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Solo saben recortar los salarios (los de los demás)

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El Círculo de Empresarios vuelve a insistir con la propuesta clásica de la patronal para acabar con el paro: bajar aún más los sueldos de los trabajadores. Proponen rebajar el salario mínimo para jóvenes y parados, precarizar aún más los contratos, reducir las cotizaciones sociales y “profundizar” en esa reforma laboral que les parece bien, pero escasa. No es una idea nueva. Es lo mismo que ya pedía el honesto Díaz Ferrán: “Hay que trabajar más y ganar menos”. Tampoco es una propuesta muy alejada de la política económica del Gobierno. Lo que sorprende es la obcecación contra un salario mínimo que no es un problema en España, que no está entre las causas de nuestra tasa de paro y que tampoco lastra nuestra competitividad, salvo que pretendamos competir con las fábricas esclavistas del sudeste asiático.

Los datos. El salario mínimo español –645,3 euros al mes en 14 pagas–  está entre los más bajos de la eurozona. Es un 23,95% inferior a la media de los países euro y está prácticamente en la media de la UE27 –que incluye a los países más pobres del este de Europa–. En la práctica, ese salario mínimo ni siquiera es el sueldo mínimo real para un trabajador en España: los contratados a tiempo parcial, las empleadas del hogar, los trabajadores de la economía sumergida, los becarios o esos falsos autónomos a los que el Gobierno llama pomposamente “emprendedores” suelen estar por debajo de esas cantidades mensuales.

Tampoco existe una relación directa entre el abaratamiento de los sueldos y la disminución del paro. Ahí está la estadística de los últimos años para demostrarlo: los salarios no han parado de bajar mientras el paro se disparaba. Es cierto –y en eso tiene razón la patronal– que las cotizaciones sociales son muy altas en España y que no tiene sentido que los impuestos más elevados graven el trabajo en un país donde el problema más urgente debería ser el paro. Pero la solución no pasa por rebajar las cotizaciones sin más –eso quebraría el sistema de pensiones–, sino por una reforma fiscal integral que equilibre lo que deje de ingresar la Seguridad Social con otros impuestos.

El verdadero problema para la competitividad de nuestra economía es otro. Tiene que ver con algo de lo que se habla poco: la ausencia de una verdadera competencia en mercados como el de las telecomunicaciones, los combustibles o la electricidad. Que la luz o el ADSL cuesten en España más caro que en Europa no solo afecta a cada familia, sino también a todos los servicios y productos que exportamos. Ante este problema, el Gobierno ha decidido eliminar todos los organimos reguladores de la competencia para unificarlos en uno solo. Se supone que es “para ahorrar”, aunque en la práctica esto sirve para que el PP pueda nombrar al frente de estos árbitros del mercado a dirigentes afines. Todo queda así atado según el más puro estilo liberal a la española, donde la competencia es para los parados o para las cafeterías, no para las grandes empresas.

Además, tiene su cosa que en un país donde los salarios de los altos directivos siguen subiendo, el problema sea el salario mínimo. El año pasado, el sueldo promedio de los consejeros del Ibex 35 creció un 7,6%. La austeridad va por barrios.

Las leyes están para cumplirlas

En 1980, España firmó la Carta Social Europea, un tratado que comprometía al Gobierno a elevar paulatinamente el salario mínimo hasta que llegase al 60% del salario medio. En 2010, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa criticó a España por no cumplir este acuerdo. Si ese tratado se respetase, el salario mínimo español debería superar los 1.000 euros mensuales. Esperen sentados.

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