Desencuentro total entre el juez y la Fiscalía en el caso Villarejo

El regreso de la actividad al Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid tras el periodo estival ha reavivado el desencuentro entre el magistrado Arturo Zamarriego y el fiscal Alfonso San Román. Este último acaba de pedir, por segunda vez, que el instructor aparte de la investigación a los policías que señalan al comisario José Manuel Villarejo y a varios miembros de la cúpula policial de Jorge Fernández Díaz.

San Román alega que el comisario Marcelino Martín-Blas y su equipo no pueden investigar un presunto delito del que han sido “perjudicados” y advierte de que si no se atiende su petición puede producirse la nulidad de las actuaciones. El juez no ha resuelto formalmente la solicitud por ahora y ya ha previsto otra ronda de declaraciones.

Las vacaciones en el juzgado llegaron en un punto álgido de la investigación de la grabación ilegal a los policías y agentes del CNI que investigaban al Pequeño Nicolás. El comisario José Manuel Villarejo relató el 6 de julio al juez detalles de la ‘Operación Cataluña’ que el Ministerio del Interior siempre ha negado, lo que motivó la petición de documentación por parte del instructor al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz sobre los viajes a Cataluña del citado policía y Martín-Blas en busca de informaciones que pudieran dañar el proceso soberanista.

Aunque todavía no había trascendido, una semana antes de la declaración de Villarejo, el fiscal San Román había solicitado apartar a Marcelino Martín del caso el 29 de junio, un año después de que el comisario comenzara a investigar a las órdenes directas del juez y en colaboración estrecha con el fiscal. A principios de junio, Marcelino Martín había solicitado la detención de Villarejo y la imputación del entonces número dos de la Policía y artífice de la policía política, Eugenio Pino, entre otros miembros de la cúpula policial y periodistas.

En el informe que lo motivaba también se destacaba el estrecho vínculo entre Villarejo y otro de los comisarios investigados con el número dos de Interior, Francisco Martínez, aspirante a sustituir a Fernández Díaz al frente del departamento.

En un escrito con fecha del pasado martes, al que ha tenido acceso eldiario.es, el fiscal insiste en su petición al juez. “Los perjudicados por un delito no pueden ser, a su vez, los investigadores del mismo delito porque existe la posibilidad de que actúen en su propio interés, vulnerando la debida apariencia de imparcialidad exigible a todos los demás intervinientes en un proceso penal”, escribe San Román.

Martín-Blas es uno de los agentes que aparece en una grabación de más cinco minutos hablando sobre la investigación al Pequeño Nicolás, en octubre de 2014, días antes de la detención del joven. El audio acabó en varios medios de comunicación que destacaban en sus informaciones que los agentes hablaban de “lavar” pinchazos telefónicos, algo que los peritos de la Policía encargados de analizar la cinta niegan que se pueda oír.

La tesis de Marcelino Martín-Blas es que un periodista grabó la conversación activando un dispositivo en su móvil a través de una llamada, previa instalación en el aparato de la tecnología necesaria para ello. Ese periodista trabajaba en una web que dirige la esposa del comisario Villarejo, quien sería el “autor intelectual” de la operación, con el fin de provocar la nulidad de las actuaciones.

Villarejo, por su parte, denuncia que su excompañero en la Operación CataluñaOperación Cataluña quiere implicarle sin pruebas en el caso del presunto estafador. En casa del joven se encontraron anotaciones con el nombre del comisario Villarejo y de una de las falsas identidades que le había autorizado el Ministerio del Interior. Por el momento están imputados en esta pieza el periodista, la mujer de Villarejo y el propio comisario, jubilado recientemente.

“Por otro lado, no está de más recordar las declaraciones de varios testigos y del investigado señor Villarejo sobre la enemistad entre el comisario señor Martín-Blas y el investigado, el propio comisario Señor Villarejo”, añade en su último escrito el fiscal del caso. A continuación recuerda que Martín-Blas fue destituido de su puesto de jefe de la Unidad de Asuntos Internos cuando ya investigaba a Villarejo y que él mismo relaciona el cese con la misma. “Por tanto, pudiera existir enemistad del primero respecto del segundo”, añade.

“Un desbordamiento” de la investigación

A continuación, el fiscal decide justificar su actuación. Dice que desde el principio consideró que había indicios de delito en la grabación, “impulsó su investigación” y añade que ha solicitado la imputación de dos de los investigados (el periodista y la mujer de Villarejo, pero no del comisario). Pero incide en que se está produciendo “un desbordamiento” en las pesquisas que se deberían centrar en conocer al autor de la grabación ilegal y su difusión y a sus colaboradores. Pone como ejemplo el apartado del informe policial denominado “La protección de la Dirección Adjunta Operativa al comisario Villarejo”.

Son hechos, añade, que “nada tienen que ver con la investigación, salvo que se pretenda que la investigación se dirija contra determinadas personas y no sobre hechos concretos, lo que no está permitido en nuestro ordenamiento jurídico”. En el caso de que hubiera indicios de otros delitos, continúa, debería abrirse una nueva causa y enviarse a reparto. El fiscal San Román cierra el escrito con una grave advertencia: “En el caso de que no se atendiera esta petición, de acomodarse la investigación al objeto de la causa, se advierte de que podría producirse la nulidad de las actuaciones”.

El escrito del fiscal lleva fecha de 6 de septiembre. El siguiente movimiento del juez ha sido dictar una providencia en la que cita a declarar como testigos a dos guardias de seguridad de los juzgados que podrían haber presenciado la supuesta coacción de un subordinado de Martín-Blas al Pequeño Nicolás para que implicara a Villarejo. La denuncia de la defensa del joven provocó la apertura de una pieza separada por parte del juez.

Algunas partes personadas en la causa interpretaron un comentario del juez el pasado jueves como el convencimiento del magistrado Zamarriego de que la instrucción finalizará con un auto de pase a procedimiento abreviado, la fase previa a la apertura de juicio oral. Fue durante la toma de declaración de los agentes de la Policía Científica que redactaron el informe pericial incorporado a la causa, a los que subrayó la importancia de su testimonio en vistas al paso a una fase “intermedia” del caso.

Durante la toma de declaración a los agentes de la Policía Científica que redactaron el informe pericial incorporado a la causa, el juez Zamarriego les advirtió de la importancia de su declaración en vistas de una posi

Por otra parte, el juez hizo un comentario el pasado jueves que algunas partes interpretaron como el preludio de un cierre de la instrucción para dictar el pase a procedimiento abreviado, anterior a la apertura de juicio oral.

Para tratarse de la pieza separada de un caso de presunta estafa, el asunto ha llegado a la Fiscalía General del Estado, que ha decidido intervenir públicamente en el asunto. El 21 de julio, el órgano que dirige Consuelo Madrigal hizo público un comunicado dirigido a los medios de comunicación aunque sin citarlos. “La Fiscalía General del Estado apoya íntegramente la actuación del fiscal encargado del caso y pide que se interprete en los estrictos términos de legalidad procesal y de imparcialidad a los que se ajusta”, decía la nota. Al día siguiente, la propia Madrigal decía públicamente que San Román tiene “muy buenas razones que justifican sus razones” para pedir que el juez aparte a los investigadores del caso.