El PP quiere que los jueces puedan inhabilitar cautelarmente a cargos públicos imputados por corrupción
El Partido Popular da un paso para que los cargos políticos imputados en casos de corrupción sean apartados de sus funciones de manera preventiva mientras se aclaran judicialmente los delitos con los que se les relaciona. El grupo que sostiene al Gobierno quiere dar poder a los jueces para que puedan tomar esa decisión. El PP trasladará su idea en el debate de una moción de UPyD que pide la prohibición de incluir a personas imputadas en las listas electorales.
La propuesta popular, según fuentes del grupo parlamentario consultadas por eldiario.es, supondría que los jueces tendrían poder para apartar cautelarmente de sus funciones a aquellos cargos públicos que se vean inmersos en casos de corrupción. De este modo, los magistrados podrían pedir no solo prisión preventiva o fianza para los acusados sino también la expulsión preventiva de sus funciones públicas.
El PP quiere que su propuesta sea debatida por el grupo de expertos que debate la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y así lo trasladará en el debate plenario de este martes a los portavoces de UPyD.
La propuesta del PP pondría fin al debate sobre quién debe dimitir en caso de ser imputado. Con la aplicación de esta propuesta, sería un juez quien estimase en qué casos concurren las circunstancias incriminatorias que justifiquen la inhabilitación preventiva de un cargo público.
Con el sistema jurídico actual, la inhabilitación sólo se puede imponer con la sentencia. De este modo, concejales y diputados son quienes deciden si se mantienen o no en sus escaños en el momento en que se inicia una acción judicial contra ellos.
El PP no es ajeno a la presencia de imputados en sus filas. Frente a este debate, los de Rajoy impulsaron un código ético en medio de la polémica generada por las informaciones vinculadas a la operación Gürtel y que apenas ha servido para nada. Sólo en el Parlamento valenciano, el partido de Rajoy tiene un total de diez diputados imputados por diversas causas.
Según la propuesta popular, la reforma no les afectaría ya que la medida no contempla en ningún caso una aplicación retroactiva.
