El juez pide a la Intervención del Estado que investigue al Gobierno andaluz por los contratos sanitarios troceados

El juez que investiga si hubo un delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada en Cádiz ha dado un salto de pértiga en la instrucción al reclamar “auxilio pericial” a la Intervención General del Estado para que analice todos los expedientes de gasto bajo sospecha y elabore informes sobre la justificación de los contratos, los precios que autorizó el SAS y “el daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial”.

En una providencia dictada el pasado 4 de diciembre, a la que ha tenido acceso este periódico, el juez de instrucción número 3 de Cádiz, Manuel Jesús Gómez, admite la solicitud del PSOE (acusación popular), que pidió la participación de los intereventores del Estado en una causa que salpica directamente al Gobierno de Juan Manuel Moreno, personado como responsable civil subsidiario.

El objeto pericial consiste en “un análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud”, es decir, la Intervención General del Estado revisará los contratos troceados y los informes “desfavorables” que elaboraron los auditores del SAS (a partir de una muestra aleatoria de expedientes), que dieron pie a la apertura de diligencias.

Dos juzgados andaluces investigan en la actualidad la contratación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, en el SAS: un juez de Sevilla ha imputado a los tres últimos gerentes de la sanidad andaluza por supuesta prevaricación por el abuso de los contratos de emergencia entre 2021 y 2024, amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia cuando ya estaba derogado.

La otra causa, la de Cádiz, investiga un supuesto delito de malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en esta provincia durante el ejercicio 2021. Aquí está imputado el responsable de compras del SAS en Cádiz, que ya declaró ante el juez, junto a los interventores provinciales que emitieron un durísimo informe denunciando el “abuso” de los contratos menores y el “fraccionamiento” masivo de esos contratos con una misma empresa y por la misma prestación.

El pasado octubre, el juez de Cádiz rechazó el recurso interpuesto por los abogados del SAS para archivar la investigación y decidió prorrogarla otros seis meses. Ahora, el magistrado pide a la Intervención General del Estado que le remita una serie de informes periciales sobre el enorme volumen de contratación fraccionada bajo sospecha, para testar su “legitimidad” y hacer un diagnóstico “técnico” sobre el procedimiento administrativo elegido por el SAS.

De los “informes técnicos” solicitados, destaca la “determinación del daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial, a partir del análisis de las consecuencias de la presencia, o ausencia, en los expedientes analizados, de acomodo a la debida modalidad de contratación y deberes legales de publicidad, competencia y concurrencia”.

El magistrado también reclama a los interventores del Estado que revisen “los precios” resultantes de la contratación fragmentada y que haga una “evaluación de contraste” con el coste que habría supuesto con “los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público y mediando publicidad y concurrencia en la contratación”. El objetivo de este paso en la instrucción es también determinar “si existió o no, la debida justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados”.

Los interventores del Estado también deberán analizar las fuentes presupuestarias con las que se financiaron los importes de la contratación investigada -analizando las fases de autorización y aprobación del gasto público- y su “acomodo a la normativa”.

La decisión del juez de apoyarse en el máximo órgano de fiscalización interna del Estado tiene una lectura política clara: el PSOE, como parte acusatoria, reclamaba al magistrado que diera este paso por dos razones: la primera es que el ingente volumen de la documentación investigada (contratos, informes, normativa...) desborda la propia instrucción y la capacidad del juzgado para avanzar en las pesquisas a un ritmo razonable. La Intervención General del Estado tiene más personal y recursos para auxiliar en esta causa.

Y la segunda es el deseo, indisimulado, de que los observadores que dependen del Gobierno de Pedro Sánchez apuntalen los informes de los propios auditores del SAS, que denunciaron las “irregularidades” en la contratación fraccionada. El PSOE también solicitó la participación de la Intervención General del Estado en la causa de los contratos de emergencia, que instruye un juez de Sevilla, pero éste de momento no ha recurrido al “auxilio pericial”.

Entre enero y diciembre de 2021, los centros provinciales del SAS en las ocho provincias firmaron contratos por obras, servicios y compra de bienes y suministros con empresas privadas por un importe total de 4.141,6 millones de euros. Casi una tercera parte –el 29,58% (1.225,3 millones)– fueron contratos menores, la mayoría no superiores a 30.000 euros (el máximo legal que estipula la ley para la contratación menor), aunque cientos de ellos fueron adjudicados a dedo a las mismas empresas, alcanzando cifras millonarias.

Los auditores denunciaron un “abuso” de la figura del contrato menor en el SAS, que se repetía en todas las provincias andaluzas, y que motivaron la apertura de una investigación interna ordenada por la Intervención General de la Junta de Andalucía. El contrato menor es una figura que recoge la ley para servicios, bienes y prestaciones en situaciones de urgente necesidad, pero los interventores atestiguaron que el SAS encadenada cientos de contratos menores con la misma empresa para pagar el mismo servicio, lo cual “vulnera” la Ley de Contratos del Sector Público.