Imputado por estafa y falsedad documental el dueño de la empresa de ambulancias denunciada por fraude
El primer tercio de 2013 ha sido, para los trabajadores de la empresa de Ambulancias M. Pasquau, uno de los más convulsos que recuerdan. Empezaron por no cobrar sus nónimas, han cambiado de directivos y han asistido a la detención del que, hasta hace pocos días, fuera su jefe.
A finales de febrero, la Consejería de Salud materializaba una denuncia por fraude contra el titular de la empresa, Manuel Pasquau. Había detectado irregularidades en la facturación de los servicios que prestaba en las provincias de Jaén y Málaga. Según explicó la consejera, María Jesús Montero, supuestamente se había falsificado la firma del responsable del Servicio Andaluz de Salud en varias facturas. Este organismo estima que la cantidad defraudada podría alcanzar el millón de euros y que las anomalías se produjeron a partir de 2007.
La Administración decidió acudir a los tribunales para ahondar en esa investigación. El pasado lunes, Pasquau fue detenido y puesto a disposición judicial en Úbeda. Tras tomarle declaración, el titular del juzgado número 3 de esa ciudad se inhibió en el caso a favor del número 1 de Jaén, que está investigando la denuncia de la Junta.
Pasquau fue puesto en libertad el martes, aunque deberá personarse en el tribunal cada 15 días. Se mantiene su imputación por los delitos de estafa y falsedad documental. Cuando se materializó la denuncia, el empresario negó que se hubiera producido algún fraude y recriminó a la Administración autonómica por no haber iniciado un expediente antes de acudir a la Justicia.
En ese momento, se conoció también la compleja situación laboral de los empleados de la empresa que no habían cobrado ninguna de las nóminas del año en curso. Su situación ha cambiado radicalmente. A comienzos de abril se cerraba la venta de Ambulancias M. Pasquau a Servicios Sociosanitarios Generales (SSG), una empresa de ámbito estatal que en Andalucía se ocupa de la gestión de los traslados urgentes y programados en los hospitales públicos de Cádiz.
SSG ha asumido la plantilla de MP, cifrada en unos 500 empleados entre Jaén y Málaga, sus deudas y los contratos que tiene cerrados con la Administración que, en el caso del SAS, se mantienen hasta finales de año. La Junta cifra en 17 millones de euros lo que abona por los traslados urgentes y programados en la provincia de Jaén y 2,5 millones más por los que se realizan en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.
Para el comité de empresa, la detención de Pasquau no ha sido una sorpresa. “Desde 2003, nunca ha demostrado ser un buen gestor”, explica el presidente, Julio Cruz. Aquel fue el año que empezó la relación entre la Junta y Ambulancias M.P y desde entonces “cobrar las nóminas siempre ha sido un calvario”. De hecho, a lo largo de 2012, los empleados de la firma protagonizaron diversas protestas en Jaén y Málaga para reclamar sus salarios.
En Málaga, la compra de la empresa por SSG ha implicado que se desconvocara la huelga anunciada por los trabajadores. Para la plantilla jiennense, 300 empleados, es el final de un periodo de “incertidumbre y desolación” puesto que a estas alturas del año han cobrado la nómina de enero, se les ha anunciado un nuevo pago para el 15 de abril y confían en la solvencia de la nueva empresa, que ha asumido al conjunto de los trabajadores. “Sabíamos que había otras empresas interesadas que estaban dispuestas a aprovecharse de la situación y ponernos en la calle”, insiste Cruz.
La operación se ha cerrado en apenas unas semanas, sin que en ese tiempo se haya alterado el servicio a los usuarios.
