Los peritos del Estado dicen que la Junta “indujo a error” al Parlamento por la elaboración “fraudulenta” de los presupuestos

El juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y directas a empresas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha continuado este miércoles con la prueba pericial, en la que Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha manifestado que el Parlamento “fue inducido a error por el Consejo de Gobierno porque los proyectos de presupuestos estaban fraudulentamente elaborados”.

Así ha respondido Turrión después de que Juan Ramallo Massanet, perito de parte propuesto la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, haya criticado en la sesión de este miércoles, centrada en el debate sobre las competencias del director general de Presupuestos en la elaboración de los Presupuestos, que los informes elaborados por los peritos de la IGAE “preparan el terreno para hacer una acusación seria sobre que el Parlamento aprobó una Ley (de Presupuestos) fraudulento o errónea”.

Para Ramallo, lo que una ley puede ser es inconstitucional y “la capacidad para decir si es o no inconstitucional la tiene el Tribunal Constitucional, no los peritos de la IGAE”. “Me dan reparo estas declaraciones sobre que los personajes que intervienen en los presupuestos tienen la finalidad de hacer un fraude al Parlamento. Esto va al corazón del sistema democrático”, ha manifestado.

“Nunca hemos dicho eso, búsquelo y dinos dónde está en nuestros informes”, ha asegurado Turrión ante estas palabras. “Sí hemos dicho y textualmente que el Parlamento fue inducido a error por la Junta, por el Consejo de Gobierno, porque los proyectos de presupuestos estaban fraudulentamente elaborados”, precisando que la palabra “fraudulenta”, atendiendo al sentido de la RAE, se usa aquí como “falaz o engañoso”.

“No hemos ninguneado al Parlamento andaluz, sino que decimos que los presupuestos de la Consejería de Empleo y del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) --ente encargado de materializar el pago de las ayudas investigadas y concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L-- fueron elaborados fraudulentamente, por lo que en base a ello el Parlamento aprobó una partida, las transferencias de financiación --para allegar fondos a IFA/IDEA-- que la propia Cámara autonómica dice que debían ser destinadas para cubrir pérdidas de los entes públicos y si no se destinan a ese fin deben ser reintegrados”, ha expresado.

Turrión, sobre su afirmación sobre que el Parlamento fue “inducido a error”, ha insistido en que “lo decimos y lo demostramos, no es un juicio de valor”.

A este respecto de este debate, el perito Juan Zornoza, a propuesta de la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ha subrayado en varias ocasiones que el Parlamento es el único que tiene poder decisorio para aprobar los presupuestos, admitiendo: “Me cuesta pensar que pueda ser engañado”.