La Cámara de Cuentas alerta de “falta de seguimiento y control” en los incentivos a autónomos
Un informe de la Cámara de Cuentas relativo a la gestión del Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía entre los años 2007 y 2013 alerta de la dilación en los procedimientos de justificación de las subvenciones, el uso generalizado de las exoneraciones y la concesión de las tres cuartas partes de las mismas sin concurrencia competitiva. Estas subvenciones han sido concedidas en virtud de 15 órdenes de incentivos.
El informe, hecho público este viernes, detalla que en ejecución de las políticas activas de autoempleo se han concedido subvenciones por más de 356,5 millones de euros, de los que se ha materializado el pago de un total de 330. De este total, se ha reintegrado poco más de 33 millones de euros por incumplimientos por parte de los beneficiarios. De este modo, a septiembre de 2013, la suma de los importes en situación de pendiente de justificar, “con plazo límite vencido”, y que por tanto “están abocados a iniciar procedimientos de reintegro, más los que ya se encuentran incursos en los mismos”, totalizan 138,5 millones de euros, lo que supone un 42% de las subvenciones. Si se considera sólo los pagos efectuados la cifra se reduce a 115 millones de euros pendientes de la justificación, o sea, un tercio.
“Dada las cifras de ejecución, se insta a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a que articule los procedimientos necesarios para gestionar con la mayor urgencia los importes en situación de riesgo de prescripción [cuatro años] así como la finalización de todas las ayudas en tramitación”, asevera el informe. Máxime teniendo en cuenta que puede derivarse un riesgo de “responsabilidad contable”.
Por otra parte, estos incentivos, según el mismo informe, se han concedido durante la vigencia del plan, en régimen excepcional, o sea sin concurrencia competitiva, en dos de cada tres casos. Es decir, el 76,95% del total, mientras que sólo el 23,05% fueron otorgados en el régimen ordinario de concurrencia competitiva previsto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones.
En tercer lugar, la Cámara de Cuentas considera que la resoluciones de exoneración que se han dictado conforme a las previsiones del artículo 54 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “adolecen de falta de motivación, al utilizar términos generalistas y comunes para un conjunto de beneficiarios, sin concreción o explicitación alguna de las razones por las que cada una de dichas empresas o personas físicas, cumplen con el requisito del especial interés social”. En este sentido, sostiene que, dada la “discrecionalidad” que eso supone, sería “conveniente” que en cada exoneración se hiciera constar un informe o una validación sobre “el interés social del concreto proyecto desarrollado”. Es más, subraya que la “amplia utilización de las excepcionalidades” de poder otorgar nuevas subvenciones a beneficiarios con justificaciones pendientes “han favorecido el incremento” de los mismos. O sea, que haya más “pagos pendientes de justificar con plazo vencido”.
La gestión de estas subvenciones fue encomendada al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, en el caso de las de 2007 y 2008, y a la agencia IDEA en las de 2009 y 2010.
Gestión de la agencia IDEA
El informe se detiene especialmente en la gestión de estas subvenciones por parte de IDEA. De este modo, el número de solicitudes presentadas respecto a las cuatro convocatorias de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo (tres en 2009 y una en 2010) ha sumado en este periodo 28.468. De ellas, se estimaron 6.323, para finalmente pasar a ser 5.263 expedientes con resoluciones de concesión por poco más de 47,3 millones de euros. En referencia a la gestión hecha por IDEA, el informe alerta también del “incumplimiento de los plazos para resolver y notificar los incentivos”, igual que critica que no se haya “informado trimestralmente de los concedidos a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas firmantes de los Acuerdos de Concertación Social” y que no se haya hecho “constar en la base de datos de subvenciones y ayudas públicas” de la Junta de Andalucía la totalidad de los otorgados.
De igual modo, a septiembre de 2013, 4.620 expedientes, relativos a todas las convocatorias, continuaban en gestión por IDEA, “a pesar de estar sobrepasados los plazos límites de justificación”. La mayoría (2.933) son expedientes con justificaciones presentadas por los beneficiarios, en trámites de verificación de las justificaciones por IDEA, a la que la Cámara de Cuentas recuerda que “se debe agilizar la gestión”, para poder efectuar los pagos restantes iniciar procedimientos de reintegro si no se ha cumplido. Precisamente, en procedimiento de reintegro había 590 expedientes, frente a 564 con orden de completar el pago. El resto (533) estaban todavía más verdes: pendientes de justificar.
La Cámara de Cuentas critica que estos retrasos suponen dos perjuicios. Por un lado, para los autónomos “por el retraso en los cobros definitivos destinados a la puesta en marcha, consolidación, modernización y/o creación de puestos de trabajo en sus negocios”. Y por otro, para la propia administración, “ya que se encuentra, entre otras cuestiones, con frecuentes dificultades de localización de los beneficiarios para efectuar las notificaciones de requerimiento o reintegro necesarias”, implicando dilaciones y costes añadidos para poder finalizar la tramitación de estos expedientes.
Por todo ello, recomienda a IDEA y a la Consejería de Economía que, “con carácter urgente, habiliten los recursos necesarios destinados a agilizar la finalización de los expedientes de incentivos”, bien sea “materializando los pagos finales o bien mediante los procedimientos de exigencia de reintegros oportunos”.
Otros incumplimientos
Cabe recordar que el Parlamento de Andalucía aprobó que para el ejercicio de 2013 se realizara un informe del Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, que entró en vigor por el Decreto 175/2006, de 10 de octubre. El mismo establece los programas y medidas que desarrolla la Junta de Andalucía para este colectivo. El informe se refiere a los incentivos para el autoempleo desde la puesta en marcha del plan en 2007 hasta septiembre de 2013. No obstante, se han excluido los programas Formación para los autónomos y Fomento de la cultura preventiva en materia de riesgos laborales para autónomos, “debido a la extemporaneidad, insuficiencia y condiciones de la información facilitada”.
El informe recuerda que el plan se promulgó “sin contemplar aspectos sustanciales para efectuar su seguimiento, evaluación y control”. Igualmente, con la Ley 15/2011, de 23 de diciembre, se derogó este sistema, con el compromiso de elaborar “en el plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor” el llamado Plan Estratégico del Trabajo Autónomo, “cuestión que sigue pendiente de cumplimiento”. No obstante, hay que recordar que, con bastante retraso, en el Consejo de Gobierno del 2 de diciembre de 2014, se aprobó el inicio de los trámites para la elaboración de un nuevo Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo, horizonte 2020.
En este contexto, la conclusión final es que el plan ha tenido “falta de coordinación, seguimiento y control, así como de continuidad en la gestión de las ayudas”. Igualmente, la ausencia de mecanismos adecuados de evaluación “impide medir el impacto de las acciones contempladas en el plan y el cumplimiento de los objetivos previstos”.
