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Dimitir y devolver el dinero, esa extraña costumbre

La resistencia de los políticos españoles a resarcir el daño y asumir sus responsabilidades demuestra la baja calidad de nuestro sistema democrático

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¿Pueden los diputados y senadores pagar con dinero público sus viajes personales? ¿Qué castigo hay si son pillados? Depende. Hay tres ejemplos muy similares con consecuencias bastante distintas.

El entonces senador del PP José Antonio Monago viajó una treintena de ocasiones a Canarias a visitar a una amiga. Después de mentir –y asegurar que eran viajes de trabajo porque los personales los pagaba de su bolsillo–, ahora dice que va a devolver el dinero. No dimite, por ahora.

El  diputado del PP por Teruel Carlos Muñoz también viajó gratis a Tenerife, a ver a la misma amiga de Monago en las islas Canarias, también a costa del Congreso. Él sí dimite, pero asegura que no piensa devolver el dinero.

Y la diputada autonómica Montserrat Capdevila, del PSC, también cargó al Parlament catalán varios viajes privados en AVE a Madrid. En total, unos 3.000 euros, que ya ha devuelto. No dimite, pero ahora mismo está imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, acusada de un delito de malversación de fondos públicos. Se sentará en un juzgado y será juzgada por un jurado.

Uno dimite, dos no. Dos devuelven el dinero, el otro no. Una es imputada por la justicia, los otros dos no. Todo tan coherente como de costumbre.

Cada año, de media, cada diputado se gasta 19.285 euros en viajes. Nadie en el Parlamento sabe el detalle de estos gastos, tan opacos como los fondos reservados. El propio Congreso ni siquiera cumple su reglamento, que obliga a presentar cada año los detalles de su presupuesto. La ley está en vigor desde 1982 pero nunca se ha cumplido. Que la mismísima sede de la soberanía popular sea una de las instituciones más opacas da la medida de nuestra débil democracia.

No sorprende que, en la oscuridad, la mierda haya florecido. Pasa siempre y no tiene nada que ver con el supuesto “carácter” mediterráneo. Lo mismo sucedió en el Reino Unido, con el escándalo de los gastos de decoración de viviendas de parlamentarios a costa del dinero público.

En el Congreso y en el Senado muchos son los políticos que están hoy durmiendo poco, preocupados porque la opinión pública conozca importes y destinos exactos de sus viajes, un listado que probablemente sería un golpe tan contundente para la credibilidad de los actuales partidos como lo han sido las tarjetas 'black' de Caja Madrid. En voz baja muchos lo reconocen: no son pocos los parlamentarios que han abusado de estos viajes gratis durante décadas.

El presidente del Congreso, en mitad de este enésimo escándalo,  admite que no hay control alguno y que ni él ni la Mesa se ocupan de esas minucias. Según Jesús Posada, los diputados tienen que moverse por todo el país “con total libertad”, y por supuesto que es así. Pero esa libertad de movimientos es perfectamente compatible con la transparencia en el gasto público. Si se trata de viajes por trabajo parlamentario, ¿cuál es el problema de que estos detalles sean públicos, como lo son en otras democracias?

Si Posada no tiene tiempo ni ganas de vigilar a sus señorías, que no se preocupe. Basta con que publique esos datos y ya nos ocuparíamos de comprobar que no haya abusos la prensa y los ciudadanos.

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