Córdoba aprueba retirar símbolos franquistas con el acuerdo de todos los partidos
El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este martes con la unanimidad de todos los grupos políticos que lo conforman aplicar la Ley de Memoria Histórica y retirar los símbolos del franquismo que se encuentren en espacios públicos. Así, los seis partidos políticos presentes en el consistorio cordobés –PSOE e IU en el gobierno y PP, Ganemos Córdoba, Ciudadanos y Unión Cordobesa en la oposición- han rubricado un acuerdo en este sentido por el que todas las formaciones han expresado su satisfacción.
“Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, plazas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Así lo expresa el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica que el Ayuntamiento cordobés ha acordado desarrollar, llegando incluso a proceder a la retirada de subvenciones o ayudas públicas a quienes contravengan la ley.
Para ello, se creará una comisión compuesta por representantes de los grupos políticos, de los colectivos memorialistas de la ciudad, miembros del ámbito académico, del movimiento ciudadano y vecinal, así como integrantes del gobierno autonómico y central. Esta comisión será la encargada de elaborar un dictamen en el que señalará el catálogo de símbolos franquistas dispuestos en calles, plazas y espacios públicos de la ciudad que serán retirados.
A partir de ahí, se pondrán en marcha “las conclusiones de la comisión y puesta en marcha de otras medidas necesarias, vinculadas a los derechos de verdad, justicia y reparación”, que serán votadas en el Pleno municipal, según señala el acuerdo aprobado este martes con la presencia y la toma de la palabra por parte de distintos colectivos que trabajan por la recuperación de la memoria democrática en Córdoba.
El consenso alcanzado en el Ayuntamiento cordobés ha recogido palabras de satisfacción de todos los grupos políticos. Desde el gobierno municipal, la portavoz del PSOE, Carmen González, hablaba de un acuerdo “digno de celebrar” y recordaba que también se está pendiente de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía en este sentido. Su socio de gobierno local, Izquierda Unida, indicaba el “importante nivel de consenso” alcanzado para trabajar por “la verdad, justicia y reparación de las víctimas” y reclamaba que esta tarea “se lleve a la práctica cuanto antes”, en palabras de su portavoz, Pedro García.
Desde la oposición, el portavoz adjunto del PP, Salvador Fuentes, ponía el acento en el interés de los populares en que este asunto “no levantara polémicas, no profundizase en la trinchera” y han mostrado su acuerdo para “reconocer y ampliar el derecho en favor de quienes padecieron la persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa”.
“Un tema siempre conflictivo y aquí hemos tenido punto de encuentro”
Por su parte, Ganemos Córdoba ha reiterado que el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica “es un asunto de derechos humanos y de justicia. Somos uno de los pocos países que no han resulto este asunto todavía y el segundo con más desaparecidos después de Camboya. Entendemos que es el momento de luchar por fin por las víctimas que hay en esta ciudad”, ha reclamado la portavoz adjunta del grupo municipal, Vicky López.
Asimismo, Ciudadanos se ha congratulado del acuerdo alcanzado en “un tema que siempre ha sido conflictivo y aquí hemos sido capaces de encontrar un punto de encuentro”, según su portavoz, José Luis Vilches, mientras que el representante de Unión Cordobesa, Rafael Carlos Serrano, ha apostado por el cumplimiento íntegro de la ley “sin bandos”.
También forma parte del acuerdo tomado por los seis grupos municipales la petición que el Ayuntamiento de Córdoba trasladará al Parlamento Andaluz para que se agilice la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de esta comunidad autónoma, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.
