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¿Es la escuela catalana una fábrica de independentistas?

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Durante las últimas semanas ha tomado fuerza en el debate público la propuesta de que el Gobierno Central intervenga la educación catalana con el fin de desactivar la oleada independentista que vive Catalunya. Sin ir más lejos, el pasado martes el diputado de Ciudadanos Toni Cantó denunció en el Congreso de los diputados la existencia de adoctrinamiento nacionalista en las aulas catalanas y presentó en nombre de su grupo parlamentario una moción para garantizar la neutralidad ideológica en los centros docentes. Tras las propuestas como la planteada por Ciudadanos el pasado martes se esconde el supuesto de que el sistema educativo catalán es el responsable del aumento del independentismo en Catalunya. Intervenir la educación sería, por lo tanto, una solución para acabar con el “problema catalán”.

Ciertamente, existen pocas dudas de que la educación ha sido, de siempre, un importante instrumento a manos de los Estados para fomentar la identidad nacional entre los ciudadanos. En este sentido, no se trataría de una práctica idiosincrática de las instituciones catalanas, sino que también ocurriría en el conjunto de España y el resto de países que nos rodean. Un buen ejemplo de ello son las declaraciones del exministro de educación José Ignacio Wert en el Congreso de los Diputados acerca de la voluntad del Gobierno Central de intentar " españolizar a los alumnos catalanes". 

Otra cuestión es, sin embargo, considerar que el adoctrinamiento en las aulas sea uno de los principales responsables del auge del movimiento independentista que ha tenido lugar en Catalunya en la últimos años. ¿Existe evidencia de que el proceso soberanista ha sido impulsado a traves de la educación pública catalana? Veámoslo de forma muy sencilla con los datos de encuesta que disponemos.

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Tras la huella de la corrupción municipal. El caso de Aragón

¿Afectan los escándalos de corrupción a un gran número de ayuntamientos? ¿O se habla mucho de corrupción en prensa pero en realidad hay pocos ayuntamientos implicados? Obviamente la mayoría de la corrupción queda oculta, pero conocer el número de alcaldes involucrados en algún escándalo de corrupción en prensa nos puede dar una idea de la prevalencia de la misma y de los tipos de corrupción más frecuentes. Sin embargo, los estudios sobre escándalos de corrupción en los ayuntamientos son muy incompletos. La mayoría de casos se producen en municipios pequeños y sólo reciben cobertura periodística en periódicos locales o regionales. Además, las noticias más antiguas están enterradas en archivos y bibliotecas no digitalizados.

Para conocer el volumen real de escándalos de corrupción publicados en prensa desde la transición española hemos realizado una búsqueda exhaustiva en Aragón, una Comunidad Autónoma que en Piedras de Papel tomamos a menudo como zona bastante típica o representativa del resto del país. Hemos recopilado cada uno de los casos de corrupción en municipios aragoneses que involucran a alcaldes publicados en periódicos regionales y locales entre 1980 y 2016, consultando a periodistas y asociaciones de expertos y acudiendo a los archivos históricos. Los datos de este artículo son los más completos existentes en una Comunidad Autónoma hasta la fecha.

De los 731 municipios de Aragón, 82, un 11%, se han visto involucrados en al menos un escándalo de corrupción desde 1980. En muchos municipios se produce más de un caso de corrupción, llegando a un total de 191 casos diferentes. El municipio con más casos es Zaragoza, seguida a mucha distancia de Calanda y Huesca. El primer gráfico muestra la evolución de la aparición en prensa de nuevos escándalos de corrupción local:

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El procés y los referéndums desde abajo

Gomà (SCC): No os podrán dividir, aquí está la voz de la mayoría de catalanes

Hace escasamente unos meses, las divisiones internas y estratégicas entre los impulsores del procés habían proliferado y el apoyo a la independencia catalana estaba en declive. Asimismo, los sectores partidarios de la independencia contaban con una capacidad de movilización social que, si bien todavía importante, se estaba viendo mermada. Pero los acontecimientos que tuvieron lugar las semanas precedentes al 1-O — con las autoridades españolas promoviendo medidas judiciales contra los promotores de la votación, clausurando páginas web e interviniendo pagos de la Generalitat— y la violenta represión policial que tuvo lugar el mismo día de la votación, han hecho rebrotar la movilización y resistencia social en multitud de formas, así como los sentimientos de agravio, frustración y desesperación de una buena parte de la sociedad catalana.

