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Profesionales de todo el país se suman a las nuevas cooperativas de impulso empresarial

Son la nueva tendencia en la economía social, se han gestado en Andalucía y unen a la búsqueda de trabajo el interés por aplicar otro modelo más humano en los negocios.

Ya se han puesto en marcha los tres primeros proyectos, a la espera de que se desarrolle el reglamento que regulará esta figura.

La crisis se ha llevado por delante casi un tercio de las empresas de este sector en la comunidad autónoma  pese a su mayor resistencia.

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El equipo inicial de Smart Ibérica.

El equipo inicial de Smart Ibérica.

Las cooperativas de impulso empresarial son la cara emergente de la economía social en Andalucía, como una fórmula para dar respuesta a profesionales que no tienen salida en el mercado laboral ni espíritu para montar su propia empresa. No son cooperativas ni sociedades laborales al uso, sino que funcionan como un paraguas de protección y asesoramiento para sus socios. Esta figura, única en España y creada con la nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, cuenta ya con tres experiencias en marcha que han atraído el interés de profesionales de todo el país: Smart Ibérica, Civil Coop y SBP. Su principal objetivo es facilitar trabajo, pero no a cualquier precio.

La primera que se ha puesto en marcha ha sido Smart Ibérica, ya constituida formalmente y que agrupa a profesionales de la cultura. Está inspirada en el proyecto belga Smart Be. Su coordinador, Gabriel Sánchez, explica que este verano alcanzarán los 300 socios de toda España. "Pretendemos ser una herramienta eficaz para ayudar a sus socios a crear y consolidar el mayor número de proyectos con la mayor calidad y estabilidad posible", agrega. Busca la difusión de una cultura del emprendimiento y que se puedan mejorar las condiciones laborales del colectivo artístico, creativo y cultural. "Es clave en un colectivo que en una gran mayoría de los casos trabaja en base a proyectos que pueden ser esporádicos, a corto o medio plazo", recalca.

Civil Coop está formada por ingenieros, arquitectos y estudios técnicos con bastante experiencia, en algunos casos, y también recién titulados. "Queremos desarrollar, a nivel nacional e internacional, actividades de la ingeniería civil y la energía", subraya Miguel Prados, ingeniero de Granada y motor de este proyecto. "La idea surgió de la falta de interlocución con el Colegio de Ingenieros de Caminos, con una estructura muy vertical, por lo que queríamos apostar por una fórmula de trabajo más horizontal". La mayoría de sus integrantes, 45 hasta el momento, vienen del mundo de la gran empresa. "Nosotros, en cambio, queremos primar la cooperación sobre la competitividad y recuperar el espíritu del trabajo por el bien común" , resume. Todavía están en la fase de aprobación de estatutos y entretanto continúan recibiendo peticiones de información "por parte de ingenieros de todo el país, e incluso asentados en el extranjero", que quieren sumarse.

Por su parte, Jacinto Gutiérrez, de SBP, detalla que, de los 26 miembros fundadores de este proyecto van a pasar a más de 200 cuando, tras la junta rectora, se integren los pertenecientes a la Asociación Se Buscan Periodistas, pero la idea es superar los 5.000 socios en cinco años para que el proyecto tenga la suficiente rentabilidad como para cumplir con sus objetivos. "Es una iniciativa que ha tenido mucha respuesta en toda España. De hecho, aunque la hemos creado en Andalucía, ahora mismo tenemos más asociados de Cataluña", apunta. SBP está abierta a fotoperiodistas, diseñadores gráficos, editores, operadores de cámara, técnicos de sonido, montadores, iluminadores, realizadores, redactores y en general profesionales de la comunicación que pueden encontrar aquí "alternativas, salidas y soluciones para abordar la profesión con una perspectiva innovadora, de calidad, rigor y digna" .

