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Los recortes en servicios sociales, una cuestión de emergencia

El Consejo General del Trabajo Social ha organizado un debate en Madrid para estrenar el corto documental Derechos Sociales por la Dignidad

Con él pretende denunciar la vulneración de Derechos Humanos que suponen los recortes en servicios sociales

"Una sociedad que trata tan mal a sus menores es una sociedad que se está suicidando", ha comentado Miguel Laparra, uno de los participantes

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“Me gustaría ver a María Dolores de Cospedal viviendo con lo que yo tengo”. Son las palabras que  Juan Andrés, en paro y con tres hijos, formuló ante el Parlamento Europeo el 10 diciembre de 2014 con el objetivo de alzar la voz para denunciar los recortes sociales que él mismo sufre. Lleva más de un año esperando una ayuda de renta mínima que el Gobierno de Castilla-La Mancha le deniega sistemáticamente. “El Estado hace mucho tiempo que se ha olvidado de nosotros”, apunta indignado.

La de Juan Andrés es una de las tres historias que cuenta el corto documental “Derechos Sociales por la Dignidad”, estrenado este martes en el centro Matadero Madrid aprovechando la celebración del Día Mundial del Trabajo Social. El acto ha contado con la intervención de Ana Lima, presidenta de la organización, que ha lamentado que cada vez son más personas las que acuden a los servicios sociales para solicitar ayuda. Y cada vez más los y las trabajadoras sociales “vemos cómo la Administración pone más trabas para que se hagan efectivas”. Lima ha denunciado que “el Consejo de Europa ha advertido en varias ocasiones al Gobierno español de que las medidas de austeridad debilitan la protección de los Derechos Humanos”.

Tras la proyección del documental, Juan Luis Sánchez, subdirector de eldiario.es, ha moderado un debate en el que han participado Gonzalo Fanjul, investigador y activista contra la pobreza de la Fundación porCausa; Carlos Susías, presidente de EAPN España y Miguel Laparra, profesor de la Universidad de Navarra y director de la Cátedra de investigación  para la igualdad y la integración social. Todos han coincidido en que los recortes en servicios sociales han provocado el “abandono” de los más vulnerables y han hecho hincapié en que el sistema de protección ya era deficiente antes de la crisis. “Hay que garantizar unos niveles mínimos de vida y de dignidad para todas las personas”, ha apuntado Susías.

El documental es el pistoletazo de salida de una campaña con la que los y las trabajadoras sociales pretenden denunciar la vulneración de los Derechos Humanos que suponen los recortes en servicios sociales. Además del testimonio de Juan Andrés, el corto incluye el de Turia El Karrach y Gisela Isabel Rivero y el viaje que los tres emprendieron al Parlamento Europeo para denunciar su situación. A Turia el gobierno aragonés le deniega la beca de comedor con la que podría alimentar de forma completa a sus cuatro hijos, porque según indica “en casa no hay siempre de todo”.

El caso de Gisela apunta directamente al colapso de la ley de dependencia. Tiene movilidad reducida y forma parte de varias asociaciones en defensa del sistema. Denuncia que los recortes “forman parte de un genocidio encubierto”. Los tres, que han estado presentes en el estreno del corto, han recibido un reconocimiento público por parte del Consejo General del Trabajo Social, que les ha agradecido su “valentía” por poner voz a los problemas de miles de personas.

El Estado, garante de la justicia social

Uno de los asuntos más tratados durante el debate ha sido el de la pobreza infantil, al que han calificado como una “emergencia social”. En este sentido Gonzalo Fanjul ha hecho hincapié en que los niños y niñas “han perdido al Estado como igualador de oportunidades”. Por su parte, Miguel Laparra también ha resaltado esta problemática: “Una sociedad que trata tan mal a sus menores es una sociedad que se está suicidando”, ha comentado. Ambos participantes han coincidido en que los niños y niñas que sufren pobreza y malnutrición padecen situaciones dramáticas que arrastrarán el resto de sus vidas.

Otro de los temas que se han puesto sobre la mesa ha sido el de qué papel le corresponde a las organizaciones de la sociedad civil. Que las ONG deben realizar acciones complementarias a las de la Administración Pública es la conclusión unánime a la que han llegado todos los participantes. “El Estado debe encargarse de la justicia social y la sociedad civil de la solidaridad”, ha comentado Carlos Susías. “No debe ponerse toda la responsabilidad en manos de las organizaciones”, ha añadido Lima. Fanjul, además, ha mostrado una visión crítica con las ONG: “En la Democracia no se constituyeron como organizaciones independientes económicamente del Estado, lo que minó su capacidad de exigencia”, ha apuntado.

Los cuatro ponentes han coincidido también en que el sistema de protección social ya tenía “bastantes deficiencias” antes de la crisis. Para Laparra, es un problema de eficiencia a la hora de gestionar los recursos. “Con la recesión económica vemos más grandes los problemas que ya teníamos”, ha apuntado. Susías, por su parte, ha comentado que “ahora son muchas más las personas que han sido expulsadas, pero antes de la crisis el sistema también creaba pobreza”.

Al hilo, Ana Lima ha hecho referencia a la Ley de Dependencia, a la que, en su opinión, “le faltaban cosas”. Sin embargo, no ha negado que su aprobación “fue muy ilusionante y esperanzadora”. La presidenta del Consejo General del Trabajo Social ha puesto el ejemplo de los miles de personas que fallecen sin recibir la ayuda que les corresponde y ha denunciado que “es una legislación que se ha ido asfixiando por el camino y que se está muriendo”.

El presidente de EAPN España no ha querido dejar pasar la oportunidad para recordar que los ciudadanos “tenemos responsabilidad y debemos implicarnos en las decisiones políticas”. Por otro lado, Ana Lima ha pedido a los medios de comunicación “compromiso” para sensibilizar a la población y concienciar de que “el sistema de protección social es un derecho”.

La presidenta del CGTS ha añadido que el viaje al Parlamento Europeo que narra el documental fue un “acto de empoderamiento”, tanto para los usuarios como para los trabajadores sociales que les acompañaron. En este sentido, Gisela, una de las protagonistas del corto, ha lamentado indignada que ningún europarlamentario estuviera en la sala para escuchar sus intervenciones  y que la sala no era accesible –ella se mueve en silla de ruedas-. “El viaje fue ilusionante pero también agridulce, sin embargo, era mi responsabilidad estar allí”, ha concluido.

 

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