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Relato de una madrileña desahuciada de una vivienda social que fue vendida a un fondo buitre

María Luisa San Román y sus tres hijas se vieron en la calle en octubre de 2014 al no poder pagar la subida del alquiler de un piso del IVIMA que Encasa Cibeles adquirió a la Comunidad de Madrid

Desde entonces la familia ha ido "dando tumbos" hasta 'ocupar' una vivienda vacía en Arganda del Rey propiedad del banco malo, SAREB 

"Invito a toda esa panda que vendieron las viviendas a que vengan y vean cómo vivimos el día a día y cómo tenemos que sobrevivir con lo poco que tenemos"

La Fiscalía ve prevaricación y malversación en la venta de VPO a Goldman Sachs en la época de Ignacio González

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A María Luisa San Román no se le ha borrado la sonrisa a pesar de las penurias por las que ha tenido que pasar a lo largo de los últimos años. Esta madrileña de 35 años, madre de tres niñas de 4, 8 y 10 años, relata aldiario.es su historia, sin dramatismo, consciente de que es una más por la que atraviesan miles de familias humildes que se encuentran en situaciones parecidas. 

En octubre de 2014 fue desahuciada del piso de Navalcarnero en el que vivía desde 2008 en régimen de alquiler social. Aquella vivienda era propiedad del IVIMA pero a finales de 2013 fue vendida por la Comunidad de Madrid al fondo buitre EnCasa Cibeles, filial de Goldman Sachs.  

Antes de aquel lanzamiento –como judicialmente se denominan los desalojos forzosos de un piso por impago– su vida había sido "más o menos normal", explica María Luisa. Cuando en 2008 le adjudicaron aquel piso del IVIMA se puso muy contenta. "No me lo creía", recuerda.

Entonces trabaja de cajera a media jornada en un supermercado de Madrid y aunque los ingresos que entraban en su casa no era muy altos, pudieron afrontar los 200 euros del alquiler y los gastos del hogar sin problema, dado que por entonces la pareja tenía solo una hija. Pero aquella felicidad apenas duró unos años.

"En marzo de 2014 me llegó la carta con la notificación de que mi piso había sido vendido a Encasa Cibeles en la que me explicaban que a partir de entonces sería mi nuevo gestor". Mediaron para intentar quedarse pero la primera medida fue doblarles el alquiler.

La familia, que por entonces había aumentado con dos nuevos nacimientos, afrontó al principio el cambio de situación como pudo, hasta que María Luisa tuvo que dejar de trabajar para atender a una de sus hijas delicada de salud. Su marido también se quedó sin trabajo y como no tenía la nacionalidad española –es dominicano–, se topaba con numerosos problemas para integrarse en el mercado laboral. La vida les dio un vuelco radical. Al no poder afrontar los pagos mensuales fueron acumulando una deuda considerable con la entidad. "Nos decían que si no pagábamos tendríamos problemas".

María Luisa pidió ayuda social pero se la denegaron. Al final, en octubre de 2014 se ejecutó el desahucio y se quedó en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional por parte de la Comunidad de Madrid.

"Me fui de aquella casa con mucha pena. Era donde había criado a mis hijas. Era mi casa. Todavía hoy las niñas me preguntan por qué no volvemos a nuestra casa", dice María Luisa. Pero lo que recuerda con mayor indignación es cómo los servicios sociales la amenazaron encima con quitarle a las niñas si en breve no encontraba una vivienda donde cobijarlas. "No te dan tregua", lamenta.

Desde entonces reconoce que han ido "dando tumbos", de desahucio en desahucio. "Al no tener trabajo ni él un contrato fijo nos costaba muchísimo poder hacer frente a un alquiler 'normal'. Mi dilema es pagar o comer. Y mis hijas tienen que comer", señala con determinación. 

Aunque está ahora algo más tranquila, su situación, dice, "no ha variado mucho". "Encima me estoy divorciando". "Los únicos ingresos que tengo ahora son 470 euros y con eso tampoco se puede hacer grandes cosas".  

Al haber sido beneficiaria en una ocasión de una vivienda pública no tiene de momento derecho a una segunda oportunidad. "Tendría que esperar a que pasaran 20 años para poder solicitarla de nuevo, si es que queda alguna ¡porque las han vendido!", exclama, abriendo los brazos con gesto de indignación. 

La vivienda no es delito

La vivienda no es delito

Harta de su situación, María Luisa decidió hace un par de años ocupar uno de los muchos pisos que hay vacíos en Arganda del Rey (Madrid) propiedad del SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocido como banco malo).  El bloque entero son pisos nuevos, en su mayoría habitados por familias que, como la de María Luisa, apenas cuentan con recursos económicos para salir adelante.

Y desde entonces es donde vive con sus tres hijas temiendo que un buen día la vuelvan a echar. Mientras relata su historia, las tres pequeñas, ajenas a las preocupaciones de su madre,  juegan en el parque infantil del barrio, desde donde se pueden ver algunos edificios aún a medio construir. 

En el portal de su casa hay concentrado un numeroso grupo de personas que hablan animadamente entre ellas. Algunas llevan camisetas de la PAH. Tiene una reunión para tratar de casos desahucios inminentes y ver qué acciones van a llevar a cabo para intentar paralizarlos. María Luisa habla maravillas de la Plataforma, a la que hace un par de años ella también se ha unido y son los que le están ayudando a negociar un alquiler con el banco malo.   

"Todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda digna. Porque la vivienda no es un lujo ni es un bien con el que negociar. Es una necesidad básica", añade, sin dejar de esbozar esa amplia sonrisa que denota el positivismo de esta mujer que acaba de recibir con enorme alegría la noticia de que la Fiscalía ha decidido tomar cartas en el asunto por la venta de casi 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en la etapa de Ignacio González. 

Según ha determinado el Ministerio Público, el proceso estuvo "trufado de irregularidades" por lo que ha ordenado que la instrucción se centre en los posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la operación llevada a cabo en 2013. 

Para el fiscal del caso, Carlos García-Berro, la venta de golpe de las 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales de titularidad pública por 200 millones de euros al fondo de capital riesgo revela "indicios de uso de artificio para la venta infraprecio".

Las viviendas, concebidas para personas con un bajo nivel socieconómico, fueron adjudicadas a Azora Gestión pero son gestionadas por Encasa Cibeles, que entró de forma "oculta" en la operación, según la Fiscalía, que señala como máximos responsables a los directores del Instituto de la Vivienda de Madrid en esa época, Ana Gomendio y Juan Van-Halen.  

"Yo invitaría a la señora Cifuentes,  a la señora Aguirre, a la señora Botella y a toda esa panda que vendieron las viviendas a que vengan y vean cómo vivimos el día a día y cómo tenemos que sobrevivir con lo poco que tenemos".

"Ellos desde su mundo lo ven todo muy bonito pero tienen que ver a la gente 'normal'. Porque somos muchísima gente que lo estamos pasando muy mal", afirma María Luisa. Y mientras lo dice se pone muy sería y, por primera vez, pierde su sonrisa.

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