La jueza imputa al dueño de la parcela donde está el pozo por el que cayó Julen

La jueza del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha citado a declarar como investigado por un delito de homicidio imprudente a David Serrano, dueño de la parcela donde está el pozo en el que cayó Julen, según ha podido confirmar eldiario.es Andalucía. La declaración de David Serrano ha sido señalada para el próximo 22 de febrero.

La imputación, adelantada por Diario Sur, se produce después de que la Fiscalía la solicitara en un escrito, en el que también pide la comparecencia de doce testigos, entre otros Antonio Sánchez, el trabajador que abrió el pozo al que cayó Julen Rosello. La citación del pocero únicamente como testigo, y no como investigado, ha molestado a la defensa de David Serrano. Antonio Flores, su abogado, ha explicado a eldiario.es Andalucía que le parece “inquietante” el hecho de que el pocero no sea también investigado.

La defensa del dueño de la finca admite que este no pidió la licencia, pero descarga la responsabilidad de hacerlo en el profesional: “David Serrano tenía que haber pedido una licencia… Pero en Andalucía hay unas 50.000 leyes, y conocer todas y cada una... La gente lo que hace es ponerse en manos de profesionales. Y en este caso el profesional ha fallado”.

“El riesgo no lo genera mi cliente sino el profesional, que sirviéndose de su conocimiento, su maquinaria, su equipo, crea un sondeo de 100 metros, y luego no lo sella siguiendo las prescripciones de la ley. Nos indigna muchísimo”, explica Flores, que recuerda que lo habitual es que haya más imputados y que en su caso, luego se produzcan las desimputaciones, “y no al revés”.

“No me cabe en la cabeza que no lo imputen”, ha añadido Flores: “No hay que ser un experto que si un profesional hace una prospección sin licencia, y luego no sella convenientemente eso, se salta las leyes”.

La magistrada también recoge la petición de la Fiscalía de Málaga de llamar a declarar a una docena de testigos: los tres senderistas que llegaran al lugar de los hechos antes que nadie, el pocero, cuatro guardias civiles (los dos primeros en llegar, el instructor y el secretario de las diligencias de investigación), los padres de Julen Rosello, la pareja del dueño de la finca y la persona que hizo la zanja junto al talud que limita el pozo.

Algunas de estas personas prestaron declaración en su día ante los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación, pero ninguno ha prestado declaración aún ante la jueza.

La petición de la Fiscalía se produjo después de que la Guardia Civil haya remitido un segundo informe, ampliatorio del primero, tras lo que el fiscal considera que ya se pueden hacer varias “hipótesis de los momentos previos a la fatal caída de Julen Rosello” y por tanto “depurar, si es que las hubiere, las responsabilidades penales”.

El cuerpo de Julen fue encontrado a las 01.25 horas de la madrugada del sábado 26 de enero por los equipos de rescate que lo buscaban en el pozo de tan sólo 25 centímetros de diámetro y algo más de 70 metros de profundidad.

El dueño de la finca, David Serrano, había declarado ante la Guardia Civil y hace unos días ofreció una rueda de prensa en la que dijo que el día del accidente protegió con dos bloques de hormigón el agujero que hizo el responsable de una empresa especializada y que, según él, había dejado “abierto”.

Además, señaló que advirtió del peligro de que alguien pudiera meter un pie, pero que “jamás” pensó que un niño pudiera caber por ese agujero. “Eso yo nunca me lo voy a perdonar, el que no haya visto ese peligro allí”, aseguró insistiendo en que “jamás” pensó que “por ahí cabía un niño”.

El equipo jurídico que lo representa defendió en esa rueda de prensa que su cliente “en ningún momento tuvo percepción de ese peligro real”. A través de sus abogados ha intentado tramitar su personación ante el Juzgado de Instrucción “en calidad de parte interesada”, pero la petición fue rechazada inicialmente. Ahora, la Fiscalía señala que ya puede personarse como investigado.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga abrió unas diligencias primero por la desaparición del niño, en el que se han ido incorporando informes con el fin conocer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales.

El primero de los informes incorporado al procedimiento, el 17 de enero, días antes de que fuera localizado el niño, fue del Seprona de la Guardia Civil en el que se detallaban las gestiones realizadas hasta ese momento, incluyendo estudios urbanísticos de la zona.

En dicho informe se indicaban las posibles infracciones en cuanto al pozo, como que las obras no contaban con autorización alguna, las “nulas” medidas de seguridad y los movimientos de tierra en la zona realizados con posterioridad al pozo; así como las declaraciones testificales del que hizo la prospección y del dueño de la finca, en las que aparecerían “contradicciones”.

La Guardia Civil ha ido remitiendo al juzgado declaraciones y fotografías y documentación generadas en los últimos días, incluyendo la constatación por parte de la administración autonómica de que no se expidió licencia para excavar el pozo.