección que han permitido a las personas beneficiarias ascender en su carrera por encima de sus compañeros de promoción, gracias a haber sido tenidos en cuenta criterios de experiencia en puestos políticos, que nada tienen que ver con su capacidad para trabajar eficazmente como inspectores de Hacienda, resultando, en algunos casos, incluso contradictorio éticamente con sus propias actuaciones".

El caso más llamativo es el de Rambla, que el 5 de julio dimitió como diputado de las Cortes Valencianas tras su imputación en la trama valenciana del caso Gürtel. Nueve días después, se publicó en el BOE la convocatoria del concurso y en septiembre, el que fuera hombre fuerte de los expresidentes valencianos Eduardo Zaplana y Francisco Camps, vicepresidente de esa región hasta 2011, confirmó que dejaba el despacho Cuatrecasas (donde había compatibilizado dos años su actividad con la de diputado regional) para volver a la Agencia Tributaria "con humildad e ilusionado".

En diciembre, se resolvió el concurso que consolidaba su puesto de inspector de Hacienda C de la delegación de Valencia con un complemento específico de 33.376,56 euros anuales. 

Fuentes de la Agencia Tributaria dicen que Rambla "obtuvo plaza de idéntico nivel y retribución que la plaza que hasta esa fecha ostentaba" y que "este tipo de plazas en concreto se asignan de modo exclusivamente objetivo teniendo en cuenta elementos como la antigüedad en la Administración y en el Cuerpo".

A Rambla se suma José Miguel Martínez Martínez, considerado muy cercano a Montoro, que le colocó en 2012 al frente de la empresa pública Loterías y Apuestas del Estado (dependiente de Hacienda), cargo del que dimitió en agosto de 2013, tras los malos resultados de la empresa, por "problemas de salud". Tras ese concurso, Martínez se ha convertido en jefe del Equipo Nacional de Inspección (ENI), con un complemento retributivo específico de 41.206,06 euros al año.

"Méritos objetivos"

Desde la Agencia Tributaria señalan que, en este caso, "la valoración de los méritos específicos y del trabajo desempeñado era precisa para optar a este puesto, y fueron valorados de modo adecuado teniéndose en cuenta sus aptitudes y rendimientos por parte de sus superiores en un proceso reglado. Esos puntos se unen al resto de los que acumulaba por otros méritos objetivos".

En el caso de Rogelio Menéndez, hermano del actual director general de la Agencia, ha logrado un puesto equivalente al de Rambla en Madrid pese a que "de los últimos ocho años ha estado seis ausente de la Agencia", según el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT). Según la Agencia Tributaria, el hermano de su director general "obtuvo plaza de Inspector C, si bien no tomó posesión y al mes se adjudicó la plaza al siguiente inspector que había optado a la misma".

"Este tipo de plazas en concreto se asignan de modo exclusivamente objetivo teniendo en cuenta elementos como la antigüedad en la Administración y en el cuerpo", reiteran fuentes de la agencia, que añaden que Menéndez "ha ostentado cargos de confianza hasta el rango máximo de Subdirector General" con el Gobierno socialista entre 2009 y 2011.

Nombramientos "sujetos a razones políticas"

Según UGT, "el colectivo de inspectores de Hacienda ha mostrado internamente su enfado y ha rechazado estos nombramientos, por considerarlos arbitrarios y sujetos a razones políticas. Se han producido numerosas denuncias públicas y anónimas de personas y sindicatos que rechazan esta forma de atacar la independencia y objetividad que debe tener un cuerpo como el de inspectores de Hacienda del Estado".

Este sindicato ha criticado que el procedimiento de promoción del concurso era "muy complejo en la valoración, con unos criterios farragosos y muy difíciles de entender", y que Hacienda se ha empeñado en resolverlo "a la mayor brevedad posible". 

La Agencia Tributaria argumenta que este tipo de concursos se basan en "un procedimiento público, transparente, sometido a múltiples controles y susceptible de recurso", "en el que no caben decisiones discrecionales ni libres designaciones". Este en particular ha contado "con la intervención y presencia de los distintos sindicatos de la AEAT" y "no se han recibido quejas, ni reclamaciones, en relación con la obtención de plaza por parte de las tres personas a las que se alude" (Rambla, Martínez y Menéndez).

En el concurso también han consolidado sus plazas, entre otros, la expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que dimitió por el caso 'Gescartera', Pilar Valiente; Miguel Ángel Wert Ortega, hermano del ministro de Cultura, Juan Ignacio Wert; y exaltos cargos de confianza del PP como Bernardo Pérez de León Ponce, un habitual de los seminarios de FAES que desde 1998 hasta 2000 fue asesor de la Oficina del Presupuesto de Presidencia del Gobierno y entre 2000 y 2004, director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; o Eladio Tesouro González, exdirector general en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre como presidenta y, antes, subdirector general en el Fondo Español de Garantía Agraria durante la primera etapa de Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura.

El procedimiento ha permitido adjudicar 387 puestos (los 271 convocados y otros 116 como consecuencia de las bajas generadas por funcionarios que se han movido a otros puestos), y sus beneficiarios se han garantizado, además del ascenso o la consolidación de su categoría, un complemento específico de entre 30.626,68 y 41.206,06 euros anuales, dependiendo del destino. Ninguno va a cobrar menos de 70.000 euros brutos anuales, según fuentes sindicales.

SIAT, que ha calificado el concurso de "atropello", sospecha "que el objetivo último de este concurso no es la movilidad geográfica sino premiar a concretos participantes con suculentas subidas salariales. Un mecanismo tan complejo de puntuación no puede perseguir otro objetivo". Esta organización, que cifra en 1.101.194,64 euros anuales el coste de estas promociones, abandonó la mesa de valoración del concurso por considerar que se ha "traspasado la línea roja al adjudicar varios puestos hechos a medida".

La Agencia Tributaria replica que la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, que no comenta este asunto, trasladó al colectivo en diciembre que el concurso, cuya convocatoria valoró "positivamente", ha supuesto “un importante avance en la carrera administrativa de los compañeros”. Esa asociación, asegura la Agencia, ha mantenido “un contacto muy fluido con Recursos Humanos” durante la resolución del concurso, que “ha incrementado la objetividad en los incrementos por los Departamentos de los méritos específicos, respecto de lo ocurrido en anteriores concursos”.

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