Indignidad

Seguramente ha leído usted algunos de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos que un periódico de tirada nacional viene publicando en los últimos días. En ellos se recogen comunicaciones privadas sin ninguna relevancia penal o judicial de ninguna clase entre el presidente del Gobierno y uno de sus entonces más estrechos colaboradores, opinando sobre distintas personalidades políticas y diferentes cuestiones de la actualidad de aquellos tiempos.

Es posible que la publicación de esos mensajes por un medio de comunicación no tenga ninguna objeción de tipo penal, a pesar de lo que establece el artículo 18 de nuestra Constitución, de la misma forma que no la tienen los contenidos de los mismos, pero con toda seguridad el mismo derecho que tienen algunos a calificar ética o moralmente a sus protagonistas lo tenemos los demás a opinar sobre la catadura moral de ese medio que entiende el periodismo “de investigación” como la persecución personal de un adversario político hasta desprestigiarle y deshumanizarle con el fin de destruirle.

Porque de eso se trata, de una operación mediática que no busca investigar hechos o conductas reprochables legalmente, sino el puro y duro aniquilamiento de una persona. Lo de menos, si se me permite, es que se trate del presidente del Gobierno, porque a todas esas personas que están abordando este espectáculo con una fruición propia de la venganza habría que hacerles una pregunta: ¿y si se tratara de ti? ¿Y si fueran tus mensajes privados, hablando de amigos, familiares o compañeros de trabajo los que aparecieran en los periódicos? ¿Te gustaría ver tus interioridades personales aparecer en la portada de un medio? Por eso, la primera consideración que se me antoja necesaria es la condena moral de ese tipo de periodismo sensacionalista que solo busca el daño y no la información, la destrucción y no la crítica. A ello contribuyen los otros medios que reproducen y amplifican de forma a mi juicio muy irresponsable lo que El Mundo publica. Es, sencillamente, indigno.

Pienso que en este caso el nivel de indignidad tan elevado, el peligro de que cualquiera pueda verse involucrado en una operación similar, y la naturaleza misma de los hechos, son motivos suficientes para que se produzca una reacción ciudadana que condene y rechace estos comportamientos

Pero hay otra dimensión de estos hechos que me parece merecedora de comentario. Esos mensajes difundidos forman parte de las actuaciones que la policía judicial – en este caso la UCO de la Guardia Civil – ha puesto a disposición de un órgano jurisdiccional, por lo que la conclusión primera es que asistimos a la filtración – revelación - de unas conversaciones privadas entre particulares sin que medie orden judicial que así lo habilite. Aquí, entiendo, la calificación no puede ser tan sólo moral ó ética: estamos ante un caso flagrante de revelación de comunicaciones entre particulares, que está prohibida constitucional y legalmente en nuestro país. Poco me importa a estas alturas saber exactamente de dónde proviene la filtración, si de la unidad de la Guardia Civil o de la oficina judicial en cuestión; en los dos casos estamos ante servidores públicos que tienen el deber de confidencialidad de sus actuaciones. Ese deber sagrado - ¡son servidores públicos! – es el que ha sido violado a conciencia, no sabemos si a cambio de algún beneficio económico o de otra clase. Más indignidad, si cabe.

Es verdad que nuestra vida pública viene arrastrando desde hace años un grado de deterioro creciente, que contribuye de forma palmaria al desprestigio de la acción política y a la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Episodios de actuaciones de lawfare, de filtraciones sin investigar y de campañas de insultos despiadados al adversario político forman parte hoy del paisaje que la derecha ha impuesto a través del complejo mediático y judicial con el que cuenta, contribuyendo así a la pérdida de confianza de amplios sectores de la sociedad en la política. Pero pienso que en este caso el nivel de indignidad tan elevado, el peligro de que cualquiera pueda verse involucrado en una operación similar, y la naturaleza misma de los hechos, son motivos suficientes para que se produzca una reacción ciudadana que condene y rechace estos comportamientos.

Como vivimos en un estado de derecho y he de confiar en sus instituciones, ahora se deberán depurar las responsabilidades de todo tipo por estos hechos tan indignos. Habrá investigación que sirva para aclarar las implicaciones judiciales de esos hechos, habrá una respuesta que delimite de dónde parte la filtración, con independencia de la posible sanción penal que de la revelación de secretos que afectan a la vida privada y al honor de las personas se pueda derivar. Pero lo que sin duda debería producirse es una sanción civil: toda persona sabe a partir de ahora que sus mensajes pueden ser revelados y difundidos con el único fin de destruir su credibilidad y afrentar a su honor, como ocurría con la delación en tiempos del franquismo. Es usted, ciudadano anónimo, o personaje famoso, quien sabe que esto le puede pasar si no se produce una respuesta amplia y contundente de rechazo a estas prácticas mafiosas. El artículo 18 de la Constitución define como uno de los derechos fundamentales el del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y garantiza el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial. Defendamos esos derechos, porque es la reacción ciudadana quien le parará los pies a tanta indignidad.