El 60% del trabajo del Defensor del Pueblo Andaluz en 2015 ha sido por derechos perdidos con la crisis

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado este jueves de que “estamos aceptando como normal la pérdida irreversible de muchos derechos de los que disfrutábamos antes de 2008” y se ha mostrado preocupado por la “continuidad de la crisis” que sigue sufriendo un importante sector de la población, siendo un año más los colectivos más vulnerables los más afectados, en especial, los menores, los mayores y las mujeres.

Esto se desprende de las cifras que arroja el informe de gestión realizado por la institución en 2015, que este jueves el defensor ha entregado al presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, y en el que se constata que de las 18.923 actuaciones tramitadas, un 60% tienen que ver con materias que pertenecen al ámbito del estado de bienestar, frente al 53% de 2014 -y en 2013 no llegaban a un 40%- lo que supone un “agravamiento” de las situaciones.

“Los datos no avalan una mejora en el empleo ni un índice económico más solvente”, ha declarado el defensor, quien ha destacado que 28.777 personas han acudido a la institución que dirige durante 2015 para la defensa de sus derechos sociales, además de 277 colectivos que han trabajado con la misma en la denuncia y protección de éstos. Del total de intervenciones, se han gestionado 9.082 quejas, se han atendido 9.343 consultas y se han puesto en marcha 498 actuaciones de promoción de derechos.

De las citadas 9.082 quejas de 2015, 2.912 corresponden a años anteriores y 6.170 se presentaron en el año, de las que 5.941 han sido por parte de personas o colectivos y 229 de oficio (frente a las 179 de 2014). En paralelo, se han realizado 458 mediaciones, sobre todo en cuestiones de justicia, prisiones, servicios de interés general y vivienda.

Las intervenciones por áreas

También ha indicado que de las quejas admitidas a trámite en 2015, se concluyó la tramitación de 3.676 expedientes, donde detectó irregularidades por parte de la administración en 2.093 casos, emitiendo una resolución para subsanarla que ha sido aceptada o está en vías de ello en un 94% de las veces. Una mayoría ha sido por la demora del salario social: 1.013. Entre las medidas, la institución propone la modificación urgente de la normativa que regula el salario social en tanto no se apruebe una Ley de Renta Básica, y que se acuerde la ampliación del crédito necesario para absorber la demanda existente y resolver las solicitudes pendientes.

También destacan 441 reclamaciones por cuestiones de vivienda, ya sean por necesidad de la misma o por casos de desahucios y ocupaciones. Mientras que otro pilar destacado en las quejas son los más de 200 expedientes por las dilaciones en la aplicación de la ley de dependencia y una cifra similar de casos relacionados con situaciones de pobreza infantil, en situación de riesgo, desamparo o maltrato, entre otras.

Otras 565 quejas han sido relacionadas con la educación donde la denuncia por los procesos de escolarización, aunque sigue siendo el grueso, está siendo desplazada por otros temas como la demanda del comedor escolar o sobre la atención que recibe el alumnado con necesidades especiales. “Ha cambiado la finalidad para la que se crearon los comedores escolares, que ha pasado de ser un instrumento de conciliación a convertirse en uno de política social (...) para que el niño coma”, ha subrayado.

Igualmente “significativo”, afirma, ha sido el montante de quejas del personal del sector público (1.270) sobre todo por bajas y reposición, precariedad y temporalidad del empleo público, etcétera, así como las más de 244 reclamaciones ante el colapso y funcionamiento de los juzgados, ante lo que “hace falta que se dé lugar a nuevos órganos (...) y que la justicia se agilice”.

En defensa de los usuarios en salud ha habido unas 300 quejas por asuntos que afectan a la salud mental, lista de espera, o derechos de los pacientes, entre otras y en especial, la atención sanitaria que recibe la población reclusa, objeto de un informe especial en este año. 

En materia de medioambiente, ha informado que del total de quejas -304- destaca el trabajo ante las situaciones por contaminación acústica, la demanda por cumplir con el “vertido 0” de nuestras aguas y la defensa de un diseño de ciudad más inclusiva e inteligente. De éstas, hay 163 en materia urbanística.

El defensor ha concluido su intervención con una reflexión sobre el retroceso que, a tenor de estos últimos años de crisis, están sufriendo algunos derechos y ha mostrado el compromiso pleno por parte de la defensoría para luchar contra esa tendencia. “Nos resistimos a aceptar como irreversible la pérdida de derechos”, ha repetido, para concluir: “No podemos acomodarnos a esa tendencia”.