Aunque ciertos sectores de la opinión pública — y autoridades políticas— todavía conciben el acto de votación del pasado 1 de octubre como un empeño impulsado por los líderes políticos catalanes (ya sean el PDeCAT, ERC, las CUP o la propia Generalitat), esta interpretación centrada en élites e instituciones no justifica los altos niveles de resistencia y movilización de una gran parte de la ciudadanía catalana el pasado domingo. Es más, esta perspectiva no explica los 2,3 millones de votos depositados en el referéndum no oficial ni vinculante en noviembre de 2014, minimiza la importancia de los centenares de referéndums municipales que han tenido lugar a lo largo y ancho de los municipios catalanes desde 2009 e ignora las centenares de miles de personas que se han venido concentrado por el derecho a decidir y la independencia desde el 2010, especialmente en las diadas. En definitiva, esta perspectiva ignora el gran ciclo de contestación popular que ha tenido lugar en Cataluña, y que desborda la lógica puramente institucional.

La avalancha informativa de los últimos días se ha centrado en las acciones de la Generalitat, en las tecnicidades legales de las diferentes actuaciones (desde la represión policial a una eventual Declaración Unilateral de Independencia) y en la relación institucional entre España y Cataluña, sin dar cuenta del carácter persistente, multitudinario y heterogéneo del movimiento catalán en favor de la auto-determinación. Es cierto que a medida que las olas de contienda avanzan, la frontera entre política institucional y sociedad civil tiende a difuminarse (sirva a modo de ejemplo la actual presidenta del Parlament, Carme Forcadell, anterior líder de la ANC), pero no podemos entender el procés catalán en toda su plenitud sin tener en cuenta y responder a la presión ejercida “desde abajo”, al malestar y a las demandas de reconocimiento de una buena parte de la sociedad civil catalana. 

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Dos noticias para los incendiarios de Twitter

Hace unas cuantas semanas me crucé en mi TL con la referencia a un artículo titulado “La emoción da forma a la difusión del contenido moral en las redes sociales” publicado por varios científicos sociales de la Universidad de Nueva York en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los autores crearon una megabase de datos con 563.312 tuits sobre tres asuntos que polarizan a la sociedad norteamericana: el control de las armas, los matrimonios entre personas del mismo sexo y el cambio climático. Su objetivo era ver de qué forma algunos mensajes políticos se convierten en virales, pero otros no. Para ello codificaron y clasificaron los tuits según el número de palabras con un sentido moral y/o emocional. Posteriormente utilizaron esta información para predecir el número de retuits que recibían.

Durante estos días, las conclusiones de este interesante artículo han vuelto a mi cabeza cuando he tenido la ocurrencia de volver a pasar por mi TL. Voy a resumirlas aquí sin añadir nada que me aleje del objetivo de este blog: la divulgación sobre el análisis de datos.

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La acogida de refugiados en España. ¿Y si fuera…?

Al pensar en quienes abandonan de manera forzada sus hogares y se instalan en otros países como solicitantes de asilo y refugiados, nos suele inundar un alud de sentimientos. Esto explica que se haya escrito y hablado con mucha vehemencia sobre la actual crisis de los refugiados. La combinación de vehemencia y las emociones dificulta que pensemos en la gestión del refugio como una política pública. Y, sin embargo, lo es.

El caudal de solidaridad que ha emergido de esta crisis no debe limitarse a la expresión de un descontento que nos deje en paz con nosotros mismos. Es necesario reflexionar sobre cómo buscar soluciones y evaluar si los sistemas existentes son eficaces para dar una asistir a personas cuya normalidad se ha visto truncada con violencia. Creemos que la mayor parte de nuestra sociedad ha reclamado solidaridad sin exigir a las autoridades competentes una gestión exitosa del refugio y el asilo. En España, el malestar no se ha traducido en presiones para impulsar la modificación de la ley de asilo o el desarrollo reglamentario de la norma vigente, ni ha fomentado el debate sobre cómo mejorar la gestión de la acogida y, de forma general, no ha reclamado transparencia y resultados concretos a las administraciones competentes. En nuestra opinión, incluso las actuaciones con más impacto mediático llevadas a cabo por muchos ayuntamientos no han pasado de ser gestos bienintencionados que no ofrecen una solución integral al problema. Para convertir nuestro sistema de asilo y refugio en un instrumento eficaz que repare el perjuicio causado a personas que han abandonado sus hogares por causas siempre violentas, debemos exigir a las administraciones públicas la aplicación de principios básicos que no disten de los que se aplican en otras políticas públicas.

Con el fin de contribuir al debate constructivo, comparemos la forma en que España y Alemania distribuyen territorialmente a las personas refugiadas. Como veremos, el modelo alemán y el español reflejan distintos niveles de previsión y reflexión sobre el asunto.

