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El Supremo confirma cinco años de cárcel para Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia por el PP

Alfonso Rus, durante la rueda de prensa en la Diputación

Alberto Pozas / Lucas Marco

Madrid / València —
18 de noviembre de 2026 12:15 h

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El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una condena de cinco años de cárcel para Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia por el Partido Popular. Los jueces le hacen responsable de la contratación irregular de trabajadores en la empresa pública Imelsa y lo consideran autor de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad al igual que Marcos Benavent, gerente de la firma pública, y Guillermo Caturla, exdirectivo de la empresa Ciegsa, dedicada a la construcción de colegios.

Se trata de la segunda sentencia firme del 'caso Taula'. Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', ya fue condenado en firme por otra pieza separada, y actualmente cumple pena de prisión en el centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent (Valencia).

La sentencia de la Sala de lo Penal del TS considera que hay “prueba suficiente” para condenar a Rus por haber ordenado el enchufe en empresa pública de Miguel Mullor Doménech, jugador del equipo de fútbol de Xàtiva del que el político del PP era presidente.

La “influencia directa” de Rus

El alto tribunal también otorga “relevancia” al “rol institucional” que Alfonso Rus tenía como presidente de la institución provincial y del PP de la provincia de Valencia desde 2004, lo cual le “permitía tener influencia directa en este tipo de actuaciones”.

La sentencia también inadmite el recurso de Benavent contra su segunda condena en el marco del 'caso Taula' y avala como prueba las grabaciones que el 'yonqui del dinero' efectuó en secreto a la trama corrupta, con las que la Fiscalía Anticorrupción logró apuntalar la acusación.

EL TS alude al informe clave de la Intervención General del Estado y a las declaraciones de algunos testigos, que “acreditaron que en las contrataciones no había instaurado un procedimiento reglado, ni había relación de puestos de trabajo”.

También alude al hecho de que “no había control de presencia de los contratados como asesores y que había muchos trabajadores cedidos a otras empresas”.

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