Trabajadores municipales recuperan la jornada completa tras el pacto PP- PNV
Los cerca de 40 contratos programas del Ayuntamiento de Vitoria afectados por las reducciones de un tercio de la jornada impuestas por el alcalde Javier Maroto a finales de mayo del pasado 2013 recuperarán su horario habitual. Esta medida, que aprobó el Gobierno del Partido Popular gracias al apoyo del PNV, modificaba en principio las condiciones laborales- jornada, salario y calendario- de 50 personas. Pero finalmente fueron 39 los que se vieron perjudicados por la medida. Varios funcionarios del consistorio gasteiztarra se acogieron voluntariamente a una reducción por lo que no fue necesario aplicar por decreto el recorte a los 50 trabajadores.
Después de casi ocho meses de rebaja de horario y sueldo la directora de Función Pública ha enviado un correo electrónico al Comité de Empresa del Ayuntamiento para informarle de que “con la aprobación inicial del presupuesto, que se prevé para el 30 de enero, se procederá a ampliar la jornada a las personas afectadas por el decreto”. Los representantes del Comité habían tenido conocimiento previo de esta decisión a través de algunos de los trabajadores con los que Función Pública ya había entrado en contacto. “Algunos lo han oído pero no se lo han comunicado de forma oficial y por eso se dirigieron a nosotros, para obtener detalles sobre la restitución de las jornadas”, explica una portavoz de ELA. Al parecer, según explican las mismas fuentes, en caso de que se hubieran prorrogado los presupuestos, el retorno a sus jornadas habituales no se iba a producir. De momento, el Ayuntamiento no ha comunicado a los afectados la fecha en que entra en vigor la medida.
La prórroga presupuestaria impediría la restitución
El Concejal de Hacienda, Manu Uriarte, ya anunció en su día que se trataba de una medida reversible. “Se mantendrán de forma provisional hasta que la situación económica nos permita volver a la condiciones anteriores”, matizaba Uriarte. El titular de Hacienda explicaba que la medida se tomaba para evitar despidos en la plantilla. “Las circunstancias económicas nos obligan. Varios de ellos van a ver reducida su jornada en un tercio pero van a seguir trabajando el 66% de la jornada y van a mantener la mayor parte de su salario, que son más altos que los de la empresa privada. Hablamos de sueldos por encima de los 1.200 euros”, justificaba Manu Uriarte.
Por su parte el Comité de Trabajadores denunció que esta medida suponía una “nueva precarización de los puestos de trabajo de modo unilateral y sin un estudio serio que avale esta medida. Esto tiene un nombre: ERE en la administración”. “No nos matan pero nos cortan las piernas”, sentenciaba entonces el portavoz de LAB.