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El absurdo cambia de bando

En este blog se cree mucho en la rotación, de modo que nuestra jefa de turno, Amparo González, me dijo hace unos días que, también por turno, me tocaba a mí escribir hoy. Disculpen que acuda al metarrelato, no es que me guste, pero es que me he quedado sin artículo. Pensaba titularlo algo parecido a "cosas que seguirán siendo ciertas", y hacer una enumeración de hechos con los que contar para una futura negociación política sobre la cuestión catalana.  Mis opiniones básicas apenas han cambiado hoy, pero avanza el día y ya no estoy seguro de los hechos, de modo que me toca apresurarme a opinar, por lo que pueda valer.

El referéndum podría y debería haber pasado como otra consulta informal, como el 9N, y aún más irregular. En lugar de eso, como sabemos, se ha tratado como si fuera un desorden y se ha provocado uno muy grave. Yo no sé si será cierto que el mundo está indignado, pero seguro que estarán perplejos ante la suma torpeza de las autoridades.  A quienes siguen hablando de quién empezó todo, o de los escritos de los jueces, debemos recordarles que el tiempo de enfrentarse al referéndum con puros silogismos lo han dejado pasar, por desgracia, y que una vez que se quiebra la paz y se ha perdido la cara, resulta inútil, tras el desastre en términos de consecuencias, intentar vindicar la actuación policial en términos legales.  Yo con los silogismos me manejo más o menos bien, pero no sería capaz de gobernar. Y los que ocupan el poder da la impresión de que tampoco.

En cualquier caso, la perplejidad lógica más importante es esta: si lo de ayer no era un referéndum (y en eso era fácil poner de acuerdo a la gran mayoría, participantes incluidos), entonces ¿por qué tenían que actuar la fuerza pública como lo ha hecho? El gobierno de La Moncloa ha convertido lo que para muchos podría tomarse como una burla y un desafío a la democracia en una reivindicación democrática expresada como desobediencia civil.  Nos guste o no, no veo cómo evitar esta verdad.

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¿Cuál es el nivel de satisfacción social con el Estado Autonómico?

Desde que el Presidente Carles Puigdemont anunciara el pasado 9 junio la decisión de la Generalitat de convocar un (nuevo) referéndum de autodeterminación, poniendo como fecha el 1 de octubre, la metáfora del choque de trenes ha cobrado un gran protagonismo en el debate político y mediático. Apenas unas horas después del anuncio, el portavoz del gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, garantizaba, en una rueda de prensa, que el referéndum no se celebraría por ser ilegal y que se utilizarían todos los instrumentos del Estado de derecho para impedir su celebración.

Del temido choque institucional ya hemos asistido a varios episodios. El primero, se produjo a principios de septiembre, con la aprobación, en el Parlamento catalán en un polémico y cuestionado pleno, de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana. El segundo, el pasado 20 de septiembre cuando se produjeron las detenciones, por orden judicial, de altos cargos de la Generalitat por su participación en la organización del referéndum.

Avanzando en una peligrosa espiral de acción-reacción que ha activado la protesta social en Catalunya y la tensión política en otros territorios, el conflicto institucional parece haber adoptado una peligrosa dimensión de conflicto social. La (no) jornada electoral del 1 de octubre puede convertirse en una masiva jornada social por el derecho a decidir. Aún no sabemos en que acabará la colisión institucional y hasta donde pondrán llegar los maquinistas, de un lado y otro, en su decisión de seguir adelante, sin activar el freno.

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La nación, el poder, la política y sus medios

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el president de la Generalitat, Carles Puigdemont

Cuando leo las noticias sobre el 1-O, de las que el presidente Mariano Rajoy está tan a menudo ausente, o cuando me ruborizo al ver cómo la Generalitat consigue que los mejores periódicos extranjeros publiquen sólo sus argumentos, pienso en el siguiente episodio, que puede interesar a los lectores de eldiario.es. A principios de los años noventa, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor ponía gran énfasis en que las normas jurídicas eran aquéllas que estaban integradas en la llamada pirámide normativa, la cual culmina en una norma fundamental. Según él, la pertenencia a la pirámide es el único criterio de validez, lo que aísla al derecho de la sociedad a la que supuestamente regula. Por ello, si las normas se cumplen o no era un problema que "no interesaba a nadie en esta facultad salvo a los del área de criminología y a los de ciencia política", decía orgulloso el profesor. En España esta idea del derecho ha tenido una recepción temprana y amplia. Su máximo exponente, Hans Kelsen (1881–1973), ya influyó en la constitución de la II República. Es razonable asumir que a Rajoy como estudiante le inculcaron una idea kelseniana del derecho. Los hechos parecen confirmarlo.

