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Las autonomías asumen la mitad del gasto en servicios públicos pero tienen menos margen de deuda

Mientras, el límite de déficit para las comunidades autónomas sigue acortándose y este año tendrán cuatro puntos menos, la Administración General del Estado se sube el suyo. 

La Junta de Andalucía insiste en que un reparto proporcional supondría poder contar con más recursos para llevar a cabo "políticas expansivas que incentivaran la inversión, el crecimiento y el empleo". 

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El reparto del déficit.

El objetivo de déficit que fija el Gobierno de la Nación supone una carrera de fondo para las comunidades autónomas, que para cumplir tienen que hacer malabares, especialmente porque son las que soportan el mayor peso del gasto en servicios públicos, que es de lo primero que ven los ciudadanos de la gestión de sus políticos. Sin embargo, se les exige que cuadren mejor sus cuentas y tengan menor endeudamiento en aras de un equilibrio presupuestario por el que se está luchando en duros años de crisis.

La siguiente cuenta es esclarecedora, y son datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: las autonomías son las que más gasto efectúan en servicios públicos (sanidad, educación, dependencia...), concentrando en 2013 cerca de la mitad (47,6%) del total realizado por las administraciones públicas, sin incluir a la Seguridad Social, y por encima de la Administración General del Estado (AGE), con un 35,6%. Mientras, concentraron tan sólo la cuarta parte (26,2%) del déficit que se fijó como obligatorio por parte del Gobierno de la Nación -varias no cumplieron- y menos del 20% de la deuda, frente a un 73,8% y 77,1% de la AGE, respectivamente.

Para este ejercicio se les exige un esfuerzo extra a las comunidades autónomas, que deberán reducir su peso en el déficit (diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta) en cuatro puntos, pasando del 26,2% en 2013 a un 22,2% en 2014. Por el contrario, el Gobierno de la Nación eleva su participación hasta suponer el 77,8% (cinco puntos más), sin incluir a la Seguridad Social. Una exigencia que rechaza media decena de comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña y Asturias -donde no gobierna el PP- han votado en contra, mientras que Canarias, País Vasco y Navarra se han abstenido en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado la pasada semana, y donde se ratificó este mandato.

En este sentido, desde la Dirección General de Economía de la Junta de Andalucía subrayan que el déficit para 2014 se estableciera "según criterios de proporcionalidad y mínima distorsión posible, esto es, según el peso que cada administración pública tiene en el gasto público total, a las comunidades autónomas les debería corresponder un objetivo mayor, lo que supondría poder contar con más recursos para llevar a cabo políticas expansivas que incentivaran la inversión, el crecimiento y el empleo". 

Cabe recordar que la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que en el primer semestre de cada año el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "y previo informe CPFF de las comunidades autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas", fijará los objetivos "en términos de capacidad o necesidad de financiación". Esto se hace de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, dado que España debe cumplir con sus compromisos con la Comisión Europea, y también se fija el objetivo de deuda para los tres ejercicios siguientes" para el conjunto de las administraciones públicas.

De este modo, el Consejo de Ministros del 28 de junio de 2013 estableció para este año déficit del 5,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas que ha sido objeto de revisión en la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 para reducirlo a un 5,5%, tres décimas que comunidades autónomas no gobernadas por el PP, especialmente Andalucía, reprochan que se hayan "regalado a Bruselas". De este modo, ese 5,5% de margen de déficit que tienen las administraciones públicas se reparte con un 1% para la Seguridad Social; y un 3,5% para la AGE; un 1% para las comunidades autónomas. Las administraciones locales están obligadas a un "equilibrio presupuestario", es decir, no podrán gastar más de lo que ingresan. En el caso de la deuda, el objetivo global para este año es del 99,5% del PIB, correspondiéndole el 21,1% a las comunidades autónomas; un 4% a las administraciones locales; y el 74,4% restante a la AGE y a la Seguridad Social.  

En el último CPFF, varios consejeros pretendían que se revisaran los objetivos de déficit para este ejercicio, pero el ministro Cristóbal Montoro se cerró en banda, igual que tampoco ha querido abordar el debate sobre el modelo de financiación, pospuesto hasta 2015. El consejero de Presidencia de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, insiste en que el déficit fijado  "no es justo" porque para las regiones es del 1% este año, del 0,7% en 2015 y del 0,3% en 2016, "lo que significa más ajustes para las comunidades autónomas pese a que son precisamente las que soportan el coste los servicios públicos esenciales".

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