Cómo funcionan

En las cooperativas de impulso empresarial hay dos tipos de socios: los que prestan orientación, formación, tutoría o servicios técnicos y de gestión comunes (que son la estructura de la misma) y los que son beneficiarios de esas prestaciones (los usuarios). Esos beneficiarios (que son personas físicas) pueden permanecer siempre como socios o, cuando lo consideren, abandonar el paraguas e independizarse como autónomos o como asalariados de una empresa. No tienen ánimo de lucro y se autofinancian con un porcentaje de cada contrato de sus socios facturado a través de la las mismas. En esa cantidad se incluye una parte destinada a anticipar los pagos, para evitar que cualquier persona que haya facturado tenga que abonar el IVA y sin embargo esperar meses y meses hasta cobrar por el trabajo realizado.

Son la novedad de una economía social que en Andalucía está representada por más de 7.000 empresas que generan más de 67.500 empleos directos y vinculan unas 400.000 personas con el carácter de socias, cifras que sitúan a la comunidad autónoma en la primera posición del ranking nacional. De hecho, un 20% de la economía social española lleva la marca Andalucía.

Sin embargo, pese a que son en principio las más resistentes porque sus trabajadores son socios, la gravedad de la crisis ha hecho que desde mediados de 2008 se hayan disuelto 2.561 empresas en el sector (aproximadamente un 27%) y se hayan perdido 13.891 empleos (un 20%).

Los problemas del sector

Las razones para la caída se encuentran en la propia crisis del sector de la construcción, que era el centro de muchas de estas empresas y ha barrido un 77% de su empleo, las dificultades de acceso al crédito y los recortes del Gobierno de la Nación en las políticas de apoyo del autoempleo y el trabajo autónomo: en 2012 se redujeron en un 55,40%.

Hay otra causa, en concreto para la desaparición de sociedades laborales, que tiene que ver con su transformación en otras fórmulas jurídicas, como consecuencia de la rigidez de su legislación mercantil específica. En este sentido, lo que el reciente Acuerdo por la Economía Social de Andalucía califica como "una legislación fiscal desfasada", puede suponer algún incentivo en el momento de la formación de las sociedades laborales, "tal como exige el artículo 129.2 de la Constitución Española", pero tiene un efecto casi neutro una vez pasado este periodo.

El acuerdo se ha firmado hace menos de un mes entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal del sector CEPES Andalucía. En el mismo, la Junta de Andalucía se ha comprometido a desarrollar antes de un año el reglamento por el que se regulará esta figura, igual que las otras novedosas incluidas en la ley: cooperativas de servicios públicos, donde los ciudadanos se unen para obtener servicios básicos más baratos, y cooperativas de vivienda de cesión de uso, con experiencias de ocupación que han terminado legalizándose gracias a esta herramienta.

El presidente de CEPES Andalucía, Antonio Romero, recuerda que la ley que creó la figura de cooperativas de impulso empresarial es muy joven, apenas un año, pero resalta que estas tres experiencias ya en marcha indican que se va por el buen camino. "Es una plataforma que facilita a los profesionales la resolución de problemas que pueden originarse en el papeleo y de otro tipo, por lo que está dando respuesta a mucha gente", señala. En su opinión, el acuerdo que se acaba de firmar "es importante porque introduce por primera la economía social dentro del debate para buscar soluciones a la crisis en Andalucía". Las medidas ya estaban recogidas en los sucesivos pactos con el colectivo.

En los mismos términos se expresa José Carlos Mestre, secretario institucional de UGT: "El acuerdo ha sido necesario para contextualizar porque hay cosas que han cambiado los últimos dos años" y para marcar una hoja de ruta con las prioridades. "Es necesaria una mayor divulgación de la figura de la cooperativa de impulso empresarial porque la cultura del emprendimiento de la que tanto se habla no está lo suficientemente extendida", agrega, al tiempo que remarca que en España es nueva, "pero tiene futuro, como se está viendo en otros países de Europa".  

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