Quien me la enseñó a mí, por cierto, fue Manuel Aragón Reyes. El magistrado del Tribunal Constitucional propuesto por el PSOE que años más tarde votó en contra de la sentencia sobre el Estatuto de Catalunya, porque en su opinión "la Constitución … no permitía otra cosa". Es decir, el Estatuto debía someterse a la norma fundamental. Ésta es, según Aragón Reyes, la única fuente de validez porque "el pueblo de una comunidad autónoma", en este caso Catalunya, "no es soberano, no es poder constituyente" y por tanto el Tribunal Constitucional debía impedir que alterase la norma fundamental. Como veremos, esos cambios los deben hacer los políticos.

La resaca del estatuto y la sentencia, el 1-O, nos ha llevado a una situación enrevesada. Para salir de la misma Rajoy podría encontrar en lugares inesperados ideas útiles sobre lo que es posible y lo que no. Uno de esos lugares es Alemania, donde hubo una minoría nacional polaca hasta la Primera Guerra Mundial. Respecto a su encaje dentro de una federación democrática, Max Weber (1864-1920), el autor de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, propuso unas ideas que quisiera traer aquí a colación porque abordan distintos aspectos del problema del encaje catalán (y vasco) en el Estado autonómico. Son ideas básicas que el PP y, en menor media, el PSOE, se han negado a tomar en serio, pero la realidad acaba imponiéndose si no se pacta con ella.

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¿Qué catalanes quieren un referéndum pactado?

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Vista general del Parlament durante la discusión de la ley del Referéndum

Tras unos años en los que el apoyo a la independencia en Cataluña ha subido drásticamente (pasando de cotas de alrededor del 15 o 20% antes de 2010 a superar el 40% poco después), el independentismo parece haber encontrado un techo o incluso haber descendido en los últimos meses. Así, la situación más o menos estable que existe en Cataluña es una división entre dos grupos de parecido tamaño alrededor de la idoneidad de la independencia en Cataluña. Esto, además, tiene un reflejo en el sistema de partidos, donde se han ido configurando dos bloques: uno con partidos que están en contra de la independencia y otro con partidos que están a favor. Estos bloques son diversos internamente, pero la realidad es que las transferencias de voto entre ellos son bastante pequeñas.

Frente a este panorama, hace unos días mi compañero Lluis Orriols hablaba  aquí aquí del grupo de independentistas sobrevenidos e instrumentales que todavía podrían volver a conectar “con España”. Su argumento es que hay un grupo de independentistas, minoritario, que a día de hoy prefieren independencia a statu quo, pero que podrían hacer el camino de vuelta si pensaran que hay una alternativa distinta dentro del Estado. En este post querría hablar de otro grupo que también puede ser decisivo para cómo se terminen configurando las mayorías en Cataluña: los ciudadanos que apoyan un referéndum pactado con el Estado. Según datos del último barómetro del CEO (Centre d’Estudis d’Opinió), un 71% de catalanes está a favor de un referéndum. De ellos, dos tercios (un 48% de los catalanes) apoyan el referéndum con independencia de si es acordado o unilateral. En cambio, aproximadamente un tercio (23,4 % del total de los catalanes) está a favor del referéndum solo si es acordado con el gobierno español.

Gráfico 1: Preferencias por referéndum en Cataluña

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Secesiones democráticas

¿Cuándo una secesión puede considerarse como “democrática”? En el polarizado debate actual, la calificación sobre los procedimientos de unos y otros como “democráticos” o “antidemocráticos” sigue lógicas totalmente diferentes en función de quién los use. Para unos, lo que define un procedimiento como democrático es que se adopte de acuerdo a la regla de mayoría, contando preferencias individuales según el principio de “una persona, un voto”. Si los catalanes votan, y una mayoría de ellos decide optar por la formación de un nuevo Estado, estaríamos ante una secesión “democrática”. Para otros, lo que define algo como democrático no es la existencia de una mayoría en una parte del territorio, sino el respeto a los procedimientos a través de los cuales opera el régimen democrático existente. La secesión supone una ruptura del pacto original, y por ello ha de ser tramitada siguiendo los procedimientos constitucionales sobre los que se asienta el régimen democrático. Fuera de la legalidad constitucional no caben las secesiones “democráticas”. 

En el choque de estas dos lógicas estamos instalados desde hace ya bastante tiempo. ¿Es posible conciliarlas? A continuación expongo mi humilde intento.

Empecemos por reconocer dos principios sobre los que intentar construir una síntesis de estas dos lógicas. Esta síntesis no aspira a sustituir a las teorías normativas de la secesión existentes en la literatura (y en las que no soy en absoluto experto). Más bien, este ejercicio que propongo hay que entenderlo como una propuesta de arreglo pragmático que permita evitar el choque de legitimidades al que nos enfrentamos en la actualidad, y que sirva como andamiaje a partir del cual construir algo relativamente aceptable para todos, o al menos para una mayoría.

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