Denunciado el alcalde de Churriana de la Vega por impedir acceso a las cuentas a la oposición
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, en Granada, han denunciado ante la fiscalía provincial al alcalde, el popular Vicente Valero, y al teniente de alcalde, Antonio Narváez, por un presunto delito contra los derechos cívicos, según lo recoge el artículo 52 del Código Penal.
Les acusan de un “uso abusivo de las facultades de gobierno con la única finalidad de dificultar y obstruir las funciones de control y fiscalización que corresponden a los grupos políticos en la oposición” de manera continuada. Basan su denuncia en cómo el pasado 10 de diciembre, tras convocar una comisión informativa especial sobre las cuentas municipales, para la que no se permitió a los ediles del resto de grupos -PSOE, IU, UPyD y los independientes de Unión Democrática de Churriana (UDCH)- acceso a las Cuentas Generales de 2012, pese a que las pidieron en tiempo y forma.
De hecho, durante dicha comisión, y según relató a los medios en la presentación de la denuncia el portavoz de IU, Álvaro Morales, “el alcalde llegó a decirnos que si no teníamos tiempo para ir al Ayuntamiento a pedir las cuentas, que no fuésemos concejales”, pese a que los grupos argumentan en su escrito que han “agotado todas las vías” antes de recurrir a la judicial.
El artículo 542 del Código Penal establece la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años para “la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes”. En este caso, según entiende los ediles de la oposición en Churriana, por impedir la labor de control y fiscalización.
“Siempre se ha cumplido la legalidad”
El alcalde, por su parte, ha defendido que “siempre se ha cumplido con la legalidad vigente, facilitando la información requerida por los partidos políticos”. Por eso cree que “resulta sorprendente que la oposición de Churriana se entretenga en enredar y ensuciar una gestión ejemplar y transparente, llegando a denunciar a un alcalde por cumplir la ley, el colmo del absurdo”.
No es la primera vez que Valero se enfrenta a acusaciones de este tipo. En 2011 fue denunciado por no facilitar su declaración de bienes patrimoniales durante los dos últimos mandatos municipales. Esta petición se produjo a raíz de que se conociese que en los últimos dos mandatos había adquirido siete casas y que a su nombre constaban, al menos, 22 propiedades, a pesar de cobrar un sueldo inferior a los 3.000 euros.
De Valero, alcalde de Churriana desde 1987, se conocían, a fecha de marzo de 2011, 22 propiedades adquiridas casi en su totalidad entre los años 1997 y 2010: seis áticos, tres pisos, un apartamento, cinco plazas de garaje, cuatro cocheras, dos trasteros y un local, un patrimonio que contrasta con su sueldo de unos 2.700 euros al mes.
Ocho de esos bienes, los obtuvo por procedimientos de compraventa, pero algunos otros también por permuta y en menor medida por herencia. En una declaración de bienes que Valero hizo cuando era diputado provincial en 2003, reconocía como heredados sólo tres inmuebles. Durante la campaña electoral de 2011, el PSOE ya repartió panfletos por el municipio señalando estos datos, aunque de poco le sirvieron, ya que Valero reeditó su mayoría absoluta.
Sobre la denuncia actual, el portavoz socialista, Francisco Ruiz, ha incidido en el “oscurantismo y la falta de transparencia” que practica el alcalde, la cual a su juicio “atenta contra principios básicos que sustentan todo sistema democrático, como es el legítimo y libre ejercicio de fiscalización y control del gobierno”. Una función, según ha dicho, “continuamente torpedeada por el alcalde de Churriana, cuya opacidad evidencia su actitud antidemocrática”.
Por su parte, el concejal de IU, Álvaro Morales, miembro de la corporación municipal desde septiembre, ha explicado el “desagradable impacto que me causó que en el transcurso de tres meses no se me pusiera a disposición el expediente de unas facturas solicitadas. Después comprendí, tras conversaciones con otros miembros de oposición, que demorar el tiempo de entrega de documentos era práctica habitual del equipo de gobierno”.
