Expresidente Sanguinetti acusa a Vázquez de instalar un “relato kirchnerista”

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti acusó hoy al actual mandatario, Tabaré Vázquez, de instalar en el país un “relato kirchnerista” de la historia, con respecto a su decisión de crear un grupo de trabajo para investigar los crímenes durante la dictadura (1973-1985).

“Es consustancial a los regímenes autoritarios o populistas en general, instalar una versión del mundo en que viven (la conspiración universal en su contra) y un 'relato' de la historia que explicita cómo los 'malos' llegaron a ser tan malos y cómo ellos, 'los buenos', son herederos de los sacrificados de ayer”, expresó el expresidente.

En una columna de opinión llamada “El relato 'kirchnerista' también en Uruguay”, publicada en El correo de los viernes, Sanguinetti afirma que “la Argentina kirchnerista” es un modelo de “ese estilo”.

“Nuestro gobierno frenteamplista, que no tendría por qué sucumbir a las fantasías de ciertos grupos radicales de revolucionarios frustrados, se deja, sin embargo, arrastrar a ese territorio de la mitología que le hace un enorme daño al país”, confiesa el veterano político, que gobernó en dos periodos (1985-1990 y 1995-2000) integrando el Partido Colorado (PC).

El Ejecutivo uruguayo formalizó el pasado 19 de mayo la creación, mediante un decreto, de un grupo de trabajo para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 1968 hasta el fin de la dictadura.

“Están presentes aún las consecuencias de la acción ilegítima y el terrorismo de Estado sufrido por nuestro país en el pasado reciente”, destaca el decreto sancionado con la firma de todos los ministros del Gobierno.

En el “pedregoso territorio de nuestra historia reciente”, dice Sanguinetti, “nos encontramos en estos días con una atrocidad histórica”.

El exgobernante remarca que este decreto retrotrae la investigación hasta el 13 de junio de 1968 -antes del golpe de Estado de 1973- cuando el Gobierno “legítimo” de Jorge Pacheco Areco, del PC, adoptó, “dentro de la Constitución”, unas medidas prontas de seguridad que comunicó al Poder Legislativo, “dueño de las medidas”.

“Se suele decir que el Gobierno de Pacheco hizo un uso excesivo de esas medidas. Puede ser o no, pero en todo caso el Poder Legislativo fue quien por acción u omisión resolvió”, espetó, tras considerar que, “como es notorio”, aquel Gobierno tuvo que actuar en condiciones muy particulares de agitación pública“.

Según dice, eran tiempos en que “mientras unos tomaban las armas para derribar la Constitución e instalar un régimen de esa índole, otros, desde el ámbito de la educación, el sindicalismo o el debate intelectual, preconizaban que el país marchara por ese camino”.

Durante las décadas de 1960 y 1970 operó en el país el Movimiento Nacional de Liberación-Tupamaros, una guerrilla a la que pertenecieron, entre otros, el expresidente José Mujica (2010-2015) o el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.

“Había un país democrático y un país revolucionario, en parte armado y en parte no, pero revolucionario. El Gobierno de entonces, con los aciertos y los errores propios de una conducción en tiempos de tormenta, trató de preservar las instituciones y felizmente lo logró”, agregó.

Para Sanguinetti, “es realmente preocupante querer imponer una historia por decreto y hacer de ella bandera de lucha de una causa cuya legitimidad se degrada”.

“Que los familiares de los desaparecidos procuren saber la verdad (...) es un derecho sagrado que nadie ha negado (y que todos los gobiernos y la Justicia han tratado de atender)”, confesó Sanguinetti, para añadir que “desgraciadamente”, los resultados “han sido escasos”.

Pero aun así, continuó, “permanece intacto el derecho a seguir procurando esa verdad. Sin embargo, es degradante transformar ese derecho legítimo en una bandera política de revancha contra la institución militar, en una proclama divisoria de la sociedad uruguaya”.

“Donde todo aquel que discrepe será apostrofado y descalificado en una peligrosa fantasía que insufla en las nuevas generaciones la idea de que hay un ocultamiento conspirativo de verdades escondidas y lo peor de todo en la pretensión de legitimar aquellos movimientos que en los años 60, en plena democracia, le declararon la guerra a las instituciones”, concluyó.

También el expresidente Jorge Batlle (2000-2005), de la misma formación política, criticó recientemente la decisión de Vázquez de impulsar una investigación desde 1968.