Justicia habilita a la Abogacía para expedientes electrónicos de nacionalidad

El Ministerio de Justicia ha firmado un convenio con el Consejo General de la Abogacía Española por el que este órgano queda habilitado para tramitar solicitudes electrónicas de nacionalidad por residencia, como ya se hiciera con los procuradores y los gestores administrativos.

El acuerdo ha sido suscrito hoy en el Ministerio de Justicia por el titular de este departamento, Rafael Catalá, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

El convenio tiene como objetivo el desarrollo de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos los servicios de información, asistencia y consulta en la presentación de la documentación necesaria para la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia, informan el Ministerio y la Abogacía.

En concreto, habilitará al Consejo General de la Abogacía para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados y regulará los procedimientos y requisitos para la remisión telemática de la documentación debidamente conformada.

Este acuerdo se inscribe en el marco de una estrategia dirigida a canalizar en la medida de lo posible las solicitudes de nacionalidad por residencia del nuevo procedimiento a través de colectivos profesionales.

En este sentido establece la obligación de garantizar por parte del Consejo un control previo de las solicitudes, asegurándose de que sólo se incorporen al sistema aquellas que a priori cumplan las condiciones e incluyan toda la documentación exigible.

Ello redundará en un menor tiempo de tramitación pues limitará los casos en que sea necesario requerir al interesado para que aporte documentación adicional y facilitará asimismo la calificación de los expedientes.

En este sentido, se estableció un modelo general de convenio al que se adapta el hoy suscrito al igual que los dos firmados anteriormente con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y con el Consejo General de Procuradores.

Asimismo, se está en conversaciones para su posible extensión a otros colectivos como el Consejo General de Economistas.

El convenio tiene naturaleza administrativa y por tanto está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y no genera obligaciones económicas entre las partes, si bien el Consejo asume los gastos e inversiones que origine su cumplimiento.

El Ministerio de Justicia no regula los honorarios que los abogados perciban de quienes decidan recurrir a sus servicios ya que queda fuera de su ámbito de competencia.

Para permitir la remisión telemática de la documentación de los expedientes el Consejo General de la Abogacía ha desarrollado una plataforma técnica que permite al abogado tramitar con su carné las solicitudes de expedientes de nacionalidad y subir a la web del Ministerio de Justicia la documentación preceptiva en formato telemático.

Los colegios de abogados adheridos al convenio extenderán un certificado de revisión colegial que acompañará a cada solicitud indicando que concurren todos los requisitos exigidos por la Dirección General de los Registros y del Notariado para obtener la adquisición de nacionalidad por residencia.

La Abogacía estima que gracias a este convenio se agilizarán y reducirán los plazos de las gestiones encomendadas por los ciudadanos a sus abogados para gestionar sus expedientes de adquisición de nacionalidad.

Recuerda que recientemente la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, dijo en el Congreso de los Diputados que en España se tramitan anualmente unos 150.000 expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia.