La Audiencia respalda apartar a la Policía del caso de los cursos de formación como pedía Alaya
La Guardia Civil deberá seguir protagonizandola investigación sobre el presunto fraude con los cursos de formación en Andalucía. Así lo entendió la jueza Alaya cuando el pasado octubre ordenó a la Policía Nacional que cesara “de inmediato” esa labor y así lo respalda ahora la Audiencia de Sevilla, que ha desestimado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción en ese sentido, que
La Fiscalía, en su recurso, apostaba por la “necesaria coordinación” entre ambos cuerpos y pedía a Alaya que complementara el requerimiento dado al director general de la Policía en el sentido de que no se extiendera a investigaciones “que se desarrollan en cada provincia bajo la suprema autoridad de los respectivos órganos judiciales”. La jueza Alaya, quien en principio no seguirá con la investigación de esta macrocausa, quiere que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lleve estos asuntos en exclusiva y ese criterio ha sido defendido por la Audiencia de Sevilla.
La Audiencia considera que el magistrado instructor es el que tiene las atribuciones y competencias para requerir el auxilio de un determinado cuerpo o unidad de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Ya Alaya dijo que “la coordinación de ambos cuerpos parece que no siempre se ha producido en el curso de esta y otras investigaciones”, como se desprendió del auto impugnado por la Fiscalía.
Alaya reconocía en el auto que ya desestimó el recurso de reforma de la Fiscalía que “el cese ordenado de las actuaciones se refería exclusivamente a lo que eran diligencias de investigación policial referidas al objeto descrito en la citada resolución, no a las que ya fueran competencia de cualquier otro juzgado”.
Anticorrupción defendía que “los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente”. La Fiscalía Anticorrupción tiraba para argumentar su posición de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en concreto de hasta tres artículos.
La Fiscalía ya señaló que compartía el criterio de Alaya “de que no pueden existir dos investigaciones paralelas realizadas por ambos cuerpos” (la jueza quiere que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lleve estos asuntos en exclusiva), bajo dicho parámetros “no pueden encontrarse aquellas que legítimamente se encuentran en proceso de investigaciones en otros órganos competentes”.
Por otra parte, en otro auto, la Audiencia desestima el recurso de apelación de una de las imputadas en las mismas diligencias sobre el mantenimiento de la medida cautelar de libertad provisional con la obligación de comparecer apud acta, porque dicha medida no fue solicitada por el Ministerio fiscal.
