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Ayuntamiento de Madrid: acoso por tierra, mar y aire

Está claro que el Partido Popular está seriamente determinado a utilizar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para intentar derribar a sus opositores y forzar futuros escenarios electorales que les sean más favorables

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Fachada del Ayuntamiento de Madrid EFE

El Ministerio de Hacienda envió el pasado 27 de octubre una carta al Ayuntamiento de Madrid comunicando que no podía aprobar su Plan Económico Financiero (PEF) a no ser que la Corporación asumiera recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017 y 243 en 2018. Parece que el cálculo que hasta ahora se había hecho de la regla de gasto y que el Ministerio había dado por bueno, se ha descubierto repentinamente erróneo, y ello aunque el Ayuntamiento registra importantes superávits (1000 millones en 2016), ha incrementado su inversión social en un 74% y ha reducido su deuda en 2.070 millones de euros (40%). Una deuda que, por cierto, disparó el mismo Gobierno que ahora interviene investido de austeridad con el único fin (como advirtió hace unos meses) de paralizar la obra pública del Consistorio. La obra pública, repito: esa obsesión que mueve las ambiciones y los resortes más oscuros del Partido en el Gobierno.

Desde luego, no hay que ser muy listo para entender que detener la remodelación de la Gran Vía, la nueva Plaza de España o el Proyecto Madrid Nuevo Norte, no solo este año, sino el siguiente, podría resultar electoralmente rentable al Partido Popular (claramente indigesto desde que está en la oposición). El 2018 estará marcado por la precampaña de las municipales y las autonómicas, y esas elecciones pondrán duramente a prueba la candidatura de Ahora Madrid. Paralizar las obras ahora y recuperar el Ayuntamiento después le daría la oportunidad de retomar sus viejas redes clientelares, tan estrechamente vinculadas al negocio de la construcción, y hacerlo en un Ayuntamiento saneado por sus adversarios políticos, tras haberse templado el ciclón judicial ocasionado por sus casos de corrupción. El control de la Corporación local y la vuelta al ruedo en la Comunidad de Madrid (que no será intervenida aunque ha incrementado su deuda en 5.461 millones de euros), devolvería al Partido Popular a sus mejores años: los años dorados del pelotazo y el nuevorriquismo en una especie de eterna juventud pintando canas.

No puede negarse, además, que el PP ha encontrado el momento idóneo para hacer este envite, aprovechando el río revuelto de unas turbulencias catalanas, a las que claramente ha contribuido. Un momento en el que nuestros héroes tienen la oportunidad de asociar el caos, la desobediencia institucional y la ilegalidad a todos cuantos cuestionen su omnipotente manera de proceder, ya sean independentistas o supuestos “antisistemas” instalados en las instituciones.

La cuestión es que el Gobierno cree estar llamado a restituir la legalidad en todos los frentes, empezando por los que ahora manejan quienes nunca debieron llegar allí. De hecho, no son pocos los ministros que se han hecho carne entre nosotros para anunciarnos que las aguas tienen que volver a sus cauces. Seguramente animado por estos advenimientos, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid se ha apresurado a exigir el cese de Sánchez-Mato, por insumisión legal e institucional (dixit), y lo ha hecho con el mismo entusiasmo con el que sus correligionarios pedían hace unos días la aplicación urbi et orbi del artículo 155 o la ilegalización, sin mayor dilación, de los partidos independentistas. El mismo Montoro, que intervino las cuentas de la Generalitat para evitar la transferencia de fondos al referéndum del 1-O, haciendo uso, excepcionalmente y por primera vez, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha convertido tal excepcionalidad en regla, aplicándola, por segunda vez, al Ayuntamiento de Madrid, y solo pocas semanas después. Y es que la regla de las excepciones está llamada a devorarlo todo.

En fin, no deja de ser curioso que, habiendo entre 600 y 800 Ayuntamientos que no cumplen la regla de gasto (algunos de los cuales están gobernados por el PP), las presiones de este calibre se dirijan únicamente a los lugares en los que gobiernan las fuerzas del cambio. De hecho, esta regla no la cumplen la mayor parte de las Comunidades Autónomas, ni tan siquiera la cumple ese Gobierno central que está bajo la responsabilidad del Sr. Montoro.

Lo cierto es que los mismos que han recortado hasta la asfixia la financiación de los municipios, mientras extraen cada vez más de los tributos que gestionan; que han obligado a las Corporaciones Locales a generar superávits totalmente desproporcionados para cubrir sus propias vergüenzas, intentan anticiparse ahora a las elecciones municipales a fin de recuperar unas instituciones que siempre consideraron suyas y, probablemente, soñando con rematar en Madrid el sin fin de obras faraónicas que les quedaron pendientes. Está por ver que el Partido Popular logre tal cuadratura del círculo. Hay ocasiones en las que el pasado no vuelve nunca.

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