Así fueron las oposiciones a bombero que investiga un juez de Córdoba: “Se podía hacer la prueba de velocidad andando”

Un juez de Córdoba investiga el presunto amaño de las oposiciones a bombero del Consorcio Provincial de Córdoba. Según un auto de 18 de marzo, el gerente y la vicepresidenta del Consorcio de Bomberos de Córdoba organizaron un proceso de oposiciones diseñado para que quienes eran interinos del Consorcio en 2015 obtuvieran una plaza fija. Un participante en aquel proceso confirma las irregularidades a este medio.

La resolución judicial del juzgado de instrucción 4 de Córdoba, adelantada por ABC y a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, relaciona una retahíla de irregularidades que incluye presiones políticas, un posible fraude en unas elecciones sindicales, cambios de criterio sobrevenido en la corrección, soplos de preguntas y hasta un código para comunicar al tribunal que el opositor era un interino. Para hacerlo saber, este debía tocarse la oreja cuando entrara en la sala.

El juez califica las irregularidades como “gravísimas” y explica que se ofreció a los interinos “todo tipo de facilidades, incluso con directa y grotesca contravención de la ley y de los elementales principios de igualdad de oportunidades”. El asunto se investiga porque, al ver frustrada su aspiración de lograr una plaza, algunos de esos interinos interpusieron una denuncia.

Eldiario.es/andalucía ha conversado con un opositor que participó en todas las pruebas, y que confirma las irregularidades que el juez describe a partir del relato de diez testigos e investigados. Este opositor, que ha accedido a relatar los hechos bajo condición de anonimato, explica que el amaño a favor de los interinos era vox populi entre los aspirantes a bombero: “Todo el mundo sabía que los interinos tenían que entrar y se decía: ”Bueno. Si sobra alguna plaza, para nosotros“”.

“No he visto hacer un psicotécnico más rápido en mi vida”

Las pruebas comenzaron en octubre de 2016. “Te daban el temario, lo que es muy raro en una oposición a bombero, donde tú te lo averiguas”, recuerda. La prueba teórica fue “sencilla”, lo que favorece a opositores que han perdido el hábito de estudio, muchos de ellos interinos que trabajan. Aprobaron el 97% de los presentados. En el auto, el instructor constata que, pese a que los exámenes debían enviarse directamente a una empresa externa para su corrección, antes fueron fotocopiados por la secretaria del tribunal, de modo que los resultados acabaron filtrándose antes de su publicación oficial.

Las pruebas físicas constaban de dos partes. En la primera, se realizaban ejercicios de gimnasio, fuerza y atletismo, y en la segunda, de piscina. Para superar la fase debía obtenerse al menos un cinco en cada prueba individual, pero en el curso de la oposición se cambió el criterio y se pasó a exigir una media de cinco o más entre las pruebas de piscina y las externas, ambas valoradas en su conjunto, pudiendo suspenderse alguna de las partes. “Se podía hacer la prueba de velocidad andando, como se dio el caso. Y en las dominadas había gente que hacía la croqueta”, recuerda el opositor.

El auto de imputación, que recoge varios testimonios que concuerdan con este relato, recoge también la existencia de una reunión en una casa particular a la que asistieron al menos nueve interinos. Según el juez, en ese encuentro se proyectaron los tests psicotécnicos que entraron en la prueba, con sus respuestas, y se informó a los asistentes de que debían preparar el concepto de “aquiescencia”, por el que les preguntaría el psicólogo. “No he visto hacer un psicotécnico más rápido en mi vida. A mí se me dan relativamente bien y los hago rápido. Pero había ejercicios preparados para que no se terminaran, yo lo miraba y los había terminado”, comenta el opositor, a propósito de un interino que se sentó a su lado en el examen, hoy investigado. De aquel examen, recuerda también haber visto a otro opositor llamar a gritos a un miembro del tribunal.

Pese a las facilidades, varios interinos no superaron la prueba, lo que habría motivado, según la denuncia, la intervención del entonces alcalde de Priego de Córdoba. “Por entonces nos dijeron que se habían quedado fuera varios interinos, y que habían amenazado al tribunal porque tenían las conversaciones de whatsapp diciéndoles las preguntas que van a caer”, recuerda el opositor. Entonces se bajó la nota de corte, 200 aspirantes más superaron la prueba y el psicólogo al cargo de su evaluación renunció al cargo, según el auto judicial. La bolsa de trabajo, que debía constituirse a partir de los aptos en esta fase, quedó integrada por un número desproporcionado de aspirantes.

Para la última prueba, de tipo práctico, el tribunal convocó a los aspirantes a los Colegios Provinciales. Los opositores pasaron 25 horas en aquel centro, del que no podían salir para evitar filtraciones. Sin embargo, muchos lograron comunicarse con el interior y averiguaron cuál sería la prueba: colocarse el equipo de respiración, guantes, casco y demás material siguiendo el orden correcto, y responder preguntas sobre el equipo. Para facilitar que los interinos recibieran mejor puntuación, varios testigos e investigados han declarado ante el juez de instrucción que habían acordado una señal con el tribunal, consistente en tocarse la oreja al entrar en la sala.

Decenas de aspirantes formularon entonces alegaciones a su puntuación, denunciaron irregularidades y pidieron la nulidad del proceso. Todas fueron desestimadas por el tribunal, que resolvió que se habían adoptado las “medidas de aislamiento necesarias” para garantizar la limpieza de la prueba.

Imputados por prevaricación, tráfico de influencias y revelación de secretos

El juez cree que todo este sistema tenía un único fin: que los interinos obtuvieran una de las 54 plazas convocadas, aunque fuera realizando un concurso-oposición amañado. También cree que la idea partió del gerente del Consorcio, Juan Carandell, y que se negoció en una mesa con representantes de los interinos. Para facilitar el objetivo se habría optado luego por canalizar la negociación a través de UGT. El juez cree que el temario se diseñó de acuerdo con los interinos y se publicó durante muy poco tiempo para dificultar el acceso a quien no lo era. Tanto Carandell como Dolores Amo, vicepresidenta del Consorcio y miembro de la ejecutiva del PSOE de Córdoba, afirmaron a través de un comunicado emitido la semana pasada que los hechos que se les imputan son “rotundamente falsos”.

En la instrucción están investigados el gerente y la vicepresidenta del Consorcio de Bomberos, por los delitos de prevaricación administrativa o, alternativamente, de tráfico de influencias, así como los miembros del tribunal, y como cooperadores necesarios, quienes participaron en el presunto fraude o se vieron beneficiados. El juez también imputa tráfico de influencias a tres “representantes” de los interinos y otro de UGT (Rafael Hidalgo), así como al alcalde de Priego de Córdoba. Por último, investiga por un delito de revelación de secretos a los miembros del tribunal, a la presidenta y el gerente del Consorcio, y por un delito de aprovechamiento de información privilegiada a ocho opositores, por el momento. El juez ha rechazado suspender los efectos del proceso selectivo, que terminó este enero, porque entiende que podría afectar a terceros de buena fe.