El Consejo de Transparencia de Andalucía evaluará este año el grado de cumplimiento de la obligación de publicidad activa
El Consejo de Transparencia de Andalucía pondrá en marcha en febrero el Plan de Control e Inspección 2018 que, dividido en cuatro líneas de actuación, se marca un doble objetivo: por un lado, examinar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del sector público y, por otro, establecer recomendaciones y mejoras para el mismo.
Supondrá un incentivo para que los sujetos obligados cumplan con los requerimientos de la Ley de Transparencia de Andalucía, ejerciendo para ello el consejo las competencias que tiene en materia de seguimiento y control. El plan dará como resultado una aproximación del grado de cumplimiento en esta materia, sin perjuicio de los requerimientos que se lleven a cabo para subsanar las irregularidades detectadas.
Las líneas seleccionadas surgen de la experiencia del consejo durante sus dos primeros años de andadura, previéndose realizar inicialmente alrededor de 250 actuaciones.
Una primera línea de actuación, dirigida a entidades locales y a la Junta de Andalucía, se centrará en examinar la publicación de documentos sometidos a información pública (ordenanzas municipales, actuaciones urbanísticas, aprobación de normas y actos administrativos) en sus portales. Para ello, se llevarán a cabo verificaciones en los boletines oficiales provinciales y autonómico.
El segundo eje pone el acento en aquellas entidades y organizaciones que perciban durante un año subvenciones superiores a los 100.000 euros procedentes de la Junta de Andalucía. El órgano de control se encargará de comprobar que toda la información de obligada publicación se localiza en un entorno web adecuado y accesible para la ciudadanía. Esta actuación se llevará a cabo sobre una muestra de las entidades sujetas a este cumplimiento.
La tercera línea abarca las federaciones deportivas, que la ley contempla como sujetos obligados a publicar sus actividades sujetas al derecho administrativo, tales como los procesos electorales o la información económica-estadística.
Como cuarta línea, el plan fija su atención en las universidades públicas y en sus entes instrumentales. Examinará la publicación de la información con objeto de que la ciudadanía pueda conocer el diseño de la estructura real de estas instituciones.
El plan ha sido dado a conocer por el director del consejo, Manuel Medina, durante la sesión de la comisión consultiva celebrada en Sevilla, reunión en la que se ha presentado el informe del cuarto trimestre de 2017, periodo en el que se han registrado 156 asuntos (reclamaciones de derecho de acceso a información pública y denuncias de publicidad activa) y se han dictado 46 resoluciones.
