'Tengo una propuesta para usted': organizaciones y asociaciones exponen en un minuto sus anhelos electorales
La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, pide a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 2 de diciembre “que pongan todo su empeño en acabar con la dramática situación que viven las personas en paro que quieren trabajar y no pueden hacerlo”. Así lo expone junto a otras cuestiones:
La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, solicita a los candidatos “que piensen en los andaluces y andaluzas” y que “apliquen medidas de redistribución de riqueza”.
De cara a las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, José Luis Heredia, presidente de CSIF Andalucía, reclama “talla política y altura de miras” para colocar a la comunidad autónoma “en el lugar que se merece”.
El secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, solicita a la persona que dirija Andalucía en los próximos años “que se escuche a la calle y se olviden de lo institucional”. “Que hagan suyas las necesidades de los que más sufren y abandonen los privilegios de la clase política”, añade también.
La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta) considera que el futuro de Andalucía pasa por “una apuesta clara y decidida por la economía social y el cooperativismo”. Habla el presidente de su consejo rector, Luis Miguel Jurado:
El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, pide entre otros asuntos que se le exija al Gobierno la restitución del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) a los porcentajes que “verdaderamente nos corresponden”, que bienes públicos como el agua “se utilicen con criterios de sostenibilidad”.
El director general de Asaja-Andalucía, Vicente Pérez, considera que el sector agrícola “debe seguir siendo un sector básico en nuestra comunidad y siga progresando como lo viene haciendo en los últimos años”. En ese sentido, apuesta por “una interlocución adecuada y fluida con las organizaciones profesionales agrarias” y una “dinamización y simplificación de las medidas de apoyo rural”.
Juan Reyes, presidente de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), formada por 53 entidades sin ánimo de lucro, demanda que en la nueva legislatura se apruebe un plan andaluz contra la pobreza que contemple una profunda reforma fiscal, con más peso para los impuestos progresivos, y una apuesta por elevar la empleabilidad mediante la implementación de políticas específicas de inclusión sociolaboral.
La organización de consumidores FACUA pide, entre otras cuestiones, “control riguroso del mercado y transparencia sobre los fraudes que se detecten y las sanciones que se impongan. Es algo que ha brillado por su ausencia en la última legislatura”. Así lo expone su portavoz, Rubén Sánchez:
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), su portavoz, Rosa Barrera, pide que el próximo presidente de la Junta “se haga cargo de la calamitosa situación de muchos andaluces y andaluzas que se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión social”. “Se ha imprescindible una Ley de Inclusión Social”, concretan entre otras cuestiones.
La presidenta de la federación Andalucía Acoge, Elena Tajuelo, pide “al futuro Gobierno andaluz” que apueste “con claridad” por “políticas que prioricen la convivencia y la diversidad”:
El presidente de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CAONGD), Héctor Rivero, parte de dos premisas (el consenso entre los partidos y una participación activa de la sociedad civil) para pedir el 0,7% de los presupuestos andaluces para cooperación internacional antes de que acabe la próxima legislatura, entre otras cuestiones.
El coordinador de proyectos de SOS Racismo en Andalucía, Mikel Araguás, propone el desarrollo de una legislación autonómica sobre el tema de discriminación que abarcase a todos los colectivos y también la apertura de puntos de información y defensa jurídica para víctimas de ese tipo de hechos discriminatorios. Añade otras dos propuestas más:
La coordinadora de Unicef Comité Andalucía, Maribel Martínez, pide a los partidos que concurren a las elecciones “que la inversión en infancia sea la prioridad” porque no hacerlo supone “un coste muy elevado en el futuro”. Estas son sus propuestas:
Javier Cuenca, responsable de Save The Children en Andalucía, pide “un compromiso con la infancia”, “más inversión en políticas sociales” y mejor atención a “los niños que llegan solos a nuestras costas”. También recuerda que “miles de niños y niñas sufren a diario, en silencio, las peores formas de violencia”.
El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, pide a los partidos políticos andaluces “mayor realidad a la hora de afrontar los graves problemas ambientales que tiene Andalucía y que le van a venir en los próximos tiempos”. Así lo explica:
Desde la federación andaluza Enlace, Luisa Márquez solicita instar al Gobierno central a regular de manera integral el cannabis y a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. Pide también que se transfiera la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y que haya un servicio permanente de unidades de desintoxicación hospitalaria en todas las provincias.
La presidenta de la federación Plataforma Orgullo LGTBI de Andalucía, Inma García, demanda “compromiso para impulsar las políticas en defensa de las personas LGTBI y sus familias” ya que “sigue habiendo graves situaciones de acoso, discriminación y maltrato a decenas de miles de personas”. Las organizaciones proponen una Dirección General de Diversidad Sexual como instrumento administrativo para su implementación y seguimiento.
La presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, resume en tres las reivinidcaciones más importantes: que la cirugía de las personas se incluya en el decreto de garantía sanitaria, que se reserve el 1% de puestos de trabajo en la administración andaluza a personas trans y que se incentive a empresas que hagan contrataciones a personas trans.
Desde Openkratio, organización que trabaja “para la implementación del paradigma del Gobierno Abierto”, Juan Romero propone que los partidos se alineen con el principio constitucional de establecer una sociedad democrática avanzada y hagan suya la Declaración de Cádiz.
