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PSOE-A, C's y PP-A evitan la petición a la Junta de Andalucía del listado de inmatriculaciones de la Iglesia Católica

Contrasta con la postura de los socialistas en otras comunidades autónomas, como el País Vasco, donde sí han votado a favor de esta medida para reclamar luego los bienes.

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ya lo había avisado: es cosa del Gobierno de la Nación facilitar la relación, una iniciativa reclamada por Podemos y respaldada por IU.

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El PSOE-A y C's se han abstenido y el PP-A ha votado en contra del principal punto de la proposición no de ley (PNL) elevada por Podemos y debatida este jueves en el pleno para instar a la Junta de Andalucía a elaborar en un plazo de seis meses una relación con todos los bienes que ha inmatriculado la Iglesia Católica como de su propiedad desde 1978 para reclamarle la titularidad de los mismos para el dominio público. El PSOE-A se planteó la posibilidad de una enmienda para cambiar este punto para que el instado a hacerlo fuera el Gobierno de España. Pero finalmente no lo ha hecho y ha optado por la abstención en dicho punto de la PNL.

De hecho, el PSOE-A sólo concedía a Podemos que si en un plazo "razonable" el Gobierno de la Nación no contestaba, se hiciera la relación desde Andalucía, pero ha matizado también que el punto de partida debía ser 1998, cuando comenzó el grueso de estas inmatriculaciones porque bajo el Gobierno de José María Aznar se suprimió un artículo de la Ley de Reglamento Hipotecaria y se posibilitó que la Iglesia Católica pudiera inscribir como propios los bienes que no estuvieran registrados ya, lo que sí se ha modificado en esta legislatura para frenarlo. También ha insistido el PSOE-A, por boca de su diputada Soledad Pérez, en que no se puede comparar Andalucía con otros territorios de menor extensión, y que en este caso es "muy complicado" un estudio de este tipo.

Contrasta la postura con el hecho de que los socialistas sí han votado a favor de esta medida en otras comunidades autónomas, en concreto País Vasco, Navarra y Aragón, y también desde 1978, lo que ha permitido en los dos primeros casos revelar más de 1.500 inmatriculaciones. La idea de Podemos, y que ha respaldado IU, es que con este listado se reclamen los bienes si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título que justifique el derecho de la Iglesia Católica sobre el mismo, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público. Será complicado sí el Gobierno de Andalucía no pide la relación, a no ser que la Administración General del Estado acepte el requerimiento y ponga a sus técnicos a indagar.

En cuanto al objetivo final de exigir la devolución de dichos bienes, los socialistas han argumentado "complicaciones jurídicas" a la propuesta de Podemos para no respaldar la PNL en este punto, pese a que en reiteradas ocasiones han criticado la puerta que se abrió con el Gobierno del PP para que estas inmatriculaciones irregulares se hayan producido.

La PNL tenía dos puntos más. Por un lado, valorar el impacto de las inmatriculaciones por parte de la Iglesia Católica en la gestión, conservación y difusión de los bienes incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, lo que sí se ha aprobado con los votos a favor de los proponentes, de nuevo IU y también el PSOE-A, mientras que C's se ha abstenido y el PP-A ha votado en contra. Y por otro lado, un punto tercero para marcar líneas directrices para una correcta presentación y difusión del significado cultural e histórico de estos bienes, incluyendo los mecanismos necesarios para la supervisión, donde el sentido del voto ha sido igual que en el segundo.

En el caso de Andalucía la operación de inmatriculaciones en masa tiene una especial repercusión por cuanto que entre esos bienes hay uno de los monumentos más importantes del país: la Mezquita-Catedral de Córdoba, por la cantidad simbólica de 30 euros. La diputada de Podemos Lucía Ayala, quien ha defendido la propuesta, ha comparado la situación con "los fondos buitre" y ha lamentado que los socialistas no se hayan comprometido con esto en Andalucía, "como sí han hecho en las otras comunidades autónomas". Pero la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ya lo había avisado 24 horas: es cosa del Gobierno de la Nación facilitar el listado, porque controla "la Dirección General de Registros, que es donde están esos datos". 

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