El Gobierno de Almeida desahucia a una octogenaria y dos niños de un piso en Lavapiés por una deuda saldada

“Es una injusticia lo que han hecho con ellos. Les han desahuciado aunque ya lo paralizaron varias veces y saldaron lo que debían”. A la portavoz de la familia desalojada el pasado 23 de junio de su vivienda en la calle Sombrerería, en Lavapiés, le cuesta tanto encontar una explicación a lo ocurrido como contener la emoción que le genera. Un matrimonio, la octogenaria madre de la mujer y dos menores de 7 y 11 años fueron forzados a abandonar su piso, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS). Esto es, un organismo público dependiente del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida.

La entidad se parapeta en una deuda de apenas 3.129 euros que derivó en un proceso judicial resuelto hace ya tres años. De hecho, este diario ha podido constar que la familia saldó esa cantidad mediante varios pagos fraccionados a lo largo de 2025. La documentación acredita que tampoco hay irregularidades en la subrogación de la propiedad, al menos en el caso de la anciana desahuciada. Después de la muerte de su marido, el cambio de titularidad quedó aprobado en junio de 2022 por la directora de Servicios Sociales y Atención Ciudadana del Consistorio.

Según sostiene la portavoz familiar, fue de hecho la muerte del patriarca lo que derivó en esa deuda inicial: “Intentaron pagar los recibos y cambiar de titular, per les exigían que se hiciera con cita. Coincidió con la pandemia, cuando era muy difícil lograrlas, y todo se complicó mucho sin ser culpa de ellos. Se juntó esa deuda de más de 3.000 euros y, en vez de negociarlo, ya les denunciaron para echarles”. Cuenta que, después del primer intento, el matrimonio removió cielo y tierra para conseguir el dinero que saldase la deuda, además de cumplir con las mensualidades vigentes. Lo consiguieron, pero a EMVS no le ha bastado para detener el procedimiento. Otra fuente próxima al caso va más allá y afirma que “no les dejaron pagar” y que “les trataron como okupas sin serlo”.

La situación más delicada es la de la anciana, que depende de un respirador constante debido a sus problemas de salud. Por el momento se aloja con otra de sus hijas, debido a la limitada movilidad de la que dispone por la bombona de oxígeno y a que “se niega a irse sola a una residencia después de pasar toda la vida con sus hijos”. El resto de la familia se ha mudado por el momento a casa de otra allegada, ya que “no se ha sabido nada de un alojamiento alternativo de emergencia”. La portavoz alerta también de la situación de la madre de familia: “Está muy mal. Casi no come, ha perdido bastantes kilos y atraviesa una depresión”.

Además de volver a la que todavía consideran su casa, ahora luchan por conseguir que se les devuelva el dinero abonado en 2025 si no se les permite regresar. No saben sí lo lograrán: “Se nos escapa. Es un proceso muy complicado”. Aunque agradecen la labor de los abogados de oficio, lamentan que en el momento del desalojo se encontraban fuera de España y desde que se produjo apenas han podido abordar los nuevos escenarios que se les presentan. “Han pagado 10.000 euros desde 2023. Ese dinero no tendría que haberse cobrado”, critican fuentes profesionales próximas al caso.

EMVS acelera los desahucios y recrudece sus formas ante la caída del escudo social

El desahucio culminado el día 23 estuvo precedido por un intento previo el pasado 11 de diciembre que ya hacía presagiar este drástico escenario. Han incidido factores como “la no generación de una comunidad de vecinos en lucha”. Observa otros procesos similares en marcha dentro de un bloque del que Ana Botella ya intentó desprenderse en 2013 (cuando puso la alfombra roja a la llegada de Blackstone a Madrid): “No quieren hablar, aunque el próximo les puede tocar a ellos”.

Critica el acelerón en el número de desahucios en viviendas de EMVS con la caída del escudo social que protegía los desahucios a familias especialmente vulnerables. A ello hay que sumar la “falta de mediación” en los últimos intentos de expulsión de estos afectados. Una “irregularidad”, dice, como el hecho de haber desalojado a la anciana octogenaria: “El resto de la familia no aparece en el contrato, pero lo de la señora no tiene sentido”. Apostilla de hecho que cuando se ejecutó el lanzamiento quedaba pendiente de resolución un segundo recurso de revisión de su expediente, después de que un juzgado rechazase el primero.

Desde EMVS trasladan a este diario que no ofrecen datos concretos sobre procedimientos específicos en marcha, pero recuerdan que “las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños y están sujetas a una normativa y un reglamento por cuyo cumplimiento EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar”. Aseguran que la compañía municipal “solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales; por generar problemas de convivencia o por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas; cesiones ilegales; subarriendos o impagos reiterados durante muchos años sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros”.

En esas circunstancias, argumentan, “los servicios jurídicos de EMVS Madrid cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos, que esperan la adjudicación de una vivienda, así como proteger el patrimonio municipal”. Respecto de la subrogación, apostillan, “solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”. En este caso, a excepción de los problemas de convivencia que según otras fuentes anónimas cercanas sí se han generado desde el entorno de los desahuciados, la documentación descarta los demás argumentos aportados por la entidad. Es así a tenor de la voluntad por cumplir con los planes de pago y oa regularización del cambio de titularidad.

“Todo esto responde a una especulación desmesurada de una EMVS que ha perdido el norte, que pasa por alto las vulnerabilidades y contribuye a la gentrificación. Han externalizado el equipo de trabajadores sociales y jurídicos que va a los barrios, mermando el número de profesionales a pie de calle que pueden evitar estos desastres”, expone una conocedora del caso que prefiere conservar su anonimato.

“En vez de expulsar a las familias, lo que hay que hacer es regularizar su situación mediante planes de pagos o ayudándoles a cumplimentar la documentación que necesitan y a ordenar las carpetas que manejan”, opina. Desde EMVS, ante las preguntas de Somos Lavapiés, no confirman si a la familia desahuciada se le concedió plan de pago alguno.

Lucía Lois, concejala de Más Madrid, considera en declaraciones a este periódico que Almeida “ha convertido la EMVS en un casero insensible y deshumanizado que pone a las familias más vulnerables en la calle”. “Día sí, día también, lo que debería ser un instrumento de política pública para garantizar que la gente tenga una vivienda digna se dedica a poner de patitas en la calle a quien más la necesita”, denuncia. Cree que ya “no es una anécdota”, sino que “el alcalde lo ha convertido en una tendencia estructural, ya que EMVS ha pasado de tres desahucios en 2023 a 60 hace un año y a 60 hasta el pasado abril”.

Clama especialmente contra “el detalle” en algunos de estos desalojos, porque “Almeida está echando a la calle a gente por cantidades ridículas, incluso por menos de 300 euros”. “Uno de cada cinco procedimientos está por debajo de 5.000 euros. El PP está utilizando el desahucio como una herramienta normalizada de gestión, incluso en situaciones perfectamente abordables con políticas sociales. Hablamos de gente que está intentando encauzar su situación, que quiere pagar y regularizar sus situaciones y se encuentran con un muro que ni les escucha. Es una política despreciable, Almeida blinda a rentas más altas, utilizando el suelo público para hacer viviendas para ricos, mientras pega un portazo y desahucia a la gente más vulnerable de sus casas”, concluye.

Paradójicamente, el mismo día en que esta familia se vio forzada a abandonar su casa de EMVS, la entidad llevó a cabo el primer sorteo de sus nuevas promociones para “ingresos medios”. Esto es, por encima de 68.000 euros anuales. 52 viviendas que dan una idea del nuevo modelo pretendido por la compañía pública y de la gente que deja atrás.