Órganos de Transparencia reclaman a los poderes públicos un “compromiso decidido” en su implantación

La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, en la que están representados las autoridades de control estatal, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de Murcia, de Valencia, de Aragón, de Canarias, de Navarra, de Islas Baleares, de Castilla-León y del Área Metropolitana de Barcelona, han firmado una declaración institucional este viernes en Cádiz en la que demandan a los poderes públicos un “apoyo explícito” a su labor desarrollada y un “compromiso decidido” en la implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia.

Esta declaración, rubricada por las autoridades de control en el marco de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber, ha tenido lugar en Cádiz, donde se está celebrando el III Congreso Internacional de Transparencia, foro que ha reunido a más de 300 expertos de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú, Portugal, Italia y Reino Unido.

Este documento reclama una reforma integral que ahonde, profundice y mejore las garantías que el derecho de acceso y la transparencia han supuesto hasta la fecha en España, tanto en el ámbito estatal, autonómico y local. Entre las reformas destacan consagrar el derecho de acceso como un derecho fundamental, la dotación de medios económicos y humanos suficientes, el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora en el procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, la unión de los regímenes de acceso en la medida de lo posible y el desarrollo de una gestión documental y de archivos moderna, entre otras.

Los firmantes consideran necesario un “cambio en los ejes de la acción política” proporcionando mayor implicación a los ciudadanos, puesto que el actual Estado de Derecho reclama “claridad y la certeza de confiar en la gestión de los fondos públicos”, siendo una de las “piezas clave” de este nuevo gobierno los órganos de garantía independientes, a los que avalan más de 7.000 resoluciones dictadas hasta el momento.

Igualmente, la Red ha analizado la situación de estos órganos, que se enfrentan a “importantes obstáculos y retos”, siendo uno de los principales la “falta de recursos económicos, materiales y personales”. Pero también hay que añadir la debilidad de las administraciones y organismos públicos de menor tamaño y reducida estructura, y la persistencia en las estructuras y entidades públicas de algunos sectores, resistentes al cambio y que “lastran el impulso y el cambio de paradigma que supone la instalación de la transparencia en el proceso público”.

Por lo que respecta a la escasez de recursos, la Red pide a las administraciones que reasignen los recursos de los que disponen para asumir con eficacia sus obligaciones en este ámbito. De otro lado, la Red alerta de que tener órganos de control “débiles o infradotados” perjudica la calidad y efectividad de los derechos de la ciudadanía, por lo que es “necesario y urgente” que se garantice la viabilidad y eficacia de estas instituciones.

En este sentido, los firmantes quieren hacer partícipes a organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, los que han sido pioneros en España en trasladar a los poderes públicos las demandas ciudadanas y han mostrado su firme convicción en la relevancia de la transparencia en la actuación pública y en el fortalecimiento de la democracia y la legitimidad de las instituciones.

Finalmente, los órganos han advertido del cambio de paradigma que está teniendo lugar en la gestión pública y en las formas de comprender el servicio público, así como en la relación entre la ciudadanía y las instituciones, un cambio que puede consolidarse y dar como resultado un marco socio-político e institucional basado en la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia, la moralidad y la ética pública.