El Defensor del Vecino alerta del aumento de la desconfianza hacia el Ayuntamiento
La confianza que, históricamente según el Síndico (el Defensor del Vecino de los municipios), generaba el Ayuntamiento de Vitoria entre sus ciudadanos se ha perdido de forma considerable en el último año provocado, sobre todo, por cuestiones como la recaudación, en ocasiones, “claramente injusta”, de ciertos tributos. “Hemos constatado que ha habido una gran enfado social, sobre todo, por casos como el de la tasa especial de basuras, que en nada ayudan a la recuperación de esta confianza hacia la institución local”, ha asegurado el Síndico Martín Gartziandia, en la presentación ante el pleno del Ayuntamiento de Vitoria de la Memoria de su oficina correspondiente al año 2012.
Desde el servicio municipal han constatado que a partir de lo acontecido en torno a sobretasa de basuras, que aglutina el 69% de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos el pasado año ante el órgano de defensa vecinal, cualquier impuesto, por justo y por defendible que pueda resultar, despierta las sospechas en el contribuyente. “La imposición de tributos es una herramienta poderosa, lícita e imprescindible para el sostenimiento de los servicios públicos, que nos benefician a todos y que además es una forma de redistribución de la riqueza, pero como todo instrumento poderoso requiere de un manejo muy controlado, ponderado y reflexivo”, explica el Defensor del Vecino.
El agravamiento de los obstáculos de acceso a la justicia por las tasas judiciales provoca además, según Gartziandia, que recurrir cualquier recaudo o multa superior a los 200 euros resulte antieconómico a los contribuyentes. “Al ya de por sí desequilibrio que existe en todo proceso en que un ciudadano se enfrenta a una administración, se ha unido el añadido de las tasas judiciales. El mínimo que se paga por emprender acciones en los juzgados son unos 200 euros. En caso de perder hay que pagar las costas de la parte contraria, además de las propias. El resultado es inquietante. Cualquier multa, sanción o tributo recaudo de cualquier clase que impongamos a los ciudadanos de en torno a los 200 euros, en la práctica resulta irrecurrible. Es antieconómico. De ahí la necesidad de ser tremendamente rigurosos y certeros con este tipo de gravámenes y con las multas también porque en la práctica reclamar ante los tribunales no compensa”, recomendaba Gartziandia.
