La pandemia global del Covid-19 ha dado un giro radical a nuestras vidas en un corto espacio de tiempo, tan solo un par de meses, y está afectando a las dinámicas sociales de una manera muy significativa. Las conductas que venimos adoptando se amplificarán en nuestro comportamiento colectivo e institucional. Por eso, la respuesta que demos al problema sanitario, y no de orden público, va a marcar las nuevas estructuras que se creen.
En este momento crucial es necesaria la reflexión, aunque la presión emocional sea asfixiante: se trata de pensar si como comunidad queremos caminar hacia un modelo de sociedad limitativo de derechos y represivo o hacia un modelo cooperativo y de cuidados a las personas más vulnerables, a los y las que cuidan y al conocimiento científico compartido. Observamos que se han producido maravillosas muestras de apoyo mutuo, cooperación y solidaridad, pero no se sostienen si desde las instituciones han optado por la opción represiva.
No es de extrañar la elección institucional si nos fijamos en el tipo de país que venimos siendo. Somos el segundo país que más policía por habitante tiene en toda Europa, sin embargo, uno de los más seguros del mundo. Tenemos una de las mayores tasas de encarcelamiento de Europa occidental que se deriva de uno de los códigos penales más duros. Las leyes mordaza, que son las que se están utilizando para la respuesta represiva de este estado de alarma y que el actual Gobierno prometió derogar, han sido criticadas por atentar contra derechos colectivos fundamentales. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido varias sentencias condenatorias a España poniendo de manifiesto la impunidad con la que operan los Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este fetichismo policial produce que, durante el estado de alarma, se hayan puesto a toda máquina los motores de la represión. La aplicación de la Ley Mordaza está en auge, entre Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales han incoado 869.537 actas de denuncia por desobediencia y han detenido a 5.556 personas por conceptos como desobediencia a la autoridad, comportamiento incívico o desobediencia grave. Para hacernos una idea a nivel internacional, las multas impuestas por España en los primeros 10 días de confinamiento triplicaron a las impuestas por Italia en un mes. La plataforma Defender a quien Defiende nos alerta de que esta visión securitaria puede llevarnos a normalizar la represión y a asumir la pérdida de derechos por el miedo.
Tenemos que insistir, además, en que un guantazo es abuso policial. Desde la perspectiva legal, la actuación de estos policías que se dedican a dar guantazos se calificaría como tortura. Desde la óptica con la que se mire, ciertos vídeos que han circulado por redes sociales son lamentables. La peor parte es que algunos balcones lo han aplaudido, lo que ha venido legitimando la arbitrariedad de las fuerzas del Estado. Es la policía la que decide quién puede tener un motivo justificado para desplazarse y quién no. Hemos ido hacia un estado policial.
Además, el lenguaje belicista que se ha utilizando en la gestión institucional de esta crisis ha suscitado miedo. Hemos asistido a ruedas de prensa con altos mandos del ejército que utilizaban términos como “contienda bélica”, “moral de combate” y apelaban a la disciplina de la ciudadanía. Hemos visto unidades militares por las calles de nuestras ciudades solicitando documentación a la población, manteniendo presencia en los cascos urbanos, controlando los accesos a ciertas poblaciones y ejerciendo control de fronteras. La sensación es que estamos tratando de matar un virus a cañonazos.
Decíamos que los comportamientos que venimos adoptando van a ser fundamentales para configurar el mañana y la actitud represiva institucional está calando socialmente. Han sido conocidos los llamados “policías de balcón”, que increpan o insultan desde su pequeña parcela de espacio público a sanitarios, a personas con diversidad funcional o a trabajadores y trabajadoras. Y es que, dicen los expertos, el miedo puede propagarse más rápido que cualquier virus y la necesidad de buscar culpables se puede apoderar de nosotras.
Sembrar el miedo está provocando un efecto muy perverso en quienes están más expuestas a las consecuencias sociales de la pandemia: el hambre se está viviendo a puerta cerrada. En nuestros barrios se están produciendo situaciones muy duras de falta de recursos, la inseguridad alimentaria ya es una realidad en Andalucía. Pero se ha anulado la posibilidad de buscar recursos autónomos porque se ha instalado un policía interno en nosotras, que nos multa tan solo con el pensamiento, ¿cómo hacer frente a una sanción de 600€ con la nevera vacía?
También el miedo ha provocado soledad para afrontar estas situaciones. En un momento en que los servicios sociales están colapsados, cuando hay suerte de que se descuelgue el teléfono no se obtiene una respuesta a la necesidad, se ha dificultado la organización de la sociedad civil. La desconfianza entre vecinas y el aislamiento al que nos hemos visto sometidas son una barrera para la autogestión comunitaria, para las redes de apoyo mutuo y para la colaboración.
Por ello, siguiendo al filósofo Alba Rico, tenemos que invertir la fórmula: “protegiendo a los otros nos estamos protegiendo a nosotros mismos”. Los esfuerzos institucionales frente a la crisis del coronavirus tienen que invertirse hacia los cuidados a las personas más vulnerables. Poniendo en el centro de toda actuación a las personas mayores, dependientes, a las diversidades funcionales, a las personas sin hogar, a las familias monomarentales, a las presas, a las trabajadoras sexuales, a las trabajadoras del hogar precarias y sin contrato, así como el resto de trabajadoras no remuneradas o en economía sumergida; aportando soluciones para todas aquellas que normalmente quedan fuera de los programas sociales y que nuevamente están quedando fuera de las medidas excepcionales. La actuación debe llegar desde una perspectiva de cooperación mutua entre administraciones que cuide a todo el personal sanitario, de limpieza, mantenimiento y a quienes nos cuidan; incentivando el diálogo social para conocer las realidades y apoyarlas. Todo ello, bajo una transparencia absoluta para que se secunde socialmente el aislamiento.
Por nuestra parte, las vecinas tenemos que aceptar la diversidad del resto y no cuestionar. Tenemos que entender que hay personas que están en situaciones límite y no pueden obedecer la norma, ya sea por sus circunstancias sociales, por las circunstancias de cuidados hacia otras que no pueden dejar desatendidas o ya sea por cualquier otra realidad que el amplio abanico de la pluralidad no nos permite limitar. Cada una tenemos que hacer lo que nos toca, proteger a otros y a nosotras mismas.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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