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Solicitan el amparo de la ONU para garantizar los derechos de los inmigrantes en Vitoria

Natalia González de Uriarte

La asociación de defensa de los derechos humanos Argituz, tras la interrumpición in extremis por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de unos talleres escolares contra el racismo y la xenofobia, hechos adelantados por eldiarionorte.es,  ha solicitado el amparo a Naciones Unidas. El colectivo denunciante considera que la población inmigrante de la ciudad sufre una vulneración del derecho a ser protegida por parte de las instituciones competentes, en este caso, el consistorio.

En su escrito, ya registrado ante la ONU, se refieren al preámbulo y varios de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos -promover y proteger los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a debatir nuevas ideas y a acceder a nuevos recursos- que consideran conculcados con la retirada de los talleres contra el racismo a escasos ocho días del comienzo de los mismos, “de forma inesperada y fulminante”.

Desde Argituz entienden que la decisión de suspender los talleres de prevención de la xenofobia, que afecta a 400 alumnosd e la ESO, no está fundamentada en derechos pedagógicos o técnicos. La decisión adoptada “es más preocupante” porque se enmarca, a juicio de Argituz,  en un contexto de actitudes, proclamas y ataques a la igualdad y derechos de las personas migrantes. “Esta decisión se toma cuando se respira un ambiente enrarecido en la ciudad,  creado a raíz de una serie de declaraciones y de propuestas del alcalde, Javier Maroto, y de otros representantes institucionales de su partido, el PP, en relación con las personas migrantes. Los derechos humanos no son una opción política que pueda suspenderse durante los tiempos de dificultades económicas o asignarse solamente a algunas personas en función de su origen, sexo o situación administrativa”.

La solicitud pide el amparo en concreto de tres relatores especiales de la ONU, al relator especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, al relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo y xenofobia y formas conexas de intolerancia y al relator especial sobre la promoción y protección de derecho a la libertad de opinión y expresión. Tambien piden la intervención a una experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional.

La solicitud de amparo la han registrado el activista Andrés Krakenberger, conocido por su labor en Amnistía Intenacional y por ser portavoz de la Asociación contra la pena de muerte “Pablo Ibar” y Juan Ibarrondo, coordinador del taller 'Detector de mentiras sobre personas migrantes'.

La forma de proceder de los relatores de la ONU a partir de estas denuncias consiste en recopilar información de los diferentes estamentos implicados y establecer un diálogo escrito o presencial para aclarar lo sucedido. Después dictan recomendaciones al Gobierno de España para que se resuelva el problema denunciado y evaluan los avances que se hayan podido desarrollar en el caso, según ha explicado Andrés Krakenberger. “No sabemos si enviarán las recomendaciones la Gobierno de Madrid para que intercedan o lo harán directamente con el Ayuntamiento de Vitoria, pero suelen tener como interlocutores a los gobiernos de las naciones”, ha aclarado Krakenberger.

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