Interventor delegado en Empleo dice en el juicio de los ERE que “no es un policía de investigación”

Carlos González Laguillo, interventor delegado en la Consejería de Empleo entre 2001 y 2003, ha advertido de que un interventor “no es un policía de investigación” y no puede “ir más allá” de lo que se establece en los reglamentos de actuación para esta figura. “No podemos pretender ser los salvadores del mundo”, ha añadido al respecto.

Así se ha expresado González Laguillo durante su declaración como testigo este lunes en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis por parte de la Dirección General de Trabajo.

“El interventor no puede ir más allá de lo que se le indica que puede hacer”, ha insistido González Laguillo, que ha defendido su labor de fiscalización con respecto a las transferencias de financiación, herramienta que usaba la Dirección General de Trabajo para allegar fondos del programa presupuestario 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las ayudas investigadas y concedidas por la propia Dirección General, en virtud del convenio marco de julio de 2001.

El testigo, que ha ejercido como interventor delegado en otras consejerías como Gobernación o Presidencia, ha señalado que las transferencias de financiación están “exentas” de fiscalización previa, comprobándose sólo que existía propuesta del órgano competente y que se acompañaba de un calendario de pago. En este sentido, ha precisado que se trataba de una “contabilización”.

A este respecto, ha puntualizado que si se entiende la fiscalización previa como la firma del documento contable, sí es fiscalización previa, pero si se entiende como el análisis de una serie de documentos, no lo es.

Para González Laguillo, la fiscalización del gasto de la transferencias de financiación, en el sistema de los ERE, correspondía al Control Financiero Permanente de IFA/IDEA, el receptor de los fondos del programa 31L. “La actuación del interventor delegado termina en el traslado de los fondos a IFA/IDEA”, ha insistido, desconociendo éste el destino final de las transferencias y si IFA/IDEA tiene dentro de sus competencias “actividad complementaria del programa 31L”, esto es, el pago de las ayudas.

Asimismo, el testigo, que ha afirmado que no conocía que con las transferencias de financiación se pagaban ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, ha indicado que “cuando surgió en la prensa” fue consciente de que este órgano concedía dichas ayudas sociolaborales, así como también “desconocía” la actividad de IFA/IDEA.

Además, ha señalado que el destino de las transferencias de financiación es “dotar al órgano dependiente de créditos para realizar sus actividades”.

Siguiendo con las explicaciones sobre la labor del interventor delegado en el sistema de concesión de las ayudas investigadas, el testigo ha señalado que si no había expediente de gasto no podía haber subvención, añadiendo que “puede haber resolución de concesión, pero si no hay crédito no se puede pagar”.

Preguntado si el ex interventor general Manuel Gómez, acusado en este juicio, le trasladó las discrepancias existentes por el uso de las transferencias de financiación para financiar las ayudas, el testigo ha señalado que desconoce esas discrepancias.

“TENSA, DIALÉCTICAMENTE VIOLENTA Y CON CIERTA PRESIÓN”

González Laguillo prestó declaración como testigo ante la Guardia Civil en julio de 2002, una declaración que recuerda más como la de un investigado que como la de un testigo. Fue, según ha resaltado, “tensa, dialécticamente violenta y con cierta tensión”.

A preguntas de la Fiscalía, ha ratificado que ante la Guardia Civil señaló que tras los reparos de la intervención delegada a las ayudas a Hijos de Andrés Molina en el año 1999 “se implantó un sistema para evitar nuevos reparos y eludir la fiscalización previa”.

En este sentido y sobre el uso del término menoscabo durante su declaración, el testigo ha aclarado que entonces hacía referencia a “un mal uso de los créditos”.

Sobre el carácter excepcional dado a las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo durante diez años, González ha indicado que si se reitera esa excepcionalidad “se puede recomendar que se introduzca en los presupuestos como subvenciones nominativas o establecer una orden reguladora para la concesión de las mismas”.

No obstante, el testigo ha afirmado que durante su actuación como interventor delegado en Empleo entendía que todo estaba dentro de un sistema reglamentario y del ámbito de legalidad. “Le puedo asegurar que en aquel momento, en absoluto” se podía vislumbrar que se estuviera trabajando en un contexto de ilegalidad.

Por último, ha indicado que las transferencias de financiación usadas por la Dirección General de Trabajo para allegar fondos a IFA/IDEA para el pago de las ayudas investigadas en la causa de los ERE estaban “bien presupuestadas”.